El periodista Juan Gasparini presentó el viernes en Paraná su último libro, La injusticia federal, donde hace un análisis de cómo se sucedieron los hechos que desembocaron en la causa por el presunto pago de sobornos para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Gasparini relata, a partir del recorrido del expediente judicial, todas las pruebas recolectadas por la justicia, en una causa que por estos días ha vuelto nuevamente a escena. Tras su exposición se generó un rico debate del que también participó el ex senador nacional Héctor Maya, que fuera uno de los cuatro que votó en contra de la polémica ley. El ex legislador dijo que no creía en el arrepentido Mario Pontaquarto, y aseguró que operó por cuenta del ex vicepresidente Carlos Chacho Alvarez, quien buscaba un golpe institucional.
En la sala 2 de un Centro Cultural La Hendija que también recibía la música de Carlos Negro Aguirre, Juan Gasparini, el periodista argentino pero residente desde hace varios años en Suiza, presentó anoche en Paraná su libro La injusticia federal.
Gasparini contó, a partir de las pruebas obrantes en el expediente judicial, cómo se tramó el pago de coimas a los senadores del justicialismo, pero también de la Unión Cívica Radical (UCR), para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral en abril de 2000, durante el gobierno de la Alianza; e hizo un recorrido respecto de la manera en que el gobierno de Fernando de la Rúa se la ingenió para hacer llegar a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) el dinero que luego se distribuiría entre los senadores.
Así, se apeló a la emisión de decretos para aumentar los fondos del organismo por pedido de su titular, Fernando de Santibañes, con justificativos que luego se comprobaron falsos, como el pago de facturas telefónicas impagas y de indemnizaciones que luego los beneficiarios tuvieron que reclamar en la justicia.
Gasparini hace especial hincapié en el hecho de que la investigación no está contaminada por entrevistas o relatos de los protagonistas, sino que es el desmenuzamiento de las pruebas obrantes en el expediente judicial, por lo que no dudó en responsabilizar a los distintos jueces que tuvo la causa por su estancamiento. Así, recordó que Carlos Liporaci fue removido “por corrupto”, acusado de enriquecimiento ilícito; mientras que Gabriel Cavallo utilizó la causa para llegar a ser camarista a pesar de no tener los antecedentes necesarios para acceder al cargo; mientras que Rodolfo Canicota Corral se encargó de paralizar la causa a partir de la no producción de pruebas requeridas por la Cámara Federal cuando anuló los procesamientos contra los imputados De Santibañes, el senador radical José Genoud, el justicialista Emilio Cantarero y el arrepentido ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto.
Sin embargo, el periodista pone un énfasis especial y abre una luz de esperanza en el accionar del nuevo juez Daniel Rafecas, por haber cumplido cada uno de los pasos planteados por la Cámara respecto de la corroboración del anónimo por el cual se destapó el supuesto pago de coimas y de los dichos de Pontaquarto, pero también en la acumulación de nuevas pruebas, por lo que no sólo estaría en condiciones de insistir con los procesamientos de los cuatro imputados, sino también ampliarlos a nuevas personas, entre ellas el ex senador entrerriano Augusto Alasino.
Tras su exposición fue invitado a subir al estrado el ex senador Héctor Maya, quien fuera uno de los cuatro en votar en contra de la ley, de la que fue uno de sus principales críticos desde el mismo tratamiento en comisión, e inclusive brindó asesoramiento a la entonces diputada nacional Adriana Bevacqua (PJ-Entre Ríos) sobre las terribles consecuencias que traería a los trabajadores, según confesara ella misma.
Según Maya “todo se cocinó en el despacho de Chacho Alvarez. De manera que es imposible que no haya sabido de las coimas o no haya participado de la operación”, e inclusive lo acusó de haber querido extorsionarlo para que vote la reforma laboral. En ese sentido, Maya dijo que cuando advirtió la voluntad que tenían los legisladores del justicialismo para votar la ley, se retiró del bloque, en febrero del año 2000 junto con Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Carlos Sergnese (San Luis) y Daniel Varizat (Tierra del Fuego), con quienes conformó el subloque 17 de octubre. Asimismo, Maya recordó que cuando empezaron a tratarla en comisiones, advirtió que había una necesidad del gobierno de aprobar esa ley y el justicialismo se prestó a una negociación, y que por las presiones de sus compañeros de bloque y del propio vicepresidente se apartó del bloque.
El ex senador afirmó que primero, Alvarez le planteó la necesidad de aprobar la ley por una cuestión de gobernabilidad, pero después le dijo lisa y llanamente que su postura en contrario tendría consecuencias y así fue como le anularon los contratos al personal que trabajaba con él y que lo mismo hicieron con los otros senadores díscolos. No obstante, aseguró que no dejó de denunciarlo en la Cámara e insistió en que si hubiera sabido del pago de sobornos, no hubiera dudado en denunciarlos. Sin embargo, negó que le hayan ofrecido 500.000 dólares para no bajar al recinto como relata Gasparini en su libro.
“Chacho Alvarez intentó dar un golpe de estado institucional para asumir el poder pero después no se animó a terminar, quiso provocar su propio 17 de octubre”, denunció Maya, para luego agregar que el golpe de Estado se concretó para devaluar el peso y favorecer a los grandes grupos económicos, entre los que contó a Clarín, Telefónica, Telecom y Techint, aunque dijo que en realidad los beneficiados fueron unas 600 empresas. “Y que lo mismo pasó con Adolfo Rodríguez Saá, que fue despojado de la Presidencia en un golpe institucional por no querer devaluar”, dijo.
Por último, también apuntó contra el arrepentido Mario Pontaquarto, a quien acusó “de operar por cuenta de Chacho Alvarez, aunque negoció su presentación en la justicia con el actual Presidente Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández”; e insistió en que “De la Rúa era un pánfilo y un mediocre: lo fue como senador y lamentablemente llegó a ser Presidente, por lo que no pudo haber orquestado las coimas en el Senado de la Nación”.