Por Darío Dayub (*)

En nuestra sociedad para que, en su nombre, una persona pueda impartir justicia es necesario de un largo y sacrificado peregrinar por parte de la misma que, en promedio, puede llevarle al menos la mitad de su vida.

Comienza por estudiar “Full Time”, durante 6 años aproximadamente, la ciencia jurídica; cargando su angustia pone a prueba cada saber que va incorporando, frente a un tribunal especializado en el mismo. Con conocimiento abstracto y relativamente remoto sobre la materia, termina esa primera etapa con su título de abogado/a y empieza otras dos en forma concomitantes: la práctica y la especialización en un área determinada del derecho, lo que suele llevarle el mismo tiempo de aquella primera etapa; en medio de todo eso también debe procurarse una permanente actualización y capacitación general.

Cuando cree que ya es su momento, todavía debe esperar el llamado a concurso para ocupar un cargo de juez que esté vacante y en el área del derecho para el cual se ha formado. Localizado el mismo, se prepara nuevamente y rinde un duro examen de oposición junto a decenas de colegas; de lograr el puntaje mínimo requerido, pasa por el Consejo de la Magistratura (integrado por la sociedad civil, empleados judiciales, Asociación de Magistrados, su Colegio de Abogados y las Universidades) para una entrevista de antecedentes personales y profesionales. Si integra la terna que de allí surge, ésta aún debe ser enviada al gobernador para que, de ella, le proponga un nombre al senado, quien lo examinará y, en su caso, aprobará a la persona que finalmente será juez/a.

Ya en el cargo debe ajustarse a lo que se denomina “El Debido Proceso” donde se salvaguardan las garantías ciudadanas más elementales de raigambre constitucional. El proceso a aplicarse ya está preestablecido, con sus plazos y etapas a respetar. Durante el mismo, como todo/a juez/a, cuenta con los diversos recursos que una tarea tan compleja impone: materiales, auxiliares de la justicia, peritos, técnicos de toda área, equipo interdisciplinario, notificadores, empleados en su despacho, una secretaría que encabeza otra/o profesional del derecho; etc.

Finalmente, para poder justipreciar, el/la juez /a aplica la hermenéutica intentando abarcar todo el derecho aplicable al caso y con ella debe fundar, para su validez, lo que resuelva en su sentencia.-

Sin embargo, todo lo que resuelva puede ser revisado por otros/as jueces/as. Asimismo, y aun llegando a la última instancia revisora, todavía habrá quien considere que se ha dictado una sentencia injusta.

Ahora bien, en el contexto de esta pandemia y su consecuente cuarentena, parece ser que todo este periplo lo han sintetizado en una persona, que es policía. Así es como un/a policía, capacitado/a para otras tareas como auxiliar a la justicia, preservar el orden, etc., es puesto/a de prepo y sin calificación laboral para ello, a cumplir la tarea de un juez; munida/o de un simple decreto, que es apenas un granito de arena en el desierto del derecho, la/o arrojan a suplir la tarea de todo un poder del estado, el judicial.

De este modo en cualquier esquina, institución, en medio de la calle o vereda, u otro lugar de acceso público él o la policía está habilitado/a, entre otras cosas, para que, siendo juez y parte, improvise un proceso hípersumarísimo, lo instruya, recolecte la “prueba” que crea necesitar, se vuelva perito o lo que se requiera ser, resuelva, ejecute la resolución y, si así lo considera, también ejerza el poder coercitivo del estado; todo lo cual sin derecho de defensa ni posibilidad de apelación alguna por parte del/a ciudadano/a. Entonces si decide que te retires, dejes el auto, vuelvas a tu casa, salgas o no salgas, cambies de lugar, te muevas, o lo que fuera que resuelva, no habrá modo de evitar que inapelablemente cumplas con ello.

¿Es la “Maldita Policía”?... creo que no! Creo que es más bien, una casta privilegiada de personas que en la cúspide de un sistema, que le es ajeno pero que manejan, tratan de preservarlo a cualquier precio para preservarse de ese modo a sí mismas. Lanzando a policías con la misma pavura y necesidad que la ciudadanía a enfrentarla, con directivas que a quienes las dictan no les aplican, para no asumir el riesgo que importa el afrontar con seriedad la dura tarea de preservar en este momento de extrema emergencia las instituciones, la república y las garantías ciudadanas.

(*) Especial para ANALISIS.