Ramona Medina tenía 42 años y era paciente diabética, insulino-dependiente. Vivía junto a otras seis personas en situación de riesgo en una misma casa de la Villa 31.
Un proceso de compra de pañales dejó afuera a proveedores históricos, adjudicó a una empresa no inscripta y se quedó con un contrato estimado en US$450 millones.