Por Hernán Rausch (*)

Transitando esta segunda etapa del este año 2023, con matices políticos y actividad judicial de alto impacto, no podemos dejar de recordar y hacer memoria de todo lo acontecido desde aquel mes de septiembre de 2012, en donde se daba a conocer uno de los secretos y escándalos mejor guardados por la Iglesia Católica entrerriana: abusos dentro de la misma casa de estudio y formación para sacerdotes, el Seminario de Paraná.

Mucho es el tiempo que ha pasado, pero más el plazo de espera y anhelo de que llegue y se pronuncie una justicia cabal, para dar cierre y plenitud, manifestar un veredicto definitivo de parte del excelentísimo tribunal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde hoy se encuentra y esperemos continúe avanzando en los distintos despachos, luego de haber sido verificado por la Procuración Nacional el extensivo expediente penal, después de tan ardua y constante labor de los abogados y  miembros del Poder Judicial de Entre Ríos, agotando personal y recursos para lograr saltear el único obstáculo planteado por la defensa del acusado y luego condenado, prescripción de la acción penal.

Acción penal, un término impactante: realización de determinadas conductas, llamadas comúnmente delitos.

Hecho aberrante en contra de niños, manipulación y abuso sexual, comportamiento vil y despreciable de parte de un ser humano sacerdote, y no lejos, en complicidad con su jerarquía, más aún, tratándose de miembros religiosos. Inadmisible.

No deja de generar estupor en la sociedad por aquellos hechos consumados, no creados ni inventados, sino que además reconocidos por la alta esfera católica y admitidos por el mismo actor, confesando el delito, bajo las definidas palabras de “instancias abusivas con menores”.

Un escándalo que trascendió las fronteras y generó impacto y movilización en las autoridades eclesiásticas locales, nacionales e internacionales, ocasionando actividad y recursos para la prevención, incluso reabrir la causa y realizar nuevo juicio. Además de modificar e incorporar una nueva ley civil al código penal (Ley 27.206).

Este nuevo juicio administrativo llevado adelante por un Tribunal Diocesano, ya tuvo condena, fue apelada, pero no se dio lugar, confirmando su condena. De esa manera recurrida por el réprobo al Discaterio para la Doctrina de la Fe, la cual es allí donde se encuentra en estos tiempos, Roma, en el Vaticano.

Con la valentía de las víctimas y por repercusión, trajo aparejado la apertura e investigación de muchas otras causas, algunas ya llevadas a juicio, luego de que tantos niños y adultos lastimados, pudieron dar a conocer los tormentos por donde debieron transitar, hasta poder destrabar sus miedos y decir: no somos ni queremos ser como ellos, ni mudos ni cómplices, libres.

La sociedad argentina está en una etapa de ebullición, algo atemorizada, no solo por la inseguridad, sino por un temor a la rutina política, que hoy actúa más eficiente y promete soluciones mágicas a una argentina con gran parte de la sociedad decepcionada y deteriorada, pero para algunos, estos tiempos traen beneficios propios, sin importar el presente ni el futuro, y que lamentablemente, pasadas las instancias electorales, todo vuelve a la “normalidad “en este país estancado en las problemáticas de años, que todos conocemos, entre otras  falta de trabajo e inseguridad. ¿No será que también dependa de nosotros? No existen soluciones mágicas, se necesita esfuerzo y compromiso. Familia, amor, respeto, educación y trabajo.

A las personas en estos momentos no les interesa tanto la política, menos aun cuando se observa politiquería. Las definiciones de las causas comunes en la justicia es lo que necesitan el pueblo común, el pueblo argentino, es lo que fortalece, hace crecer y madura a la sociedad.

En algunas instituciones pasa lo mismo, la Iglesia está donde está porque quiere estar, debe regular sus posiciones, adaptarse, dar equilibrio y lugar a la justicia terrenal con aún mayor celeridad. Existen funcionarios de edad avanzada.

Hace pocos días fue otra bofeteada a los sobrevivientes y familias con las definiciones y formas de comunicarse de parte de las autoridades responsables en tratar estos temas, expidiéndose gracias al actuar y contundente condena de parte de la justicia civil.

Piensan que las víctimas sobrevivientes dañamos con la verdad. El tema es que a ellos les molesta escuchar la verdad, la verdad fastidia, no daña. La verdad permite ordenar, pero algunos persisten en su silencioso confort. 

Lo que hace daño no es lo que digas, sino lo que callas. Nuestra actitud no es contraataque, son dolores reciclados, fortalecidos para colaborar y mejorar. Necesitamos justicia, no cantaleta.

(*) Querellante en la causa Ilarraz.