El Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (Caidis), presentó una solicitud a la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, para que se priorice en la vacunación a las personas con discapacidad.

La entidad que nuclea a organizaciones de todo el país en defensa de los derechos humanos de personas con discapacidad, hizo el requerimiento a la titular de la cartera sanitaria a través de una nota fechada el 19 de abril último. En la carta a la que tuvo acceso ANÁLSIS, Caidis reconoció que “si bien se ha incorporado un grupo restringido de personas con discapacidad de entre 18 y 59 años en la ‘Actualización de los Lineamientos Técnicos Campaña Nacional de Vacunación contra la covid-19’ -26 de marzo pasado-, esta incorporación lamentablemente no ha implicado aún una rápida y uniforme respuesta a lo largo del país para el acceso a la vacuna por parte de este grupo -personas con discapacidad que viven en instituciones-”.

Desde Caidis también señalaron que “se presentaron situaciones de personas que, sin importar su edad, no pudieron utilizar el turno de vacunación otorgado por hallarse imposibilitados de moverse y salir de sus casas”. “Estos casos son de baja prevalencia pero permiten advertir que el plan fue diseñado asumiendo que todas las personas podrían trasladarse a los centros de vacunación. Deviene indispensable prever la implementación de la vacuna a domicilio como urgente ajuste razonable en situaciones particulares, asegurando el acceso a la vacuna en estos casos”.

“La discapacidad constituye una variable de vulnerabilidad ante el virus que debe ser entendida en su complejidad. No se trata sólo de que existen personas con discapacidad con enfermedades prevalentes que los exponen a mayor riesgo de contagio y muerte, sino que en una gran proporción las personas con discapacidad para poder sostener sus vidas cotidianas en condiciones de dignidad necesitan de asistencias y apoyos que las exponen al contacto estrecho con otras personas, o al contacto permanente con superficies –por ejemplo el caso de usuarios de sillas de ruedas u otras ayudas técnicas-. También se trata de que hay personas con discapacidad que no pueden transmitirle a otros si tienen síntomas, lo que las expone a una atención tardía en caso de presentar la enfermedad y a sus contactos al contagio”, alegaron desde la entidad en la solicitud alcanzada a Velázquez.

Desde Caidis informaron a este medio que se lograron avances “en varias jurisdicciones” que decidieron priorizar a las personas con discapacidad en la vacunación contra el Covid-19. “Se dio en Santa Cruz, Corrientes, Mendoza y Neuquén”, mencionaron.

Colectivo heterogéneo

En febrero último, Daniel Ramos, presidente de Caidis, aseguró que “en Argentina hay 5 millones de personas con discapacidad, todas con características distintas”. “El colectivo de Personas con Discapacidad (PcD) es amplio y heterogéneo: discapacidad visual, auditiva, motora, intelectual. Esto, relacionado con la edad de la PcD, complejiza los mayores o menores riesgos de ser afectados por el Covid 19”.

“En muchos casos la discapacidad viene asociada a una enfermedad de base y en otros no por lo que son diferencias que deben ser contempladas. Pero además en otros casos la dificultad de las personas con discapacidad es mantener el autocuidado (pautas de higiene, distanciamiento físico, usos de barbijo) por ejemplo en aquellas personas con discapacidad intelectual o en condición de autismo es dificultoso garantizar estas pautas y rutinas preventivas por lo que es importante considerar no solamente su vacunación sino también la vacunación del personal de apoyo que las asisten”, manifestó Ramos.

El titular de Caidis retomó datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “La tasa de letalidad entre el colectivo de personas con discapacidad es del 7 %, aproximadamente tres veces superior que el registrado por la población en general”, puntualizó.

En la resolución 627/2020 MSAL, que especifica quiénes son considerados personas de riesgo, se encuentran las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) -punto VII del artículo 3-. Sin embargo no se advierte que tal consideración sea tenida en cuenta al momento de adoptar decisiones. “Por lo menos no se menciona así en la estratificación de prioridades de vacunación que establecen las autoridades sanitarias nacionales, ni tampoco hay mención dentro de los grupos que necesitan reforzar los cuidados. En vistas a esto entendemos que deberían ser incorporadas y que sería importante se considerara a las personas con discapacidad dentro de la población objetivo en la campaña de vacunación en las etapas más tempranas, así como también a las personas que proporcionan sus cuidados”, explicó Ramos.

“Es necesario que se extienda la campaña de vacunación, que ya comenzó en las residencias geriátricas, también a las residencias que albergan a personas con discapacidad y posteriormente a los centros ambulatorios de atención a personas con discapacidad”, dijo y citó como ejemplo lo que sucede en este ámbito a nivel internacional.

“La vigencia de la Resolución 627/2020 MSAL incluye a las personas con discapacidad entre los grupos de riesgo y por eso solicitamos que se atienda de manera urgente su inclusión en las etapas más tempranas del cronograma de vacunación”, manifestó.

¿Cuál es la situación general a nivel políticas sanitarias?

Para el presidente de Caidis el colectivo de personas con discapacidad “viene siendo postergado en el orden de prioridades de políticas sanitarias y hace meses estamos reclamando por la situación de emergencia en la que se encuentran tanto las PcD, como el equipo de profesionales que las asisten, instituciones que les brindan atención y los servicios de transportes de PcD. La situación no hace más que empeorar ante la falta de adecuación de aranceles que arrastra un déficit desde la gestión anterior, en la que se recibieron ajustes muy por debajo de la inflación. En el año 2020 no hubo actualización arancelaria y el 8 de enero de 2021 salió la Resolución Conjunta 2/2021 a través de la cual se dio un aumento de sólo un 10 por ciento que, por lo demás todavía hay obras sociales nacionales que todavía no lo han aplicado”.

De ese modo, Caidis solicita “una adecuación arancelaria mayor que considere un 30 por ciento; acceso a la vacunación para las personas con discapacidad y el personal que los asiste, así como el reconocimiento del kit de seguridad que los profesionales requieren”.