Por Antonio Tardelli (*)

Es inimaginable un gobierno que no hable; por definición, y mediante diferentes lenguajes, los gobiernos comunican. Pero a veces, para no enterrarse, les convendría quedarse callados. Que no es lo mismo, como se verá, que encerrarse en el secreto. Justamente así, Democracia y secreto, se titula un libro del politólogo italiano Norberto Bobbio, que en cada párrafo, como si hubiese sido escrito a propósito, deja en evidencia algunos errores recientes del gobierno de Entre Ríos.

En el prólogo de ese texto se subraya la diferencia que efectúa Bobbio entre un Estado normativo, o sea sometido al imperio de la ley, y un Estado discrecional, es decir gobernado en base a juicios de oportunidad.

El problema de los vacunatorios VIP, o de los privilegios que usufructuaron mujeres y varones ligados al poder para inocularse en un acto de supremo individualismo, puede inscribirse en esa categoría.

Una diputada oficialista, Silvia Moreno, representante del departamento Feliciano, se vacunó antes que sus compatriotas, sus coterráneos y sus copoblanos.

No pudo esperar.

Le pidieron razones de su actitud y ella contestó: “Me puse la vacuna porque, según me explicaron, si alguien no se ponía esa vacuna había que tirarla a la basura”.

Asistimos pues a un notable acto de servicio a la patria y de cuidado a los dineros públicos: la diputada Moreno, del Frente Creer, emprendió el sacrificio desde una concepción altruista. Quien quiera oír que oiga.

Nota de color: en las últimas horas la legisladora Moreno se ha pronunciado a favor de la instauración de un sistema de control y evaluación de políticas públicas.

Ojalá que no sea ella quien diseñe el sistema pues su comportamiento en el episodio de la vacuna se halla justamente en las antípodas de lo que debe ser una política estatal en democracia: antes que nada, una acción gubernamental debe desalentar los privilegios y priorizar al ciudadano vulnerable y no al poderoso.

Por estas horas, por lo demás, en un acto que puede ser irreprochable jurídicamente pero insostenible desde lo político, el Poder Ejecutivo apeló la resolución judicial que lo obliga a difundir el listado de los funcionarios públicos que recibieron la vacuna contra el covid conforme un criterio que –es sabido– el gobierno de Gustavo Bordet jamás expuso con claridad.

Cuando lo hizo, ya era tarde: los privilegios se habían consumado y la injusticia también.

El Ejecutivo debe dar a conocer la nómina porque así se lo ordenó el fallo de un juez que hizo lugar a un planteo formulado por diputados de Cambiemos.

Los legisladores de la oposición quisieron conocer la lista de los “estratégicos” que, en base un criterio no explicitado a su debido momento, habían recibido su correspondiente y adelantado pinchazo.

El gobierno, que ya en ocasión de diversos pedidos de acceso a la información publica se había negado a suministrar los datos, reincide ahora en su opaco comportamiento.

Resuelve apelar el fallo.

Por estas horas procura fundamentar (desde tecnicismos que relegan la cuestión de fondo) los términos de su recurso.

En la lógica del especialista Bobbio, la transparencia es una promesa que la democracia siempre formula y pocas veces concreta.

Nos sigue diciendo Bobbio: se impone como estatal una concepción según la cual existen dos categorías de ciudadanos.

Los que disponen de información y los que carecen de ella.

De un lado, los expertos; del otro, los ignorantes.

En una vereda, el competente; en la otra, el incompetente.

Ilustra Bobbio: “El poder autocrático se hurta a la supervisión del público de dos maneras: escondiéndose, es decir, tomando sus decisiones en el ‘consejo secreto’. Y escondiendo, esto es, por medio de la simulación o de la mentira, consideradas instrumentos lícitos del gobierno”.

Mucho antes, el bueno de Immanuel Kant, con sabiduría que no prescribe, explicó por qué el gobierno de la argentina provincia de Entre Ríos apela un fallo que lo conmina a informar sobre el destino de las vacunas que el Estado adquirió con los tributos que paga el soberano.

Postula Immanuel: “Todas las acciones relacionadas con el derecho de otros hombres cuya máxima no pueda ser pública son injustas”.

¿Por qué el gobierno, entonces, no da a conocer su lista de vacunados?

Porque dar a conocer la lista de vacunados supondría admitir un acto de gobierno injusto.

Sería la confesión de que el privilegio es una gran cosa para denunciar (cuando se es opositor) y una feliz circunstancia para usufructuar (cuando se es oficialista).

El secreto, prosigue Bobbio, es la condición necesaria para la materialización del (en este caso) privilegio.

Pese a los pedidos de información pública y a un fallo judicial, el gobierno provincial insiste en mantener algo en el territorio de lo secreto.

Enseña el libro de Bobbio: el mantener algo en secreto (un propósito, un pacto, una decisión, una acción) es en sí mismo la prueba de lo ilegítimo que es ese algo.

Los gobiernos hablan.

Siempre.

Todo el tiempo, de algún modo u otro, comunican.

Con sus consignas y con sus silencios.

Con sus bandos y sus omisiones.

El gobierno de Entre Ríos, que se encierra en un ominoso silencio cuando le preguntan por sus vacunados, asume a gritos su culpabilidad.

No informa porque se sabe o se siente culpable.

La culpabilidad es lo contrario de la inocencia. De la inocencia en todas sus acepciones.

(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS