“Hay un error importante en la noticia periodística”, aseguró Romero, en diálogo con APF. Se refiere a la información publicada por El Diario que indica que la denuncia iniciada contra Julio Solanas por malversación de fondos y abuso de autoridad se cerró por falta de pruebas.

Concretamente, “el juzgado dijo que hubo malversación de fondos por parte de la administración anterior pero estaba prescripta, en función de eso se archivó, no por falta de pruebas”, aclaró.

Y añadió que “el tipo doloso de abuso de autoridad y de malversación estaba configurado pero había transcurrido el termino legal de prescripción”.

El texto legal dice: “Determinada así prima facie la subsunción jurídica al presente caso al orden a la penalidad prevista para dichas infracciones jurídico penales (malversación y abuso de autoridad) cabe concluir que el exiguo plazo establecido para efectuar esta compleja investigación” ha determinado que de conformidad a lo establecido por los artículos 59, 62 y 63 del Código Penal “la acción penal se encuentre prescripta”.

Sin embargo, la funcionaria contó que el fiscal de la causa, José Eduardo Ruhl “en ese mismo proceso, en esa misma denuncia, la atribuye a Sebastián Miguel Faure el delito de fraude en perjuicio de la administración pública”.

“Faure fue una de las personas que intervino en la operación con Nación fideicomiso SA”, es decir, “es la persona a la cual la municipalidad le pagó en ese momento, asumiendo la función de gerente del proyecto, una suma (de dinero)”, agregó.

La resolución judicial expresa que Faure fue quien “en representación del fideicomiso Banco Nación”, asumió la función de gerente “del proyecto en el marco del contrato de fideicomiso financiero y de administración municipal de Paraná por 16 millones de pesos suscripto a los fines de financiar un plan de obras de pavimentación, alumbrado público, extensión, etc.”.

“La municipalidad desembolsó honorarios para esta persona sin que se encuentre justificada la inversión en las obras. Se le pagó una suma importante de dinero y no desarrolló trabajo alguno porque las obras no se hicieron y los dineros fueron para pagar haberes”, relató la Secretaria.

En la causa no consta el destino del dinero. “Los fondos no fueron para la obra sino para otros usos de la administración. Nosotros sostuvimos que era para pagar haberes y nadie dijo lo contrario”, expresó.

Por todo esto, determina el fiscal que “sin perjuicio de lo consignado supra distinta es la conclusión a la que arribo en relación a la particular conducta asumida por quien se desempeña como gerente de proyecto en el marco del contrato de fideicomiso en cuestión” dado que surge de la constancia agregada “la posible comisión de un hecho delictivo por lo que de conformidad con lo establecido por los artículos 184 y 195 del Código Procesal Penal se pide requerimiento de instrucción formal contra Sebastián Miguel Faure por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública municipal”, reza el escrito.

Por último, la titular de Planeamiento explicó: “Contra Solanas no sigue por el transcurso del tiempo. En el fraude a la administración es mas largo el tiempo de prescripción en cambio para el abuso de autoridad y para la malversación el plazo es muy exiguo”.