La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo judicial luego de que organizaciones ambientalistas presentaran un amparo colectivo para frenar las restricciones impuestas a la participación ciudadana en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados.
El reclamo apunta a garantizar “condiciones reales de intervención” en un proceso que ya reúne a más de 85.000 inscriptos y que, según denunciaron, podría alcanzar muchos más, marcando un récord histórico de convocatoria.
La acción, que se encuentra en manos del juez Enrique Lavie Pico, fue impulsada por un conjunto de entidades, entre ellas la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Red Universitaria de Ambiente y Salud, Greenpeace Argentina y el Círculo de Políticas Ambientales, junto a otros espacios como el Observatorio del Derecho a la Ciudad. En la presentación judicial, las organizaciones solicitaron una medida cautelar para suspender el formato actual de la audiencia y obligar al Congreso a readecuar el cronograma y garantizar la participación ciudadana.
El eje del planteo radica en la limitación dispuesta por el oficialismo, mediante el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que prevé solo dos jornadas de debate para el 25 de marzo de manera presencial y el 26 de forma virtual, con exposiciones orales restringidas a solo 200 personas. Esto representa menos del 0,3% del total de inscriptos, mientras que el resto solo podrá enviar intervenciones por escrito o mediante videos para su publicación en el canal institucional de Diputados.
Nicolás Mayoraz, este jueves, decidió que el próximo miércoles 25 de marzo solamente ingresen los diputados integrantes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y dos asesores por Bloque. “Será una audiencia pública hermética”, dijo a elDiarioAR una fuente parlamentaria.
Desde las organizaciones calificaron el esquema de “censurador y excluyente” y advirtieron que vulnera el derecho a la participación en temas de interés público, especialmente en una discusión vinculada a recursos estratégicos como el agua. En ese sentido, reclamaron garantizar la exposición oral de todos los inscriptos, ampliar la cantidad de jornadas de audiencia y evitar mecanismos que restrinjan el acceso a la palabra.
“El Estado debe ampliar su capacidad receptiva, no reducirla”, señalaron en el comunicado, donde además sostienen que la masiva convocatoria no constituye un problema organizativo sino una muestra de “una democracia deliberativa vibrante”.
También alertaron que avanzar con el tratamiento legislativo sin garantizar estas condiciones podría afectar la validez del proceso y violar derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental de América Latina y el Caribe, vigente desde 2021, que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
El oficialismo, por su parte, argumenta que la magnitud de la convocatoria hace “materialmente imposible” asegurar la participación de todos los interesados en un plazo razonable sin afectar el funcionamiento del Congreso. Sin embargo, para los sectores críticos, esa justificación encubre una intención de acelerar el tratamiento del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, cuando fue aprobado por 40 votos a favor y 31 en contra.
La iniciativa propone modificar la Ley 26.639, vigente desde 2010, que establece la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos en esas zonas. El nuevo texto busca limitar esa protección a los glaciares considerados “hídricamente relevantes” y habilitar el desarrollo de actividades productivas en otras áreas, lo que podría impactar especialmente en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta.
