En las sillas dispuestas para los imputados volvieron a ubicarse el ex jefe comunal concordiense y actual titular de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Cresto y su ex secretario Daniel Martínez y solo estuvo ausente el otro funcionario implicado, Alfredo Francolini, por una avería técnica de su vehículo cuando viajaba de Paraná a Concordia. También presenciaron la jornada los concejales Jorge Ferrera, Martín Santana, Marcos Wdowiak, Roberto González, Ricardo Zubillaga, Heriberto Pezzarini y Roberto Chabrillón.
Fue la fiscal María José Fonseca comenzó con los interrogatorios a los cuatro testigos citados; Lourdes Gamboa, Mireya López Bernis, Gladis Tribulatti y Ricardo Larocca.
Fue el último concejal radical que tuvo Concordia quien señaló que en el año 2006, “todos (los ediles) estábamos de acuerdo en que había necesidad de un planta de tratamiento de residuos”, aunque subrayó que “días previos a la aprobación del convenio con CETRU, hubo una reunión con un funcionario de la provincia que nos decía que iba a haber cuatro regiones en Entre Ríos y que iban a tener un financiamiento del Banco Mundial para el tratamiento de los residuos”.
Asimismo, justificó su voto por ese entonces, indicando que “no veía con buenos ojos que una empresa privada lleve a cabo esto. Se debía llamar a licitación pero uno estaba en posición de ser minoría, aunque el estado no podía desprenderse a 20 años de este servicio”. Aunque, según relató Diario Río Uruguay, en varias ocasiones se excusó en “no recordar ni poder aportar mucho” en la causa.
En cambio, la ex concejal por Nuevo Espacio, Gladis Tribulatti no dudó en afirmar que luego de su voto negativo, se planteó reiteradamente “si tenía la facultad de contestar si el destino final de los residuos es parte del servicio público y no le encuentro una respuesta”. Además, señaló que su preocupación de entonces era la búsqueda de una salida laboral para las personas que se dedicaban al tratamiento de la basura en el campo del Abasto. “Se acordó con la empresa hacer un censo para conocer cuántas personas trabajan en el lugar y supimos que eran cerca de 50 las que podían emplearse”.
Por su parte, López Bernis puntualizó luego de su jura que no presenció la votación en el recinto del Concejo Deliberante por un viaje programado que tenía, “aunque pedí que se trate otro día, pero la decisión del cuerpo fue otra”. Coincidiendo que “no fue una postura unánime hacer una licitación” y dijo creer que “la disposición final de los residuos no es un servicio público”.
Finalmente, el juicio oral y público continuará la semana próxima con citaciones a declarar de ex y actuales funcionarios del municipio y de la provincia.