Por Juan Cruz Butvilofsky (*)
Una amenaza que involucró a Messi generó que nuevamente la discusión se pose sobre Rosario y la violencia. Hace al menos dos décadas se está llevando adelante un plan de similares características que propone el aumento del presupuesto punitivo, más fuerzas de seguridad desplegadas y como resultado sólo arrojó el fracaso.
Podrán mostrar que una banda cayó, podrán montar escenarios dantescos para decirnos que el plan funciona, pero la realidad rebalsa más allá del relato que proponen las autoridades. No hay grieta en esto, la respuesta del Estado ante un hecho de violencia ha sido siempre incrementar la violencia.
Todavía estamos a tiempo. Los ejemplos de Colombia y México deben servir. Si dotamos de más armas a las fuerzas de seguridad, en simultáneo el crimen organizado también se arma hasta los dientes. Es una guerra de nunca acabar mientras las que acaban son las vidas de los civiles. La violencia, con más violencia, sólo obtiene violencia.
Las bandas organizadas no obtienen las armas de un repollo. Las bandas organizadas cuentan siempre con apoyo estatal (político-policial). Cada peso que incrementa el poder punitivo es un peso más al incremento de la violencia narco. No hay soluciones al flagelo del narcotráfico por esta vía.
Algunos lo impulsan desde la honestidad, creen en el cuentito que les vendió la doctrina de la guerra contra las drogas. Otros lo hacen desde la complicidad, claramente. Es un negocio el de la clandestinidad, las armas y el presunto enfrentamiento.
El día en que el Estado asuma que se trata de un problema de perspectiva, desde donde se aborda el problema, empezaremos a cambiar la realidad. El día en que la clase dirigente esté a la altura del problema y debata sobre una nueva ley de drogas, que saque de la clandestinidad todo lo vinculado al consumo y comercialización de las mismas, el narcotráfico empezará a ver su final. Para el narco, es más peligrosa la legalización de su producto que la Gendarmería. El que no lo quiere ver puede padecer de ingenuidad o complicidad.
Un paradigma de reducción de daños se impone. Reconocer que la gente consumirá independientemente de si lo que consume está o no prohibido. Un marco normativo que no castigue a quien consuma sin dañar a terceros y que aborde los consumos problemáticos desde una perspectiva de salud pública. Reconocer un problema, ponerse de frente al mismo y avanzar en reducir lo más posible el daño. Saber quién produce, cómo produce, cuánto produce, cuánto gana por lo que produce e incluso pagar impuestos por sus ganancias ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo a la información? ¿Quién pierde si se sabe quien gana de todo esto?
Sólo un Estado que se haga cargo de mejorar las condiciones de vida de su población, con mayor educación y oportunidades, ese es el cambio de fondo. Mientras eso ocurre, es necesario que se deje de criminalizar al pibe que vende para consumir y paliar su adicción en el barrio, mientras nada pasa con los que lavan el dinero en majestuozas torres frente al río Paraná.
Desgraciadamente el panorama es adverso. El gobierno actual no escucha a las pocas voces internas que plantean un cambio real y la principal fuerza opositora propone replicar el fracaso colombiano y mexicano con clara ingerencia de la doctrina yankee, los principales consumidores de la droga que produce el continente y los principales beneficiados por el negocio de las armas en todo el mundo. No hay solución con Berni ni con Bullrich.
(*) De ANÁLISIS
