Un proyecto del diputado provincial Esteban Vitor (PRO – Cambiemos) para que el 35% de lo recaudado por la tasa de justicia sea distribuido entre los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa motivó la reacción de un sector del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que no quiere perder el control total sobre estos fondos. La iniciativa iba a ser tratada sobre tablas en la última sesión, pero fue bajada a último momento, según pudo saber Apf.

Desde que hace 10 años se sancionó ley 10.056, el Superior Tribunal de Justicia controla y administra el total de los fondos que se recaudan en concepto de tasa de justicia por diversos trámites y acciones que se realizan en los tribunales provinciales. La norma fijó que estos recursos debían destinarse a atender la remodelación, reparación, ampliación o locación de bienes inmuebles y la adquisición, reparación y mantenimiento de los bienes del Poder judicial u otros fines que determine el Superior Tribunal.

Con estos recursos, el STJ financió la construcción del tercer piso del Palacio de Tribunales en Paraná y la remodelación del resto del edificio, además de la compra y refacción de varias sedes en todo el territorio provincial.

Un proyecto del diputado Vitor busca modificar esta situación y asignarle mayor autonomía y autarquía financiera al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa, en línea con lo establecido en la reforma constitucional de 2008 que dividió aguas en el poder judicial entre quienes juzgan, quienes acusan y quienes defienden.

La iniciativa prevé que el STJ siga manejando a discreción el 65% de la recaudación por tasa de justicia pero destina el 35% restante al MPF y al MPD, en partes iguales. El objetivo es que ambos puedan atender el funcionamiento del Laboratorio de Informática Forense, del Laboratorio de Toxicología, las pericias, necesidades edilicias, pruebas genéticas y todo otro gasto que se estime necesario.

El texto, ingresado a la Cámara hace dos años, impulsa que ambos Ministerios Públicos tengan mayor rango de acción. A tal fin, cuestiona que la ley 10.407 que reglamentó la autonomía de ambos les da independencia orgánica y funcional “pero nada dice de la autarquía financiera”. Esta norma “le ordena al Procurador General y al Defensor general, que remitan anualmente a la presidencia del STJ el proyecto de presupuesto general de gastos para el año siguiente de sus respectivos ministerios”, señaló Vitor en la fundamentación.

En debate

Tras dos años en la comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, había un acuerdo mínimo entre las fuerzas parlamentarias para que sea tratado sobre tablas sin despacho de comisión y aprobado en la sesión del 7 de mayo pasado. El presidente del Superior, Martín Carbonell, y los titulares de Fiscalía, Jorge García, y de la Defensa pública, Maximiliano Benítez, también habrían dado su consentimiento a la iniciativa.

Sin embargo, la noticia del entendimiento llegó a oídos de un sector del STJ que no se resigna a perder el control de estos fondos. Hubo llamados desde el segundo piso del Palacio de Tribunales a algunos legisladores del oficialismo y el tratamiento se trabó.

Las alternativas que se barajan ahora para esta iniciativa van desde una postergación sin fecha en comisión a una modificación de los porcentajes, reduciendo la tajada que les correspondería a los Ministerios.