Por Hugo Alconada Mon (*)

Los proyectos para reducir la cantidad de votos que se necesitan en el Senado para elegir o destituir al Procurador General de la Nación son como el huevo de la serpiente. Parecen inocuos; no lo son. Y en esa senda, el Senado ya dio media sanción a una reforma que ahora deberá convalidar o retorcar la Cámara de Diputados, con múltiples opciones complicadas.

Primero, si Diputados reafirma la decisión del Senado de bajar el umbral de los dos tercios -48 de los 72 senadores- a la mayoría absoluta -37 votos-, la reforma finiquita una de las premisas inherentes a esa mayoría especial: la necesidad de consensuar entre quienes piensan distinto -y dado que el Senado representa a las provincias, que ese acuerdo sea federal-, lo cual sólo es posible cuando el candidato propuesto es probo. Esa mayoría especial permite, en los hechos, “que el Procurador apoye la espalda en un consenso importante de la dirigencia política”, al decir del presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Alberto Binder. Por ejemplo, planteó ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, para enfrentar a las mafias y a los múltiples intereses fácticos.

El catedrático Néstor Sagüés ahondó en esa senda. “Una ley que dejase la elección del Procurador General en manos del Poder Ejecutivo, con la aprobación de la mayoría de la mitad más uno de los miembros del Senado, incluye el serio riesgo de hacerlo orbitar en función de una sola fuerza política prevaleciente en ambos organismos”, planteó hace unos días en una columna publicada en La Nación. “Eso no empalma con el mensaje autonómico funcional del constituyente de 1994. El recaudo de los dos tercios de votos en la cámara alta para consagrar a aquel magistrado, se presenta entonces como una receta mínima y sistémicamente indispensable, también para robustecer al Procurador.”

¿Suena excesivo? No lo es en los hechos, como recordó el otrora procurador general, Nicolás Becerra cuando lo convocó la comisión senatorial que analizó la reforma. “Si no hubiera tenido el respaldo de los dos tercios que me confirió el Senado no hubiera podido firmar el dictamen de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida”, afirmó.

Segundo, si finalmente también se decidiera reducir por ley la cantidad de votos necesarios para remover al Procurador, entonces el jefe del Ministerio Público Fiscal (MPF) quedaría en una posición de extrema debilidad, acentuada por el virtual cogobierno que la misma reforma quiere otorgarle a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de Seguimiento y Control del MPF para evaluar concursos, traslados, enjuiciamientos de fiscales y mucho más. En la práctica, y ante cualquier investigación que incomode a la mayoría circunstancial del Senado, el Procurador quedará a un paso de la calle.

Tercero, si Diputados decidiera apoyar la mayoría absoluta de los votos en el Senado para designar al Procurador, pero se fijase la necesidad de un juicio político para removerlo, entonces el riesgo es que la mayoría circunstancial del Senado -cualquiera sea- pueda designar a Frankenstein sin necesidad de acordar con la bancada minoritaria del Senado, provocando que después sea muy difícil destituirlo.

Otra vez, ¿suena excesivo? Supongamos que se concreta esta última opción y se convierte en ley. En ese caso, podría darse que el candidato propuesto por el Presidente, Daniel Rafecas, reafirme su rechazo público a ser ungido sin los dos tercios del Senado y se opte entonces por otra figura. Volvamos al ejemplo de Frankenstein para graficar los riesgos posibles. Su pliego podría salir con el voto afirmativo en soledad de la bancada mayoritaria. Y ahí se abrirían dos opciones.

Opción A: Frankenstein asume como nuevo jefe máximo de los fiscales con mandato vitalicio, con los riesgos que eso conlleva, en particular cuando el Ministerio Público Fiscal enfila hacia la instrumentación -¡al fin!- del sistema acusatorio, dándole a los fiscales mucho más poder.

Opción B: el cargo de Procurador es por un plazo determinado, opción que el Consejo Consultivo que convocó el presidente Alberto Fernández apoyó casi por unanimidad, al igual que expertos como Binder, quien lo calificó como “un salto de calidad”. Podría ser por cinco años, renovable por otro período idéntico si el Senado le da su acuerdo. En este caso, suponiendo -sólo para simplificar- que Frankenstein asumiera como Procurador en diciembre de este año, también se abrirían dos variantes:

Variante 1: el presidente Fernández ejerce un solo mandato. En ese caso, convive con Frankenstein apenas tres años, mientras que el siguiente Presidente -impedido de removerlo porque requiere los dos tercios de los votos del Senado- se ve obligado a soportarlo durante los primeros dos años de su mandato o, si así lo dispone la mayoría simple del Senado -porque ya no serían necesario los dos tercios-, todo su primer mandato.

Variante 2: el presidente Fernández gana su reelección. En ese caso, convive con Frankenstein hasta que expire el primer período del monstruo en la Procuración, cuando puede darse que el Senado proponga a otro candidato o le conceda otro período a Frankenstein, en cuyo caso, el próximo Presidente que asumiría en diciembre de 2027 debería entonces convivir tres de sus cuatro años de mandato con el monstruo.

A veces, trazar escenarios hipotéticos resulta innecesario. Pero así se juega al ajedrez. Anticipando dos, cinco o más jugadas posibles. Y en este caso, los riesgos de crear un Frankenstein como jefe máximo de los fiscales y como máximo decisor de la política criminal de la República Argentina son elevadísimos.

(*) Esta columna de Opinión de Hugo Alconada Mon se publicó originalmente en el diario La Nación.