Colectivo de Trabajadores por la Ventana
El ajuste salvaje perpetrado por Milei y ejecutado en Entre Ríos por Frigerio está provocando un daño irreversible sobre la población trabajadora y sectores populares. El gobierno nacional en estos dos últimos años se “ahorró” 83.000 millones de dólares en transferencias a las provincias, con la complicidad de la gran mayoría de los gobernadores y sus legisladores. Recortó brutalmente jubilaciones, salarios, obra pública, planes sociales, Fonid, fondo compensador, discapacidad, presupuesto universitario, ciencia y tecnología, entre otros. Ante la gravedad de la situación en varias provincias las movilizaciones populares se acrecientan arrinconando a las administraciones provinciales, tal es el caso de Jujuy, Catamarca, San Juan, Santa Cruz, Chubut, Misiones, Santa Fe, Corrientes…
En Entre Ríos la motosierra de Frigerio viene a degradar, aún más, las condiciones de vida con una pretendida reforma jubilatoria. Tal proyecto es “echarle nafta al fuego”, porque agravaría la situación, a la ya angustiante crisis que sufrimos producto de estas políticas reaccionarias, léase salarios y jubilaciones precarizados e insuficientes, impuestos y servicios distorsivos y regresivos que depredan el bolsillo, el aumento de la carestía de la vida, tarjetas de crédito explotadas, caída del consumo, funcionarios de gobierno cobrando 12.000 dólares mientras una enfermera o maestra cobra alrededor de 450 dólares, cierre de fábricas y negocios con despidos, crecimiento en un 72% del endeudamiento provincial.
Para los seguidores de las políticas económicas iniciadas por José A. Martínez de Hoz, lo que les importa es lo financiero/déficits cero, es decir que el Estado se corra de sus obligaciones intransferibles como jubilaciones, educación, salud, seguridad, justicia para que sea la “mano invisible” del mercado el que les resuelva la contabilidad en un Excel.
Al tener prácticamente el monopolio de la información en los medios de comunicación van instalando en el colectivo imaginario de que todo lo que proviene del Estado es malo, estigmatizando a sus trabajadores que son los que atienden la salud, la seguridad y la educación de todos los entrerrianos. Entonces, ¿las responsabilidades del gobierno son ineludibles o acaso dejará sin derechos a los entrerrianos?.
Lo que queremos resaltar es que las jubilaciones son responsabilidad de la colectividad. No aceptamos la reforma jubilatoria porque es una estafa social, no es una empresa, sino la garantía de los adultos mayores a tener una recompensa, paz y dignidad por lo brindado en su etapa laboral. ¿Qué es la previsión jubilatoria? Prever es anticipar para atender contingencias o necesidades previsibles.
Antecedentes
En los 90 con el menemismo aparecen las AFJP, con sus antecedentes lejanos en Inglaterra, de capitación individual (modelo impulsado hoy día por la UOCRA y Petroleros). Por estos días se rumorea que el gobierno nacional volvería a ese sistema regresivo. Cavallo en 1995 hizo aprobar la “Ley de Solidaridad Social” a solicitud del FMI privatizando el sistema, bajando los aportes patronales, eliminando la movilidad y los tributos provenientes de la renta financiera. Para sostener a los que quedaron en el sistema de reparto quitó a las provincias el 15% de la coparticipación federal de impuestos. En esos momentos 10 provincias transfirieron sus Cajas a la Nación perdiendo derechos mientras que 13 restantes se mantuvieron en las provincias con grandes sacrificios.
El sistema previsional argentino se sostiene sólo en parte con recursos contributivos. Las asignaciones específicas de impuestos, una porción del IVA, ganancias, cigarrillos, combustibles y aportes del Tesoro van a dar lugar en el año 2007 al fondo de sustentabilidad y garantías del ANSES que los gobiernos quieren manotear esos millonarios recursos. Pues bien, en Entre Ríos es necesario de otros ingresos para sostener el sistema previsional.
Entre Ríos recientemente demandó a la ANSES por 154.000 millones de pesos (115 millones de dólares aprox.) por las no transferencias entre 2019 y 2023. Por ley, desde 1999, el Estado nacional está obligado a cubrir el déficits de las 13 cajas provinciales no transferidas en los años 90 durante el menemismo. El gobierno de Javier Milei suspendió esos giros en 2024 (decreto 280) afectando gravemente el sistema entrerriano. Entre Ríos inició un juicio que luego suspendió por un acuerdo-anticipo muy desventajoso para la provincia, a fines de 2025, el envío en 8 cuotas de $ 6000 millones que sumadas son $ 48.000 millones (35 millones de dólares aprox.). Es decir, la provincia aceptó cobrar sólo un tercio de lo reclamado, resignando el futuro de los jubilados por un alivio financiero inmediato y escaso.
El gobierno de Entre Ríos no puede eludir:
- La Constitución Entre Ríos /2008. Artículo 175. Son atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo: Inc -23º. Conceder jubilaciones y pensiones conforme a la ley de la materia. Esta función es irrenunciable y deberá ejercerse por la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que es el ente autárquico provincial encargado de atender el sistema previsional, a efectos de emitir el acto administrativo.
Art 82 inc d- Los aumentos salariales tienen que ser con aportes y contribuciones. Pagar sumas fijas es anticonstitucional e inmoral.
- La Ley 8732/93 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Artículo 2 - La Caja funcionará como entidad autárquica institucional con personalidad jurídica e individualidad financiera a los fines de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta Ley.
En toda la verborragia discursiva oficial nos quiere endilgar como responsables a los trabajadores aportantes. No se están haciendo cargo, los partidos políticos del sistema, de sus políticas demagógicas y de las denuncias de corrupción. La autarquía no ha sido ejercida ni tampoco la Caja funciona como cuerpo colegiado para dar más transparencia. No conocemos los ingresos detallados sector por sector.
- Artículo 12 - Los recursos de la Caja se constituirán: Con el aporte del dieciséis por ciento (16%) sobre las remuneraciones que perciban los afiliados activos (el régimen docente aporta un 3% extra hasta la jubilación ordinaria, tenemos entendido que el régimen policial no estaría afectado). Las tasas de aportes personales y patronales fijados podrán ser modificados por el Poder Ejecutivo cuando las necesidades económicas financieras del sistema lo requieran y/o lo permitan (en la actualidad la tasa es del 19%).
Con este artículo quedamos rehenes a la arbitrariedad del Poder Ejecutivo. Ya hemos pasado por varias emergencias en la provincia y el ajuste siempre recae sobre los trabajadores.
- Artículo 14 - La Ley anual de presupuesto de la Provincia deberá contener en sus disposiciones los valores asignados como fondos disponibles para cubrir el déficit que pudiera generar la Caja de Jubilaciones y Pensiones Provincial.
El incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos tiene tipificación legal.
Basta de hipocresía: Cambiemos la frase de la reacción que repite todos los días: “Hay demasiados impuestos” por otra que expresa mejor el problema real: “¿Quién paga los impuestos?”.
¿Cómo se financian los Estados y quien paga realmente los impuestos?
En todos los países del mundo los Estados financian sus gastos públicos a través de impuestos. Y esos impuestos, en realidad, siempre recaen sobre tres grandes hechos económicos. No existen otros.
Los sistemas tributarios del mundo gravan: 1.- Los ingresos: Es decir, lo que las personas o las empresas ganan. Ejemplo: Impuesto a las ganancias. 2.- El consumo: Es lo que pagamos cada vez que compramos un bien o un servicio. Ejemplo: el IVA, ingresos brutos. 3.- El patrimonio: Son los bienes acumulados por las personas: tierras, propiedades, grandes fortunas o herencia.
Además, los impuestos suelen clasificarse en impuestos directos e indirectos, una distinción que también reconoce nuestra Constitución Provincial en el art 79.
Los impuestos directos son aquellos que gravan directamente la capacidad económica de las personas, es decir, sus ingresos o su patrimonio.
Los impuestos indirectos, en cambio, se pagan cuando se consumen bienes o servicios, como ocurre con el IVA. Esta diferencia es muy importante porque permite entender quién termina pagando realmente los impuestos.
En los países con sistemas tributarios más justos, una parte importante de la recaudación proviene de gravar los ingresos altos y los grandes patrimonios, es decir, a quienes tienen mayor capacidad económica. En cambio, en Entre Ríos ocurre lo contrario. Una gran parte de la recaudación proviene de impuestos al consumo como el IVA e Ingresos Brutos. Estos impuestos se pagan cada vez que una persona compra alimentos, medicamentos o cualquier producto.
Esto significa que terminan pagando proporcionalmente más quienes menos tienen, porque destinan casi todo su ingreso al consumo. Mientras tanto, existen grandes patrimonios que están poco gravados o directamente no pagan impuestos significativos. Grandes extensiones de tierra, el juego, múltiples propiedades o transferencias millonarias de riqueza -como las herencias- muchas veces tributan muy poco o no tributan. Por eso el problema central no es que falten recursos.
Entre Ríos no tiene un problema por falta de dinero público. Tiene un problema de cómo se distribuye la carga tributaria.
La jubilación no es un gasto, es un derecho humano constitucional e irrenunciable. El déficit es político.
El gobierno nacional no envía los fondos y el provincial acepta migajas.
¡La reforma jubilatoria es una estafa!
Como advertía Hannah Arendt: “Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada”.
(*) Colectivo de docentes independientes
