Por Enrique Ríos*

¿Qué sucede con el contrato de concesión firmado entre la ‘Asociación Empresaria Buses Paraná’ y la Municipalidad a partir del pedido de un ‘Procedimiento Preventivo de Crisis’ por parte de las empresas? ¿Qué rol debería tener el Concejo Deliberante? ¿Quién y cómo debe defender los derechos de los usuarios en este conflicto?

Atento a que la Asociación Empresaria Buses Paraná solicitó ante la Secretaria de Trabajo dar curso al trámite denominado Procedimiento Preventivo de Crisis, es importante tener en cuenta que esta instancia administrativa prevista en los artículos 98 y subsiguientes de la ley Nº 24013, fue establecida en la década de los años 90, con la intención de que hubiera un ámbito distinto al Concurso Preventivo o Quiebra donde se pudiera dialogar entre las partes en pos de encontrar alguna forma de proceder sin la necesidad de recurrir a despidos masivos y cierres de establecimientos.

En el caso paranaense y fundamentalmente por tratarse el transporte de pasajeros de un servicio público concedido, el mismo debe garantizarse en primer lugar a través del estricto cumplimiento del contrato de concesión que fue otorgado y regulado por ordenanzas municipales conforme a las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico vigente.

Otro elemento a tener en cuenta es quién tutela, defiende y protege los derechos de los usuarios en este conflicto entre la patronal y los trabajadores, ya que son los pobladores de la ciudad los más perjudicados, quienes ya sufren las consecuencias de un servicio ineficaz e ineficiente y padecen el incumplimiento unilateral por parte de la prestataria del contrato de concesión.

Toda modificación que signifique una disminución en los kilómetros recorridos, en las frecuencias y en la cantidad de coches afectados al sistema, incide directamente en la prestación del servicio en detrimento de los usuarios y por eso - acentuó - si se sugirieran modificaciones en la prestación del servicio, eso cambios deberían ser ratificados necesariamente por ordenanza.

Esto demostraría que una vez más son los trabajadores la variable de ajuste del modelo impulsado por el gobierno nacional de Mauricio Macri, régimen caracterizado además por la falta de sustentabilidad e inversión de riesgo del sector empresarial argentino.

La Secretaria de Trabajo, organismo con competencia en este conflicto, deberá trabajar en la búsqueda de soluciones consensuadas que no resientan más aun la prestación del servicio y que priorice el cumplimiento efectivo del contrato de concesión en defensa de todos los paranaenses usuarios del sistema.

*Concejal de Frente para la Victoria, Paraná. Integrante del SITU