En una carta dirigida al ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay, bajo cuya órbita quedó el área de Recursos Naturales, 14 organizaciones sin fines de lucro vinculadas con el ambiente, pidieron rever los criterios por los cuales se autoriza la abatida de especies menores.

En el contenido del texto se plantean la “más profunda preocupación acerca de la irresponsable política cinegética (caza) llevada a cabo actualmente por la Dirección de Recursos Naturales puesto que la misma no considera en lo más mínimo la protección del patrimonio natural entrerriano ni la participación de la comunidad en instancias de debate y decisión”, se criticó.

En el planteo a Ballay, se recordó que en 2022 la Justicia admitió un amparo ambiental y declaró nula la Resolución N° 1.099 que habilitaba la temporada de caza menor en la provincia, justamente porque no se contaba con estudios suficientes sobre las especies autóctonas que se pretendía autorizar su caza, consignó el portal Era Verde.

Ahora, la actual petición se fundó en que las entidades firmantes tomaron “conocimiento de una muy discreta reunión convocada por esta Dirección de Recursos Naturales en la ciudad de Villaguay cuyo objetivo era informar acerca de los primeros estudios de poblaciones de anátidos (patos) a fin de conocer sus estados poblacionales y determinar especies y cupos para su cacería. A la reunión se invitó a referentes de clubes de caza, operadores de turismo cinegético y a representantes de las fuerzas públicas, pero no se convocó a ninguna institución vinculada a la conservación de la biodiversidad, al turismo o a la salud pública. Tal omisión habla a las claras de las intenciones de esta dependencia de promover la caza de especies autóctonas favoreciendo a las entidades cinegéticas (clubes y cotos de caza) y de su poco interés por la conservación de la biodiversidad y por trabajar de manera participativa con los demás actores involucrados en la temática de la caza”, criticaron.

Las entidades asimismo contextualizaron el escenario como de “crisis y emergencia ambiental nacional y global”, donde “resulta inadmisible que desde el Gobierno Provincial se siga promoviendo la caza de especies autóctonas cuya información biológica actual es nula o escasa y sin mediar evaluaciones poblacionales de las mismas ni estudios acerca de la contaminación por el plomo de las municiones y el impacto ecotoxicológico que produce este en la salud humana, el ambiente y la biodiversidad (hay varios estudios científicos de otros países y otras provincias argentinas que así lo certifican). Cabe mencionar asimismo que para tener certezas acerca de las especies y cantidad de ejemplares de las mismas que se pueden extraer (cupo) se necesita contar con estudios basados en varios años de muestreo, algo de lo que se carece actualmente”.

Mesa de diálogo

En este orden, se exige al ministro “que las dependencias públicas involucradas” la problemática tomen medidas, en las que se enumeró:

1) Invitar a participar a las instituciones ambientalistas y animalistas de todas las instancias de diálogo, debate y toma de decisiones.

2) Invitar a participar a representantes del sector turístico, a los agentes sanitarios (referentes en la contaminación por plomo) y a los agentes sociales (vinculados a la trata de personas y a la prostitución infantil) de tales instancias.

3) Invitar a participar a las instituciones ambientalistas de los muestreos de poblaciones de anátidos y poner a su disposición las metodologías utilizadas para realizar los mismos.

Por último, afirmaron que “la actual situación de crisis ambiental que sufre la provincia es insostenible y exige un cambio de paradigma. En la actualidad, la mayor parte de la sociedad rechaza y repudia a la caza por considerarla una actividad cruel, violenta, anacrónica, insensata e irresponsable que atenta contra el patrimonio natural de todos los entrerrianos y favorece a sectores minoritarios como los cotos de caza y los comercios de venta de armas”. Esperando una respuesta favorable, se despidieron firmando la solicitud: Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM); Conciencia Animal; Foro Ecologista de Paraná; el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas); Luz del Ibirá; Ecoguay; Club de Observadores de Aves de Entre Ríos (Caaser); Justicia Animal Antiespecista; Aves Gualeguaychú; Solidaridad, Educación y Ambiente (SEA); Área Natural Protegida Santa Adelina; Instituto de Derecho Animal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (IDA); Club de Observadores de Aves Güirá Pirá y la Asociación Protectora de Animales de Chajarí (APA).

El escrito