Once ciudadanos venezolanos, una colombiana y un argentino detenidos hace cuatro meses en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Corrientes por sus presunto vínculos con el Tren de Aragua, fueron procesados con prisión preventiva como miembros de esa organización criminal trasnacional y por los delitos de financiamiento de actividades terroristas y lavado de activos, en el marco de una investigación llevada adelante desde 2023 por los titulares de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, Flavio Adrián Ferrini; de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich; y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco.
Los procesamientos fueron dictados ayer por el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, subrogado por el juez federal Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda, en una resolución en la que también dispuso el embargo de cada uno de los acusados por un millón de pesos.
De los 13 imputados/as, ocho son hombres y cinco, mujeres. En relación a sus nacionalidades, hay once venezolanos/as, una colombiana y un argentino, aunque varios de los extranjeros también se nacionalizaron argentinos.
En el caso, el juez aplicó la figura de la asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal” contemplada en los términos del artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley 27.786 -promulgada en marzo pasado-, y que prevé una pena de 8 a 20 años de prisión.
El principal acusado es el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, líder de la denominada “Banda del Yiyi” -vinculada al Tren de Aragua-, quien tenía pedido de captura internacional y fue detenido el 2 de octubre de 2023 por el Departamento Interpol de la Policía Federal (PFA) en la ruta N°43 de la provincia de Corrientes. Actualmente, está detenido bajo el régimen de presos de “alto riesgo” en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.
El venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, al ser allanada su celda del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Foto: Policía Federal
Boscán Bracho fue procesado con prisión preventiva por tres delitos: miembro de la organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lo mismo resolvió el juez con otros cinco acusados identificados por sus iniciales como E.D.U.B., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S. y J.A.L.G.
Por los mismos tres delitos, pero manteniendo la prisión domiciliaria que se dispuso sobre ellas, se procesó a tres mujeres: M.A.B.C., A.M.D.C. y M.C.D.C.
Por solo dos de los delitos -organización criminal y lavado de activos-, quedaron procesadas/os dos mujeres identificadas como M.D.V.C. y M.T.D.C. y dos hombres, F.J.D.C. y D.E.A.
El presunto líder de la organización ya estaba detenido en el penal de Ezeiza, pero los otros 12 acusados fueron apresados en una serie de allanamientos realizados, a pedido del MPF, el 28 de mayo pasado en domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los partidos bonaerenses de Ezeiza y La Plata y en la capital de Corrientes.
Esos acusados conforman el entorno familiar de “Yiyi” Boscán Bracho, quien había ingresado al país procedente de Colombia el 22 de junio de 2019 con una identidad falsa y al momento de su detención vivía en un country de la ciudad de Corrientes.
El venezolano tiene un pedido de extradición de la justicia de su país por los delitos de “extorsión y asociación para delinquir, homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, terrorismo, tráfico de armas y municiones y obstrucción de la libertad de comercios”.
En su resolución, el juez Fresnada sostuvo que “en el caso concreto, se observa que las personas investigadas pertenecen a una organización criminal transnacional estructurada, con una clara división de roles, capacidad operativa sostenida y un sistema económico subrepticio de disimulación y circulación de fondos, que funciona de forma estable en territorio argentino, liderada por el imputado Boscán Bracho”.
Aseguró que “en ese marco, se acreditó que la organización exhibe un alto grado de planificación y logística, lo que permitió a sus integrantes establecerse en el país en un lapso relativamente breve. Asimismo, se constató que sus miembros disponen de una notable capacidad económica, evidenciada en la adquisición, en pocos años de residencia, de diversos bienes muebles e inmuebles, algunos de ellos de significativo valor patrimonial”.
El juez también recordó que la organización Tren de Aragua fue incluida en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET) a través de la Resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional, luego de que el 20 de febrero pasado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la designara como “Organización Terrorista Extranjera”.
La investigación del MPF
A partir de su detención, la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, la UFECO y la PROCELAC iniciaron en octubre de 2023 una investigación preliminar para determinar si Boscán Bracho había replicado en el territorio nacional alguno de los delitos por los que lo buscaban y/o si cometió nuevos, como el lavado de dinero.
Tras la realización de diversas medidas de investigación, tales como la intervención de líneas telefónicas y el levantamiento del secreto bancario, sumada a la labor investigativa del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA, los fiscales identificaron a las otras 12 personas procesadas y les atribuyeron maniobras vinculadas a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Las conductas delictivas imputadas
La investigación reveló que la organización, vinculada al Tren de Aragua, operaba en Argentina desde la llegada de “Yiyi” en 2019, utilizando identidades falsas, sistemas informales de transferencia de dinero y estructuras familiares para ocultar fondos ilícitos.
Según consignó la Procuración de la Nación, los fiscales identificaron dos células principales, una liderada por un primo y la otra por la pareja de Boscán Bracho, quienes mantenían contacto directo con “Yiyi”, incluso tras su detención.
La pesquisa descubrió que el grupo adquirió campos, varias propiedades -algunas de ellas en countries-, y hasta locales comerciales como un centro de estética de uñas en la ciudad de La Plata.
También detectaron un patrón consistente en el envío sistemático de transferencias entre miembros del grupo familiar, sin justificación económica lícita. Uno de los puntos allanados en Capital Federal fue un local de “Western Union” ubicado en el barrio porteño de Colegiales, donde se identificó un circuito paralelo de transferencias operado bajo el nombre comercial “Giro Activo” que empleaban miembros de la organización para enviar y recibir fondos desde Venezuela hacia Argentina y viceversa.
Los fiscales indicaron que, de acuerdo con el análisis patrimonial y financiero realizado en torno a estas transferencias, se pudo identificar un conjunto de operaciones bancarias, virtuales y en efectivo que permiten estimar un total operado no inferior a 120 millones de pesos.
Ferrini, Marquevich y Velasco también acusaron a los imputados de financiar desde Argentina actividades de la agrupación terrorista Tren de Aragua.
En ese sentido, tal como lo habían sostenido los fiscales en uno de sus dictámenes, el juez señaló en su resolución que “la plataforma de lavado de activos descripta concurre realmente con un esquema organizado para la recolección y provisión de fondos destinados al financiamiento de una organización criminal transnacional, cuyo objetivo fundamental consiste en ejecutar actos destinados a atemorizar y extorsionar a la población civil, generando condiciones de control territorial violento”.
