La ex ministra de Salud Sonia Velázquez confirmó que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en busca de “un juicio justo” respecto de su denuncia de 2018 por amenazas en contexto de violencia de género por parte del secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación y ex presidente de la Cámara de Diputados, José Allende. Lo hizo luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos que declaró la prescripción de la causa.
En un texto que publicó en sus redes sociales, Velázquez consideró que “persiste una deuda entre quienes tienen la responsabilidad moral política e institucional de resguardar y promover derechos y quienes han sido afectados en el ejercicio y desarrollo de sus funciones”.
Este miércoles se conoció el fallo de la Sala Penal del STJ que resolvió la prescripción de la acción penal en el legajo iniciado en 2018 tras la denuncia de la entonces titular de la cartera sanitaria.
“Lamento el fallo del STJ”, introdujo Velázquez en su publicación. “Han transcurrido siete años desde aquel día en que tomé la decisión de poner fin a distintas coacciones y amenazas que sucedieron de forma sistemática y que se reiteraron durante un año y medio consecutivo, comenzando al poco tiempo del ejercicio de mi función como ministra de Salud de la provincia de Entre Ríos”, reseñó.
“Dichas conductas fueron probadas por testigos presenciales en distintos lugares públicos. Ocurriendo también, llamadas telefónicas, audios, declaraciones realizadas por el señor Allende (que en aquel momento se encontraba con fueros legislativos) frente a Casa de Gobierno y conductas presenciales en el despacho oficial donde ejercía mis funciones. Las mismas, obran en el expediente como pruebas colectadas por la fiscalía”, acotó.
Más adelante, la ex funcionaria indicó: “No fue una amenaza solamente, fue un modus operandi sistemático que tuvo la intención de amedrentar, aleccionar y socavar la conducta de gestión y gobernanza de quien conducía los destinos de la salud de la provincia para todos los entrerrianos/as, quien se encontraba intentando, en primera instancia, junto a un equipo de profesionales, devolviéndole al Estado su capacidad de rectoría, de ética normativa y de transparencia a las instituciones públicas, hospitales y centros de salud sin intromisiones de índole de política partidaria u arbitrariedad sectorial, que nada tenían que ver las mismas, con la garantía de derechos a la salud para la ciudadanía o para los trabajadores del sector”.
“Nos encontrábamos, además, propendiendo a la reconstrucción de un Estado virtuoso cuyo marco jurídico e institucional tendía a reconocer la capacidad ética y profesional de los equipos de salud y procurando que las instituciones públicas estuviesen al servicio de la planificación y ejecución de políticas públicas”, añadió.
Velázquez recordó que al formular la denuncia lo hizo “convencida en el ejercicio de un derecho como ciudadana, teniendo en cuenta la Ley 24.632 que suscribe la convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia como Mujer que expresamente obliga a todos los Estados parte a condenar todas las formas de violencia contra la mujer y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia”.
“Estos argumentos y otros de significativa importancia son citados y planteados como argumentos sustanciales por la vocal que vota en disidencia de este fallo, atendiendo expresamente la interpretación y aplicación de los derechos humanos en la protección de mujeres”, marcó luego, en relación al voto de la vocal Claudia Mizawak, que se expresó en disidencia con sus pares Daniel Carubia y Miguel Giorgio.
“Al parecer, sin ser jurista, todo esto se diluyó en interpretaciones legalistas que dejaron por fuera el origen de la causa, la existencia de los hechos, la modalidad y el contexto en el que se desarrollan los mismos, subsumiendo la cuestión argumentativa a una prescripción”, continuó Velázquez.
Finalmente, informó: “No obstante esta sentencia, recurriremos a la Corte Suprema de Justicia para la revisión de la misma, con el objetivo de que se me otorgue el derecho de ir a un juicio justo”.
