Cambios en el gobierno: Entre la eficiencia y el gatopardismo funcional

Por Luis María Serroels
(especial para ANALISIS DIGITAL)

Seguramente deben haber sido muchas las comunicaciones intercambiadas durante los últimos días, por vía telefónica o correo electrónico, entre una cálida playa brasileña-Casa Gris y viceversa. Bien sabido es que los cambios que acaban de hacerse públicos en el gobierno provincial no surgieron de un rapto renovador de Jorge Pedro Busti mientras observaba desde una cómoda reposera las espumantes olas del Atlántico. Pero también es una duda a voces que el juego de traslados, enroques y circulaciones ya revelados como parte quizás de una movida más amplia, tenga como exclusiva finalidad lubricar mecanismos y repotenciar los recursos humanos. Otros aderezos estaban aguardando junto al asador, aunque no se advierta aún de qué manjar se trata.

Lo cierto es que las cosas comenzaron a diseñarse en el momento en que el superministro Sergio Urribarri salió a pedir renuncias colectivas, portavoz prolijo y disciplinado de los mensajes del mandatario que, de paso, reafirmaba su principio de autoridad y su propiedad indiscutible de los votos.

La prometida evaluación sobre rendimiento y logros (o no) del funcionariado político es posible que deliberadamente no haya abarcado a la totalidad de esa planta, porque talvez todo estuvo escrito desde un comienzo y sólo se trataba de una limpieza ya resuelta.

La globalidad de los alcances revisores más bien respondió a una diplomática jugada con un propósito nivelador, para no herir susceptibilidades demasiado pronto y también para estudiar el reacomodamiento funcional de los que queden.

Es cierto que los reacomodamientos no necesariamente deben provenir de fracasos, pero se han dado casos de la creación de funciones inexistentes (José Turriani y Lucila Haidar, por ejemplo) casi como una suerte de maquillaje para atenuar o disimular las insatisfacciones de un superior.

Como decíamos al comienzo, los movimientos ya revelados -que, aclárese, son de innegable facultad del gobernador-, lejos están de agotarse en asuntos de índole funcional.

Si, como ha dicho Urribarri, "en ninguno de estos funcionarios se han visto irregularidades o acciones que hayan merecido una reprimenda o un castigo, sino simplemente son cambios naturales que se producen en cualquier gestión y que pretenden la optimización en los resultados que permanentemente buscamos desde el gobierno", aunque mucho no se entienda no caben objeciones y sólo el tiempo será el dictaminador. Pero en ese mismo orden examinador y con los fundamentos de estos cambios, no son pocos los ciudadanos que aguardan modificaciones de fondo en el área de salud, donde en el primer año de gestión sucedieron hechos muy graves (valga citar las no sancionadas compras irregulares o la nefasta Resolución 3139 que colocó a los usuarios del hospital público en serios riesgos respecto del control de medicamentos).

Pero en la iniciada movida, hay elementos que llaman poderosamente la atención y se refieren al desplazamiento de tres vocales del Consejo General de Educación, especialmente el profesor Alejandro Richardet. No es ningún secreto que la riesgosa apuesta de Busti al convocar al radical Felipe Ascúa para conducir el CGE, habría recibido la solicitud -casi como condición- de ser acompañado por el docente diamantino.

Richardet, conviene recordar, proviene de las largas y durísimas luchas de la década del '70, como activo militante y dirigente juvenil peronista, que debió soportar, primero muchos años de cárcel y vejaciones y luego un largo tiempo de injusta e inconcebible segregación aún desde el propio seno partidario.

Para llegar a su despacho debió rendir y sortear un público e inédito examen ante miembros del Senado y ante la sociedad en su conjunto, de sus proyectos, antecedentes, nivel intelectual, conducta moral y habilidad política que, seguramente, eran ya conocidos por Busti a la hora de impulsar su postulación.

Durante el puñado de meses que ha llevado en funciones, no hay dudas de que el tamdem Ascúa-Richardet fue entretejiendo líneas de trabajo y políticas de acercamiento con la cartera nacional y una alentadora nueva sintonía con sectores gremiales. Las estrechas relaciones de Richardet, incluso con el mismo presidente de la Nación, empezaron a abrirle importantes e impensadas puertas al propio Ascúa, quién, como prueba de confianza y buen entendimiento dentro del Consejo, dejó a su colaborador a cargo del organismo mientras gozaba de unas breves vacaciones. Y nada menor por cierto ha sido la lucha interna contra la corrupción enquistada en el Consejo, que su titular llevó adelante con rigurosidad y que tuvo a su vocal como principal aliado, para terminar con todo un sistema de irregularidades donde mensualmente se venían esfumando unos dos millones de pesos en personal fantasma. Se trata de un elemento que surge inevitablemente a la hora del análisis, porque seguramente en la Casa Rosada, donde el estilo K está centrado en la lucha contra los corruptos, alguien hará averiguaciones. También desde la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía de Estado se tendrán que dar respuestas sobre el estado de las actuaciones originadas por aquéllas denuncias.

Pero el Ascúa que demandó contar con Richardet a su lado y que le dejara en sus manos el CGE en transitoria subrogación -aunque con explicables diálogos telefónicos en ese lapso-, interrumpió sus comunicaciones casi como sugestivo preanuncio de lo que sobrevendría. ¿No tendría que haber sido éste quién trasmitiera tan drástica notificación y no Urribarri?

¿Qué motivó toda esta situación? Pareciera que hubo susurros de alguien en los oídos del gobernador y alguna operación bien aceitada para que las cosas sucedan, estimuladas por la inocultable mala relación entre el vocal desplazado y el ministro del área. ¿Tan irreconciliables eran sus diferencias?

¿Fue tan grave lo sucedido como para echarlo a Richardet y no tanto como para habérsele insinuado un futuro cargo en la Universidad Autonóma? ¿Importó más adónde podría ir o en dónde no debía continuar? ¿Es esto sólo una cuestión de Estado o la ciudadanía merece mayor información? Se va cumpliendo lo que decíamos en Análisis del 10 de diciembre último: se corre el riesgo de arribar a un gatopardismo funcional. Las verdaderas causas de este episodio, aunque quizás nunca se admitan, ya están instaladas en el fértil imaginario colectivo.

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