“Estamos aportando la información que nos piden los fiscales y el Juzgado para seguir avanzando en este tema. Hasta ahora hay dos períodos de denuncia: uno que es de 2012 en adelante, donde están involucradas 65 empresas, algunas personas físicas y otras jurídicas, que la Justicia ha requerido saber quiénes son sus representantes legales. La segunda etapa comprende a 141 empresas de las cuales algunas se repiten en el anterior período y otras se incorporan”, detalló el titular de ATER en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).

“La expectativa que tenemos es que se llegue al fondo de la cuestión y que podemos recuperar los 37 millones de pesos que hicieron un gran daño fiscal porque nunca entraron a las arcas provinciales”, señaló.

“Ahora estamos trabajando en la época de 2004, donde ya vimos las mismas empresas y los mismos empleados, pero con esta etapa primera estamos comenzando con las indagatorias y la gente de ATER está abocada a responder a los fiscales y el juzgado”, remarcó.

En ese sentido, luego añadió: “El Tribunal de Cuentas nos requirió mucha información, así que se trabaja en eso. Encima hubo feriados y por eso estamos un poco demorados, pero la semana que viene ya formalizaremos la tercera denuncia, que cuenta con un número más chico de empresas involucradas”.

Ante la consulta hasta dónde continuará la investigación, Casaretto indicó: “Estamos trabajando cada vez más atrás en el tiempo, pero se hace difícil acceder porque hubo una renovación del sistema informático en 2005. En cuanto al tema de la prescripción, queremos que esa determinación la tome la jueza. Porque los impuestos de padrón prescriben a los cinco años, por eso en algunos casos tenemos la posibilidad de accionar y recuperar la plata para el Estado. De ahí para atrás es una cuestión opinable de acuerdo al criterio de la Justicia. Luego veremos si podemos accionar en un cuarto período, pero va a ser más complicado porque es cuando se usaron federales, cajas de conversión y hubo compensaciones de distintas formas”.

Contó además que la semana pasada anuló “las compensaciones truchas. Esto se está haciendo a nivel centralizado y se pidió que cada oficina de la provincia determine cuáles son las multas correspondientes para las empresas. Había un caso en que se borraban deudas de impuesto inmobiliario, automotor, cuotas de un plan de pago. En algunas quizás había un plan especial a 60 cuotas y tal vez compensaron 10 y luego se empezó a pagar, así que eso se dio de baja. Así que habrá que analizar bien todo esto”.

Más adelante sostuvo: “Acá hubo una cadena de corrupción, porque estuvieron quienes pagaban para eliminar la deuda y quienes cobraban por hacerlo. Entonces esto fue en pleno conocimiento de la empresa, nadie puede no darse cuenta de que debía 1 millón de pesos y de golpe no deber nada y no darse cuenta”.

Recordó que “esto comenzó porque en una oficina de Victoria se detectó una operación irregular, entonces ahí me pongo a ver otras operatorias hechas por las misma empresas y veo que de manera reiterada habían hecho lo mismo, se habían cargado las compensaciones y me doy cuenta de las recurrencias del mismo empleado. Ahí fue cuando empecé a desenrollar toda esta trama y lo hice como auditoría a mi propia gestión, para poder funcionar mejor como organismo. De esta forma, fuimos viendo que a estas compensaciones nadie las había autorizado, es decir, no hay ningún trámite legal. Son operaciones truchas, donde había empleados que cargaban una operación ficticia. Esto viene desde hace muchos años y trasciende este gobierno. Hace muchísimos años que le están robando a Entre Ríos”, lanzó.

“Ahora la jueza tendrá que resolver esto. No creo que un solo empleado haya atendiendo a tantas empresas a las que les borraba las deudas. Se ve que hay una recurrencia de los mismos empleados, pero donde se esconde una trama muy particular y habrá que ver en todas las dependencias de la provincia donde ocurrió esto”, manifestó Casaretto.

“Cuando se van relacionado cosas, los fiscales podrán ir desenrollando la trama y a partir de esta primera ronda se podrán ir formando un criterio donde aparecerán en un futuro otros nombres, pero para eso tenemos que esperar a que se rompa este código de silencio que hay entre quienes participaron del fraude”, aseguró.

En cuanto al proyecto de eliminación de las compensaciones que presentó el diputado provincial Juan José Albornoz (FpV), Casaretto opinó que “hay una confusión entre lo que son estas operatorias legales, que es un recurso utilizado por el Estado desde hace décadas, y las ilegales. Acá creo que hay que eliminar lo ilegal. Pero esta será una discusión que tendrán que mantener el Ejecutivo y la Legislatura. Lo lógico sería que el Estado se cobre los impuestos a quien tiene que cobrar y pague lo que corresponde, sin mecanismo de compensación”.

En referencia a los empresarios involucrados que se comunicaron con Casaretto, destacó: “Los dueños de un supermercado de Paraná me llamaron para decirme que iban a pagar. Otros se acercaron al mostrador de ATER a preguntar para regularizar la situación, pero hasta el momento no le hemos podido cobrar a nadie porque tenemos que acomodar todo y dejar varias cuestiones en regla. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, como es el caso de empresas que al haber pagado todo, más allá de que fue de forma trucha, pidieron un libre deuda y le fue otorgado. Así que esos fueron anulados, pero calculamos que la semana próxima ya podemos empezar a cobrar”.

Finalmente, el titular de ATER aseveró: “Estoy en la administración pública desde hace 24 años y sé que siempre nuestros actos están sometidos al escrutinio público y nosotros estamos contestando oficios de la Justicia todos los días. Estamos totalmente a disposición de la Justicia y los organismos de control. Cuando uno está en una situación de esta magnitud, tiene que hacer lo correcto, que es denunciar y no debe temblar el pulso”.