De ANALISIS DIGITAL

El senador del justicialismo santafesino Carlos Reutemann defendió el proyecto al señalar que la Argentina "ha sido vista como granero del mundo, un granero ubicado en un suelo específico, y por eso es necesario protegerlo y dejarlo en manos de los connacionales".

A su turno, el radical Mario Cimadevilla consideró que "la tierra debe ser privada de su carácter de mercancía, de ser objeto de mercado" y advirtió que esta ley "no evita que se trate a la tierra únicamente en su valor comercial".

"Esta ley únicamente está contemplando los aspectos especulativos pero no avanza en los aspectos productivos", agregó Cimadevilla. En sintonía, el también radical Gerardo Morales consideró que "es muy bueno que se dé el debate para regular la extranjerización de las tierras" porque "la ausencia de normativa y política termina generando situaciones en perjuicio del país".

El bloque de la UCR votó a favor del proyecto en general, aunque propuso modificaciones en particular que no fueron aprobadas. Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani consideró que esta ley "es un paso adelante" y votó a favor, pero advirtió que "debe completarse con una ley integral de uso y tenencia de la tierra que limite la concentración, garantice la protección de los recursos naturales y el desarrollo económico".

En el mismo sentido, el senador del Frente Amplio Progresista (FAP) Jaime Linares también votó a favor pero consideró que "el apuro y la imposibilidad de agregar o modificar conceptos que mejoren la redacción, hacen que esta buena iniciativa tenga insuficiente alcance y no tenga buena calidad legislativa".

La ley establece que la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros no podrá superar el 15 por ciento del territorio nacional y se fija el mismo límite en relación con el total de tierras rurales de cada provincia y de cada municipio.

En el texto también se establece un límite máximo para una misma persona o empresa extranjera de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (el sector más productivo de la pampa húmeda) o de una extensión equivalente en el resto del país.

Además, prohíbe al capital extranjero la titularidad de las tierras "que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes", así como "los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera".

La ley afecta a las personas físicas extranjeras que no tengan domicilio real en Argentina y las personas jurídicas cuyo capital social en proporción sea superior al 51 por ciento. El proyecto también crea el Registro Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, presidido por ese ministerio e integrado por las carteras de Agricultura, Defensa, Interior, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y representantes de todas las provincias.

La realidad entrerriana

La limitación de tierras a extranjeros hace ya un tiempo se viene analizando, pero, evidentemente, sin demasiado éxito. La reformada Constitución de Entre Ríos, en uno de sus artículos, “promueve la unidad económica productiva mediante leyes que contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo progresivo de las actividades productivas locales y el estímulo de la tenencia de la tierra por sus residentes. La legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas. Resguardará el orden público en relación con la adquisición de inmuebles rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras no residentes en el territorio nacional”.

El mencionado párrafo está contenido en el artículo 86 de la flamante Carta Magna, sancionada en el 2008, pero lo que allí se pregona sigue sin estar reglamentado. O sea, la decisión política para llevarlo adelante no se ha concretado, pese a que recientemente se cumplieron tres años de la sanción. Así es como las inversiones extranjeras en Entre Ríos continaron su curso y sin ningún límite. De hecho, en las páginas de internet existían, hasta semanas recientes, no menos de 100 sitios donde se ofrecen tierras “para inversiones extranjeras” en lugares de la provincia ubicados en Villaguay, Federal, Feliciano, La Paz, Gualeguay o Concordia, en cifras importantes: el precio de la hectárea oscila entre 3.000 y 6.500 dólares, según la zona.

Los holandeses de Farming Salentine -que se instalaran primero en Cerrito, se desarrollaran luego en La Paz y finalmente en Gualeguay, al igual que en Corrientes y Mendoza- ya no tienen sus casi 20 mil hectáreas a nombre de tal firma. Ahora están bajo la figura social de Beleggingsmaatschappia Moeflon, que nadie se anima a pronunciar. En realidad, en Mendoza ya figuraban así desde 2001, pero en Entre Ríos -la provincia que los cobijó desde 1994, en pleno gobierno de Mario Moine- es reciente tal denominación.

Pero el espectro es más amplio, en ese mapa de más de un millón de hectáreas de Entre Ríos, que se encuentran en manos extranjeras actualmente. Junto con su principal operador de negocios, el capitalino Eduardo José Choren, el inversor norteamericano Douglas Tompkins aparece en dos de las once sociedades que figuran en los organismos de control del país. Estancia Laguna Blanca SA y Alto Feliciano SA son las firmas con las cuales opera en esta provincia.

Las primeras 3.000 hectáreas que adquirió se las compró a Ricardo Winitzky, en julio del 2009, accionista mayoritario de la firma Laguna Blanca SA. Winitzky está prófugo de la justicia peruana desde el 2001, acusado de los delitos de peculado, asociación ilícita, falsedad genérica, defraudación de rentas de aduanas y recepción de fondos, en su rol de ex hombre de confianza de Vladimiro Montesinos, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia Nacional (SIN) y allegado directo al ex presidente Alberto Fujimori. Winitzky quedó fuera de la sociedad Estancia Laguna Blanca en julio de 2008, en que los socios de Tompkins tomaron el poder absoluto a través de Eduardo Choren. No obstante, el hombre de negocios oscuros en Perú y su familia disponían de cerca de 3000 hectáreas en la zona y el casco de la estancia. O sea que se ven seguido con los operadores de las firmas extranjeras. Parte de esas tierras, que aún poseen fueron arrendadas, una parte a Cargill y otro a la cooperativa de La Paz.

Un día antes de la votación en el Senado de la ley que limita la propiedad de tierras por parte de extranjeros, un grupo de Arabia Saudita anunció la compra de 12.300 hectáreas en las zonas más codiciadas. Almarai, la mayor compañía láctea de ese país, informó la adquisición de la agropecuaria Fondomonte, dueña de dos establecimientos ubicados en General Villegas, Buenos Aires, y otro en Villaguay, que producen maíz, soja, sorgo y arroz, entre otros cultivos. El grupo árabe pagó US$ 83 millones por la empresa que había sido fundada en 2005 por inversores extranjeros, mediante una inversión de US$ 56 millones, según ellos mismos informan en su sitio. El objetivo de la compra, explicaron en la empresa a través de un comunicado, es asegurarse el abastecimiento de materias primas en el exterior “para preservar los recursos locales” . Utilizarán los cultivos argentinos para alimentar los pollos y el ganado que producen. Almarai elabora lácteos como postres, yogures y quesos y también está en el negocio de jugos y alimentos para niños. Según indicó la empresa, pagará la operación con fondos propios y préstamos acordes a los principios musulmanes, que generalmente prohiben el pago de intereses.

La operación no estará alcanzada por los límites que impondrá la nueva ley a la compra de tierras por parte de extranjeros que se trató hoy en el Senado y que ya tiene media sanción, porque no será retroactiva. La normativa fija en un 15% el territorio permitido para la posesión extranjera (hoy sería de un 10%, según la FAO) y un tope de mi hectáreas para cada extranjero.

Los capitales de Arabia Saudita ya estuvieron dando vuelta el campo argentino este año, cuando se anunció que un grupo de ese origen invertiría US$ 400 millones en Chaco.