La dirigente recordó que en Paraná se sancionó la ordenanza 8955 y en la provincia la ley 10032, dos instrumentos legales para prevenir la trata de personas en Entre Ríos, pero advirtió que “hasta ahora no se ha convocado a las organizaciones sociales para conformar las comisiones respectivas que deben controlar la implementación y cumplimiento de las mismas”.

Montaño señaló que “la demora en poner en marcha el mecanismo legal para luchar entre todos contra las redes mafiosas de explotación sexual y laboral, tiene graves consecuencias, ya que en materia de prevención desde los Estados provincial y municipal no se realizan campañas y acciones efectivas. En lo que hace al momento del rescate de víctimas, no se resguarda la integridad física y psíquica de las personas afectadas”.

Las razones de la preocupación

Montaño afirmó que “las razones de nuestra preocupación están basadas en que tampoco se han concretado otros espacios de participación”.

Así recordó que el vicegobernador Eduardo Laurito “no ha contestado el pedido de audiencia de las entidades civiles efectuado en el mes de marzo de este año, para discutir sobre un proyecto de ley de adhesión a la norma nacional 26.485 de violencia de género, dado que es necesario adaptar los códigos de procedimiento de la provincia”.

La dirigente también llamó la atención sobre la inoperancia de la Mesa de Fortalecimiento Familiar. “Hace un año que no avanza en el protocolo de atención de la violencia familiar, ya que han dejado de concurrir ministros y funcionarios que tienen poder de decisión para mejorar la atención a las víctimas de este flagelo”, dijo.

También destacó que sólo se convocó a las organizaciones “para la constitución del Protocolo de Abuso Sexual Infantil, pero no para coordinar la implementación e intervención en casos puntuales”.

La acción, a medias

La presidenta de Red de Alerta alertó que en los últimos allanamientos realizados en prostíbulos que ordenó la justicia, efectuados por las fuerzas de seguridad, “no interviene inmediatamente la Oficina de Rescate de Nación y pasan horas hasta que toman contacto con las víctimas, que son sometidas a varias instancias de traslados, sin tener la correspondiente atención en higiene, alimentación, vestimenta y salud. Como si esto fuera poco, no funciona ningún protocolo de coordinación entre nación y provincia que las proteja, con la intención de que den testimonio para establecer el procedimiento judicial, cuando sabemos que las causas no se sustentan en la declaración de las víctimas y solamente las realizan si quieren y están en las condiciones adecuadas para hacerlo”.

Pedido a los funcionarios

La titular de Red de Alerta instó al gobernador, Sergio Urribarri, y al intendente de Paraná, José Carlos Halle, a convocar de manera “urgente, en sus respectivos ámbitos de gobierno, a las comisiones que ordenan la legislación vigente. Es urgente que destinen presupuesto para que las áreas de gobierno involucradas se pongan a trabajar en prevención y asistencia”.

Más adelante, Montaño aseveró a AIM que “las redes mafiosas de trata de personas, los proxenetas, los dueños de prostíbulos, están actuando. Todos los días detectan, engañan, esclavizan, ‘ablandan’ y ‘esclavizan’ a niñas, adolescentes y mujeres en la prostitución y cadenas de producción, en un negocio Ilegal que les da enorme ganancias. ¿Qué esperan para ‘actuar’ ustedes. Las leyes están y hay que cumplirlas”, cuestionó.