El exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías y el exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel fueron procesados por administración fraudulenta en la causa que investiga las irregularidades en las concesiones de los peajes.
Ripoli detalló el entramado del negocio que habilitó la prórroga de las concesiones por 500 millones de dólares fue direccionado en beneficio de las empresas de la familia del Presidente.
El Ministerio de Justicia informó que revisarán los pagos a las personas que perciben un resarcimiento por haber sido víctimas del terrorismo de Estado.