Con cambios, Diputados consiguió los despachos sobre el Consejo de la Magistratura y las cautelares

El oficialismo introdujo una serie de cambios al texto original sobre el Consejo de la Magistratura, que apuntan a restarle facultades presupuestarias y administrativas y devolvérselas a la Corte Suprema. Así, se escuchó el reclamo de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de todo el país. “El Consejo posee una estructura típicamente parlamentaria alejada de la agilidad y celeridad que requiere la tarea ejecutiva”, alertaron en ese sentido.

De todas formas, las modificaciones fueron cuestionadas por la oposición. “Es un retroceso gravísimo en términos de independencia judicial”, lamentó el presidente del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, quien negó que exista “equilibrio” con la nueva integración del Consejo, consignó Parlamentario.

Muchos se mostraron escépticos con los cambios sugeridos por el oficialismo. “Vaya a saberse qué hay detrás de todo esto”, dudó Liliana Parada (Unidad Popular). Más dura, Elisa Carrió (CC-ARI) denunció un “pacto” entre el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y la Presidenta Cristina Fernández: “Le da el manejo del dinero, del presupuesto y del personal, aún más allá de lo que dice la Constitución”, lanzó.

El riojano Jorge Yoma le bajó el tono y desestimó que exista tal acuerdo, aunque mantuvo su postura y firmó en soledad un dictamen de rechazo para cada proyecto. En tanto, el peronista disidente Gustavo Ferrari le respondió al ministro de Justicia, Julio Alak, y sostuvo que “el Poder Judicial es contramayoritario porque garantiza la igualdad ante la ley”.

La oposición también rechazó el proyecto que crea tres nuevas cámaras de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, en el Trabajo y la Seguridad Social, y en lo Civil y Comercial. Tampoco faltaron las críticas a las restricciones a las medidas cautelares. El proyecto dispone que un juez sólo podrá dictar una cautelar si es competente en la causa. Caso contrario, podrá tomar una medida unilateral sin escuchar al Estado cuando se encuentre comprometida la vida, la salud, el derecho alimentario o el medio ambiente, o cuando el tema afecte a sectores vulnerables.

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