El titular de Casación les dijo con diplomacia a los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Leopoldo Bruglia, que no es conveniente que el juicio se haga fuera del ámbito del Poder Judicial. Les expuso su experiencia en La Haya donde, señaló, no existen los juicios itinerantes.

El TOF 5, en rigor, no tenía posición tomada sobre la posibilidad de hacerlo en la ESMA, pero tampoco lo descartaba ante la falta de salas de audiencia, que es un problema generalizado en los juicios de derechos humanos. David les retrucó que tienen a disposición la sala donde se hizo ya el primer juicio por crímenes cometidos en ese centro clandestino, conocida también porque allí se juzgó el atentado a la AMIA. En el encuentro sólo se rozó el debate por la situación de los testigos.

La idea de hacer el juicio en uno de los edificios de la ex ESMA había surgido desde el Programa Verdad y Justicia (del Ministerio de Justicia) como posible solución ante la falta de un lugar capaz de albergar lo que podría ser un megajuicio, con 61 imputados y 700 testigos, según explicó Beinusz Szmukler, del área de enlace institucional, en declaraciones reproducidas por Página 12.

A su entender, hacerlo allí “tendría una fuerte carga simbólica” ya que “se juzgaría a los imputados de los crímenes más horrendos de la historia argentina en el mismo lugar en que los cometieron”. Así, planteó esta posibilidad al TOF 5 y al Consejo de la Magistratura. La semana pasada fueron a ver el lugar, junto con cuatro jueces de Casación (Gustavo Hornos, Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Juan Gemignani). Después les pidieron a los técnicos del Consejo un informe sobre cuánto tiempo llevaría acondicionar un viejo cine y un salón del predio.

La iniciativa generó cuestionamientos entre una mayoría de testigos y organismos de derechos humanos, más allá de las buenas intenciones de la propuesta original. También cayó mal en la Comisión Interpoderes (que reúne a representantes de la Corte de otras instancias judiciales, del Poder Ejecutivo y del Legislativo) que se ocupa de acelerar y mejorar los juicios de derechos humanos, y dentro de la propia Casación, porque la visita a la ex ESMA no fue consensuada. Ese tribunal asigna salas, y además dictó las “reglas prácticas” para acelerar los juicios complejos, una de la cuales apunta al resguardo de los testigos. La abogada del CELS, Carolina Varsky, señaló que sería contradictorio de parte de Casación admitir un juicio en la ESMA “teniendo en cuenta que estableció que los jueces deben proteger hasta la salud mental de los testigos”.

“Llevar allí a declarar a las personas que estuvieron secuestradas o a sus familiares es una forma de revictimizarlas”, dijo. En la misma línea, Agustín Chit, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo que “hay familiares que hace años que no logran entrar a la ex ESMA como museo, pedirles que declaren allí desalienta”.

El abogado Rodolfo Yanzón, de la querella de KAOS, sostuvo que “es necesario conseguir un lugar de audiencias que sea exclusivo para el juicio de la ESMA, para tener al menos cuatro audiencias a la semana”.

“Pero eso no debe llevarnos a cualquier alternativa. Pensar en la ESMA como lugar de realización del juicio es pensar que ese predio puede tener una finalidad distinta a la de memoria. Ni qué hablar sobre el lugar que les toca a los testigos. Si se piensa que algún funcionario del gobierno nacional fue quien impulsó la idea, significa que no se comprendió la esencia de los juicios, ni lo que significa preservar y resguardar la integridad de los testigos, sobre todo de los sobrevivientes”. Szmukler admitió los argumentos, aunque dijo que “se podría declarar por videoconferencia”. Uno de los sobrevivientes de la ESMA que apoyó su propuesta fue Víctor Basterra. Casación ya parece haberle puesto freno a la iniciativa.