Informe: serias dificultades en la escolaridad de niños con discapacidad en la provincia

Si hay un sector de la población que todos los días percibe la indiferencia, el miedo, y el rechazo, ese es el de la discapacidad. Todos esos sentimientos son contra los que cotidianamente tienen que luchar las personas con discapacidad, el grupo tal vez más discriminado en Entre Ríos.

Dos coberturas indispensables para vivir en sociedad como la educación y la salud, en la provincia lejos de vincularse de manera elogiosa, pareciera que se eclipsan una con otra. Justamente, estas dos áreas como educación y salud al no estar integradas de manera complementaria, explica en parte lo mucho que también le falta a la sociedad para ser parte de esa integración e inclusión.

En este marco, se presentó un informe en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral), para conocer cómo se da la escolaridad de los niños con discapacidad en la provincia.

Y se partió del siguiente interrogante, a manera de interpelación: ¿Qué hace el Estado para garantizar la escolaridad de los niños con discapacidad?

La respuesta la aportan los propios padres, pero también los funcionarios responsables de cada área y la obra social que no puede ni debe –por ley- ser ajena a la solución.

La educación es un derecho, pero para poder acceder a ese derecho es necesario que estén garantizadas ciertas condiciones. En el caso de los niños con discapacidad, una de las condiciones es el acompañamiento de un maestro integrador, amén de equipos técnicos especializados en estimulaciones.

Sin esa figura del maestro integrador, el chico se encuentra a la deriva y queda afuera del sistema.

Eliana es una de esas mamás que batalla todos los días por la inclusión de su pequeña hija y brindó su testimonio para compartir su realidad. “Nosotros estamos afrontando un problema importante. Se está cerrando este año y se viene todo lo que es la renovación para las nuevas prestaciones”, resaltó.

“Todavía no me han depositado, al igual que a muchos otros padres, lo que corresponde a julio, agosto y septiembre pasado. Incluso tenemos conocimiento de otros padres que sufren más atrasos todavía”, destacó desde el plano económico.

“Lo otro que nos preocupa es que el 22 de octubre salió una resolución donde se indica que no le darán de alta a ninguna docente de apoyo. Para nosotros todas las prestaciones a las que debemos acceder son muy importantes; pero la maestra de apoyo es esencial porque es la que lleva a nuestros niños a las escuelas y es clave para la inclusión e integración”, advirtió y agregó que ante ese panorama “no sabemos a quién recurrir, porque el IOSPER nos dice que no nos va a autorizar y el Consejo General de Educación dice que ellos tampoco van a autorizar a la maestra de apoyo”.

Al ser consultada sobre qué ocurrirá el año lectivo próximo sin ese servicio, esta mamá resaltó: “Los chicos pueden necesitar un poco más o un poco a una maestra integradora; pero esa figura siempre tiene que estar. Económicamente, a las familias con integrantes con discapacidad les será imposible de sostener porque deben afrontar otras prestaciones. En el caso nuestro se trata de aproximadamente 30 mil pesos mensuales e incluso hay meses que puede ser mucho más. Se trata de todas las prestaciones, maestras de apoyo, psicopedagogas, terapista ocupacional; todo lo que debe hacer una familia para que su hijo acceda a una vida social autónoma y que luego no dependa siempre de la familia”, resaltó.

“Sabemos que muchas docentes de apoyo y otros profesionales técnicos nos abandonarán al finalizar este ciclo lectivo, porque no tienen estabilidad y tampoco el ingreso salarial por su labor. Eso también nos preocupa. Y esta realidad afecta aproximadamente a 300 chicos, aunque creemos que hay más”, destacó.

“Nos sentimos solos, abandonados. Abandonan a las personas con discapacidad. Nosotros somos conscientes que nuestros hijos no se van a curar. Por eso no vamos al IOSPER a pasear. Vamos porque hay una situación que obliga a esa herramienta para sacar a nuestros hijos adelante. Y la ley dice que son seres sociales y que tienen que sociabilizar con todo el resto”, advirtió.

También esta mamá observó que las escuelas no están preparadas para recibir a estos chicos. “Lo manifiesto siempre en mis redes sociales y me enojo, porque la inclusión solo está en los papeles y en las oficinas. Y de ahí hacen un agite de bandera para obtener un voto más o porque queda bien; pero queda ahí”, describió para dar cuenta que el acceso a los derechos es cada vez más un imposible.

 

El IOSPER

Por su parte, Fernando Cañete, presidente del directorio del IOSPER, explicó a Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral) que esa obra social “cumple a rajatabla con lo que dice la ley”.

“En Entre Ríos, la Ley 9.891 dispone que las prestaciones de salud quedan a cargo del Ministerio de Salud y el IOSPER. Y que las prestaciones para problemas pedagógicos quedan a cargo del Consejo General de Educación. Con lo cual, la resolución no hace más que cumplir con la ley”, aclaró.

“El afiliado que solicitaba un maestro integrador en la Dirección Departamental de Escuelas y siempre se adujo que no tenían fondos y por eso enviaban al afiliado a presentar un amparo contra la obra social. Ante ello, el IOSPER resolvió emitir una resolución para reconocer el servicio de los maestros integradores”, indicó Cañete.

“Todo el mundo se saca la responsabilidad de encima y el sistema de salud que ya está vapuleado por todos lados tiene que hacerse cargo también de la educación”, resaltó el presidente del directorio de la mayor obra social de la provincia.

“Todo lo que sea salud y los acompañantes terapéuticos lo cubre el IOSPER. Los problemas pedagógicos los debe cubrir el Consejo General de Educación”, insistió. “La solución del problema la debe encontrar el Consejo General de Educación, haciéndose cargo de lo que le corresponde”, propuso.

La infraestructura

La infraestructura escolar es otro factor determinante en materia de inclusión. Los papás plantearon una serie de dificultades en ese sentido:

* Muchas escuelas ponen trabas para aceptar niños con discapacidad. En las escuelas privadas dicen que no hay cupos y así evitan aceptar a los niños.

* No hay una formación docente para trabajar con estos niños, y hacen falta más profesionales psicopedagogos.

* No hay infraestructura adecuada en las escuelas para incluir a niños con discapacidad: las escuelas están pensadas para que todos seamos iguales y normales: las sillas de ruedas no pasan por las puertas, no hay rampas, no hay aulas insonorizadas para chicos con autismo, los baños en general no están adaptados, entre otras cuestiones básicas que no han sido resueltas.

El IPRODI

El Instituto Provincial de Discapacidad de Entre Ríos (IPRODI) tampoco es ajeno a estas realidades y demandas.

En diálogo con el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral), su titular Cristina Ponce, destacó que desde hace tres años están llevando adelante un programa que les permite hacer territorio. “Entonces, desde las Juntas de Gobierno nos ayudan con la identificación de ese niño o niña. Así, inmediatamente accedemos a contarles sobre la importancia de contar con el Certificado Único de Discapacidad y su ingreso a la escolaridad”.

La funcionaria también sostuvo, por ejemplo, que a raíz del trabajo de territorio que se realizó en los Departamentos Feliciano, Islas, Federal y La Paz, se encontraron con niños sin escolarizar.

Con respecto a Paraná Campaña, reconoció que tienen la información que les llega a través de Educación o las llamadas áreas de Niñez, Adolescencia y Familia (NAF). “Para el IPRODI el territorio es a través de las Juntas Evaluadoras. Nosotros tenemos 14 Juntas en toda la provincia, algunas dependen de la administración central y otras son sostenidos por los Municipios”, reconoció.

Educación Especial

En el informe emitido en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral) también se requirió la perspectiva de la directora de la modalidad Especial del Consejo General de Educación, Viviana Rodríguez, quien confió que en estos momentos no han recepcionado ninguna inquietud respecto de que existan niños sin acceso a la educación.

“Nosotros trabajamos de manera articulada con el IPRODI, con las áreas de niñez y el Copnaf y distintos organismos vinculados con la protección de derechos”, resaltó Rodríguez.

A través de esa red, indicó “que a veces nos anoticiamos de alguna situación particular de alguna persona que está fuera de la escolaridad. Esa realidad se trabaja a nivel local y a veces llega al Consejo de Educación porque tal vez requieran articulaciones de otros recursos para organizar la trayectoria en el lugar que sea más oportuno para ese estudiante”.

En ese marco, informó que actualmente no han recibido ninguna inquietud de padres o de otros organismos en relación a discapacitados que estén fuera de la escolaridad.

Sobre la situación de la falta de cobertura por parte del IOSPER a la figura de la maestra integradora, Rodríguez, sostuvo: “El Consejo de Educación tomó conocimiento a través de los medios de comunicación. El IOSPER no se ha acercado para hablar sobre esta resolución que emitió. Sorprendió ver declaraciones del presidente de la obra social, expresando que había un convenio firmado con el Consejo de Educación al respecto”.

En ese marco, recordó que sí se mantuvieron durante el año diversas charlas con asesores legales. “Hay un derecho básico que está establecido en la ley de prestaciones para las personas con discapacidad y suponemos que los papás estarán haciendo valer ese derecho. Así que nos sorprende esta situación, la cual nos enteramos a través de los medios”.

Por último, la directora de Educación Especial enfatizó que la respuesta “la demandarán los afiliados al IOSPER. Porque esto es una cuestión de prestación asistencial, más allá de que las prácticas se realicen en el ámbito escolar. Aquí hay docentes que se inscriben legalmente con todos los requisitos para poder facturar, es decir, es una tarea que no está supervisada por el Consejo General de Educación”.

Contextos y perspectivas

Por último, en el informe emitido por el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral) se brindaron testimonios que permiten acceder a la modalidad de trabajo de la única escuela especial para niños con discapacidad de la localidad de General Ramírez: la Escuela de Educación Integral N° 5 “Alborada”.

Su directora María Virginia Buchhammer y la vicedirectora Ingrid Dorsch, dieron cuenta acerca del proceso de escolaridad, teniendo en cuenta que en Ramírez, las docentes reconocen un aumento de la cantidad de niños con discapacidad.

La institución “Alborada” cuenta con dos talleres de capacitación y formación laboral, el de huertas y el de bolsas, donde se capacita a los jóvenes en oficios.

“En Ramírez la nuestra es la única escuela de educación especial y tenemos una matrícula de 49 alumnos, algunos provienen de las localidades vecinas de Isletas y Aranguren”, indicó la directora María Virginia Buchhammer.

También subrayó que la matrícula se mantiene estable, pero lo que varía en todo caso es la población. “Los chicos comienzan desde temprana edad, como antes tenía la escuela de integración con estimulación temprana; pero en la actualidad con las nuevas resoluciones eso depende más de Salud”, aclaró.

“Nuestra escuela siempre ha cubierto la estimulación temprana porque en la localidad no hay un servicio similar en salud, para la población de 0 a 3 años. Luego tenemos el Nivel Inicial, donde los chicos continuaban en la escuela. Pero, también con las nuevas resoluciones esa etapa la deben realizar en la escuela común y nosotros tenemos otras funciones como el acompañar, oficiar de configuración de apoyo, podemos evaluar, orientar; pero el alumno no hace su Nivel Inicial en nuestra escuela”, resaltó.

Ambas docentes aclararon que ellas no tienen conocimiento de chicos que no estén escolarizados.

“La obligación de venir a la escuela es hasta los 14 años. Y ellos no tienen otras opciones para incluirse socialmente, porque sabemos que no existen espacios para las personas con discapacidad”, indicaron para dar cuenta lo mucho que falta en términos colectivos para consolidar la integración y la inclusión.

El informe concluye con la necesidad de tomar conciencia acerca de las barreras que deben afrontar de manera cotidiana todas las personas para sentirse incluida, mucho más aquellos que padecen alguna discapacidad. Se trata de barreras reales y cotidianas y se requiere de un compromiso ético con el semejante para comenzar a derribarlas.

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