El presidente de la Cámara de Diputados provincial, Angel Giano, presentó en la reunión ampliada de la comisión de Legislación General el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura que impulsa. La Asociación de la Magistratura, el Colegio de la Abogacía y la Asociación Judicial se expresaron en contra de la intención del oficial.

Este viernes habrá una amplia reunión para debatir el proyecto que propone modificar el Consejo de la Magistratura.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados recibió a varios sectores por el tratamiento del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. La audiencia estaba prevista para las 11, pero comenzó con 20 minutos de atraso.

El debate comenzó con la exposición de Giano quien detalló que el proyecto es algo que pidió el Gobernador Gustavo Bordet que sea trabajado en Diputados y que recibió aportes de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, quien colaboró con un proyecto que tenía confeccionado y de la vice, Laura Stratta, a través de su equipo.

La intención es “mejorar el funcionamiento” del cuerpo que elige magistrados y funcionarios judiciales provinciales, dijo el presidente de la Cámara.

Luego, remarcó que toda norma “tiene un contexto de surgimiento y la posibilidad de ser mejorada. Siempre debe estar como objetivo principal la necesidad de seleccionar a las mejores personas” para ocupar cargos en el Poder Judicial, reseñó.

La legislación actual “regula el Consejo de la Magistratura en varias leyes y por eso el proyecto tiene implícito la necesidad de unificar un texto, de ordenar la legislación”, agregó.

“Hay que adecuar el texto del a la terminología y al cambio social que se da con la perspectiva de género”, agregó.

Luego, detalló que en lo central, la iniciativa del oficialismo propone la modificación de la representación del Poder Ejecutivo, que actualmente es de 1 integrante sobre un total de 11, a 3 sobre 13. “Entendemos que el Consejo de la Magistratura, que en la Constitución es un consejo asesor, en la práctica es más. Porque eleva una terna vinculante. Y la representación popular tiene un solo representante”, razonó.

Comparó con lo que ocurre en otras instancias: a nivel nacional hay 9 representantes del poder popular sobre un global de 23. En CABA hay 3/9, en Formosa 4/9, en Mendoza 3/7, en Tucumán 3/8, entre otros casos, mencionó, publicó Apf.

La integración del Consejo “debe garantizar el equilibrio de los estamentos, eso es lo que pide la Constitución. En el actual, el Poder Judicial tiene 3. Los miembros académicos, otros 3. El Poder Ejecutivo tiene que tener la misma cantidad”, afirmó.

“Los jueces se eligen a propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado. No se rompería el equilibrio”, apuntó.

Otro de los puntos propuestos refiere a la representación de académicos y científicos en el Consejo “proponemos la incorporación de docentes de derecho de universidades públicas y privadas de Entre Ríos que hoy no lo hacen. La demanda que hizo surgir el Consejo reclamaba diversidad (y) la Uader, la Uner y la UTN no están en el Consejo. Si está la Unl, que no integra el Consejo de la Magistratura de Santa Fe. Los profesores de Entre Ríos podrían representar nuestra cultura y nuestra historia. Se busca darle un anclaje en nuestra provincia”, describió.

En cuanto a la representación de la sociedad civil, comentó que solo se registra en otras dos provincias. Chubut y Santa Cruz “y en Chubut se eligen por voto popular”, subrayó. La Constitución de 2008 reclamaba que las entidades estuvieran comprometidas con la democracia y los derechos humanos. En la reglamentación se incorporó a organizaciones profesionales y sindicatos que tengan ese mismo compromiso. “La iniciativa del oficialismo busca que se amplíe a las organizaciones de toda la provincia”, comentó Giano.

Otra de las propuestas es ampliar las causales de recusación, la mayoría relacionadas con la habitualidad del trato, aseveró el titular de la Cámara.

Cuestionamientos

Luego de la intervención de Giano, estaba previsto que cerrara la presentación del oficialismo la ministra Romero, pero cedió la palabra para conocer la postura de las entidades que habían sido convocadas.

La actual presidenta de la Asociación de la Magistratura, Gabriela López Arango, pasó la intervención a Alejandro Cánepa, actual secretario de la entidad y presidente electo.

El actual magistrado provincial cargó con fuerza contra la iniciativa oficial. El primer punto sobre el que encaró las criticas tuvo que ver con la representación popular que “se la otorgó a las entidades” de la sociedad civil cuando se forjó el actual Consejo a principios de siglo, respondió.

Luego, describió que varias provincias la representación es sólo de un miembro o es inexistente. “Entre Ríos se encuentra en la media de las provincias. No ha copiado, sino que ha sido modelo”, remarcó.

A continuación, comentó que la terna que emite el Consejo “es vinculante, pero el Gobernador puede elegir a cualquiera de quienes la integran”.

“No vemos elementos que justifiquen las modificaciones. Es inconveniente un cambio, porque tememos que rompa el equilibrio y genere una hegemonía del Poder Ejecutivo en los concursos. Todas las instituciones nos hemos manifestado de la misma forma. No advertimos en su funcionamiento, integración o decisiones que haya una necesidad concreta de modificar el Consejo. Nos oponemos de manera firme a la modificación, y a la ampliación de la representación del Ejecutivo”, concluyó.

En el mismo sentido se expresó el titular del Colegio de la Abogacía. Alejandro Canavesio. “Tengamos cuidado con las modificaciones y la integración, veamos cuáles son los mejores modos”, alertó.

“El Consejo ahora funciona y funciona en un sentido proactivo. Si es necesario cambiarlo, los fundamentos tienen que ser buenos y la sociedad los debe aceptar”, acotó y por eso sostuvo que mantener la conformación actual es “lo más conveniente”.

En la misma línea se paró la consejera titular en el Consejo por la Asociación Judicial, Carina Franchin, quien estimó que la iniciativa del Ejecutivo “rompe el consenso y es un retroceso con respecto a la forma en que se conformó. El equilibrio está en la Presidencia y en la facultad del Ejecutivo para elegir de una terna”, afirmó.

Luego, como propuesta, pidió un psicodiagnóstico de quienes participan en los concursos para saber si son capaces.

“Perdón: pero no parece una reforma seria. Parece una reforma con ribetes políticos alejada de todas aquellas intenciones con las que se formó esta herramienta”, cerró.

Luego, con distintas críticas, sentaron sus posiciones las representaciones de la sociedad civil y de los académicos.