(de ANALISIS)

El abogado y exintendente de Gualeguaychú, Luis Leissa, se refirió al encuentro que mantuvieron abogados que actúan como defensores en causas por presunta corrupción en Entre Ríos con los vocales de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Leissa afirmó que “hay un derecho a expresarse y los abogados que actúan en esta causa de los contratos tienen derecho y la posibilidad de hacerlo”, aunque aclaró que “a lo mejor, viéndolo desde afuera puede ser que no se tenga toda la información”. Y acotó: “Me preocuparía más por el tema de la impunidad que por el hecho de que ciertas cuestiones sean ventiladas en la prensa, en tanto y en cuanto hay canales –como los propios jueces de Garantía donde están actuando ahora- para que se expresen de estas cuestiones; y luego si hay un funcionamiento institucional permanente, reiterado, que revele este tipo de situaciones, se hagan los cuestionamientos ante el Superior Tribunal”.

Definió que “es una situación muy particular, muy concreta, muy grave y en algunos casos nos gustaría tenerla para todos y para plantear no este caso particular sino el funcionamiento de la Justicia en general”. En este sentido, planteó que “hay que munirse de la mayor cantidad de datos; es un tema donde hay que reflexionar a quien responde porque en definitiva este encuentro, a veces, es la punta de un iceberg más profundo que tiene que ver no con una situación particular sino con una situación más grave que genera descontento, aunque a veces no se exprese”.

El abogado aseveró que “hay observaciones que hacerle al funcionamiento de la justicia o de la estructura y desarrollo del sistema penal en general o de la administración en todo este sistema de investigación y juzgamiento de delitos”.

“Hay problemas concretos y acá parece que está muy vinculado con un tema que es la causa donde se investiga el tema de los contratos legislativos, que es un tema grave. Hay que manejarse con enorme cuidado, ojalá esta reunión sirva, que se escuche desde el Superior Tribunal de Justicia pero me gustaría también que se atuvieran a otras cuestiones”, explicitó.

Asimismo, planteó que “esto no debería ocurrir porque están los resortes y canales adecuados; si en algún caso la preocupación que debería expresarse es la preocupación que tenemos varios sectores de la sociedad entrerriana, y la sociedad argentina en general, que es la impunidad más que el hecho de que aparezcan por la prensa algunas pruebas que tienen que ver con causas en particular”.

“Acá lo más grave es el tema de que los hechos que percibimos y tenemos la profunda convicción de que existieron, no se esclarezcan. Deberíamos estar hablando de acentuar la investigación más que de la circunstancia de que la prensa brinde información. Es más lógico atender a esa situación, que en algunos casos puede parecer perjudicial para quienes están en el caso concreto, como estos abogados, y pongamos el acento todos en situaciones más graves que tiene que ver con que vemos cómo ciertos hechos ocurren, no se investigan con suficiente celeridad, pasa el tiempo, quedan impunes y generan una enorme resignación y descreimiento de la sociedad”, reflexionó.

Y en tal sentido, advirtió: “Me preocuparía más por el tema de la impunidad que por el hecho de que ciertas cuestiones sean ventiladas en la prensa, en tanto y en cuanto hay canales –como los propios jueces de Garantía donde están actuando ahora- para que se expresen de estas cuestiones; y luego si hay un funcionamiento institucional permanente, reiterado, que revele este tipo de situaciones, se hagan los cuestionamientos ante el Superior Tribunal”.

“Creo que esto, quizás, se puede corregir dentro del ámbito de la propia causa, de la propia investigación que desarrolle cada juez de Garantía y ahí se hagan los cuestionamientos del caso. También en este caso como la investigación la impulsa el Ministerio Público Fiscal y si se considera que no ha sido cuidadoso en el manejo de las pruebas, las cosas se plantean en ese ámbito. No es el plano el STJ donde hay que hacer la queja o el cuestionamiento, al menos sin agotarlo antes donde corresponda”, opinó.

Los mensajes codificados

“Es un tema complejo, nos comprenden las generales de la ley a los abogados y también a aquellos sectores de la prensa que puedan ser cuestionados, aunque según leí, el planteo no fue cuestionando a la prensa o la función que cumple”, afirmó. “En un momento de enorme sensibilidad, esto puede dar lugar a interpretaciones de que mandan un mensaje a los periodistas y a los fiscales”, agregó.

En este marco, insistió en que “las preocupaciones tienen que estar más centradas en que vemos situaciones que son muy graves de corrupción, de enriquecimiento ilícito en la administración pública o en quienes tienen responsabilidades públicas por cargos electivos. A veces nos quejamos más de lo que no se esclarece que de lo que se esclarece”.

“Corremos más peligro por la inacción de algunos sectores que tienen que ver con la investigación y el juzgamiento de delitos que por el hecho de esta situación se ventile en la prensa, sobre todo cuando nadie ha dicho que estemos ante un hecho que fue fraguado o que lo ventilado es falso o es prueba armada”, sentenció.

Finalmente, sobre el hecho de que haya más abogados dispuestos a actuar en defensa de los acusados de corrupción que a acompañar las denuncias, analizó que “el debate, la discusión o el tomar postura y avanzar se da en todos los sectores, en toda la sociedad en su conjunto, y el Poder Judicial en este caso, como estructura del Estado no, escapa a eso”.

“No es lo correcto; esto tiene que ver con lo que constituye nuestro país, porque tenemos cierto norte que se busca a través de ciertas herramientas con las cuales tenemos que manejarnos, y esas herramientas muchas veces tienen que ver más con obligaciones que con derechos, y que a veces creemos que no existe. Si se cumpliera exactamente con el deber y con lo que está institucionalizado, estas cosas no ocurrirían; esto es una parte del problema, es la punta del iceberg pero el problema es mucho más profundo”, señaló Leissa.

“Como ciudadanos, como vecinos y como parte de la sociedad civil tenemos que señalarlo, y si bien es cierto que tienen mayor responsabilidad quienes ocupan funciones públicas donde hay más resortes de poder, hay que empezar todos los días viendo cómo esto se marca. Y en este caso, tendríamos que estar más preocupados, más sensibilizados y más alertas frente a problemas tan serios como son los hechos de corrupción que frustran, desalientan, que hacen caer el ánimo de la sociedad y que no se investigan ni se juzgan adecuadamente, cuando en la mayoría de los casos tenemos la profunda convicción de que estos hechos han ocurrido y quedan impunes”, concluyó.

Vale recordar que la nota central de la última revista ANÁLISIS fue el detonante del encuentro entre los abogados y los jueces del STJ. Es que los abogados consideraron que se violó normativa al filtrar miles de horas de video que contienen los testimonios en la causa conocida como “contratos”. No cuestionaron el rol periodístico, pero reclamaron que se investigue cómo llegó esa información a este medio.