Son en total 25 familias que desde 2016 no pueden cobrar lo que les corresponde. La síndico encargada de la quiebra de Urbanotec S.A. no los recibió jamás, y poniendo de excusa la pandemia postergó el remate que se iba a realizar el 18 de mayo pasado.
Gustavo Bordet aseveró que no tiene nada que ver con los hermanos Tórtul, investigados en una causa por corrupción que lleva adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Los fiscales Gamal Taleb y Leandro Dato coincidieron en señalar que la denuncia de la defensa del ex gobernador es “claramente de una pretensión de –indebidamente- dilatar un destino que no es otro que la cárcel para Urribarri”.