El 9 de enero la Justicia daba por entonces los primeros pasos para tratar de determinar si un grupo de trabajadoras del Estudio Contable Marsó habían llevado -durante años- una acaudalada estafa que tenía como víctimas a varios clientes de ese estudio. Finalmente este martes, el fiscal Aníbal Lafourcade imputó a las tres empleadas

Todo comenzó con un llamativo despliegue policial y de funcionarios policiales que alertaron la tranquilidad de la coqueta zona de calle La Rioja y Brasil de Concordia, con lo que era el allanamiento al domicilio de una de las mujeres sospechadas de ser parte de una asociación ilícita que -aprovechando la confianza de la que gozaban en su lugar de trabajo- habrían estafado durante varios años a los clientes del estudio contable Marsó, que tiene sus oficinas en calle Buenos Aires, a pocos metros del club Ferrocarril.

En esa jornada, si bien la tarea de recabar pruebas se realizaba bajo el más cerrado hermetismo, este medio podía averiguar que los damnificados de las maniobras fraudulentas eran el propio estudio y varios clientes, a cuyas cuentas y administraciones las tres mujeres (que son hermanas) tenían total y transparente acceso.

“Ahora, después de diez meses de investigación, porque es algo realmente muy complejo y hubo que reconstruir históricamente los hechos, el fiscal Lafourcade imputó a las tres hermanas por los hechos transcurridos desde el año 2006 al 2010”, precisó el abogado Giorgio a Radio Oíd Mortales.

Simplificando cual fue la maniobra de la que fue víctima su cliente, el abogado explicó que la persona a la que representa como querellante “confiaba en que el estudio contable abonaba los impuestos, pero esto no era así”, porque las responsables de hacerlo (las imputadas) operaban con una serie de engaños que en más de una oportunidad terminaban en intimaciones a los clientes por morosidad ante el fisco, pero con la particularidad que las propias empleadas, “llegaban a pagar con cheques propios” esas deudas, con lo que mantenían la reserva de la situación.

Giorgio reconoció que las trabajadoras tenían “una antigüedad que iba desde los 30 años en el empleo y 17 años de servicio, es decir que tenían conocimiento y había una confianza plena por parte de los clientes y responsables”, con una experiencia que también les había permitido “adquirir un conocimiento importante en cuanto a las modalidades para poder luego hacer estos engaños”.

Según sintetizó Giorgio, a esta hermanas “se le imputa haberse apropiado de sumas que mensualmente debían tributar como contribuyente y empleadores”, ya que por ejemplo “tenían, por decirlo de algún modo, una contabilidad paralela y si tenían que pagar 70.000 pesos de un cliente por ingresos brutos, usaban dos modalidades o no pagaban nada o pagaban parcialmente y el resto mantenían la diferencia”. Llegando al punto de que “para ocultar la maniobra a los clientes les entregaban comprobante de pagos apócrifos, que están secuestrados y que guardan mucha similitud con los originales. Entonces se archivaba y quedaba como pago”.

Según reprodujo Diario Río Uruguay, todo funcionaba de manera tan aceitada que “cuando a los meses se daba cuenta el fisco, ellas mismas frecuentaban los organismos recaudadores y cuando salía la intimación se apersonaban y hacían el pago”. Practicando esta maniobra “tanto en la AFIP, la Dirección de Rentas, y las oficinas de recaudación de impuestos municipales”.

Giorgio incluso señaló que “pudimos reunir una cantidad importante de pruebas y lamentablemente son muchos más los perjudicados”, adelantando que “luego de la feria se van a importar otros delitos, ya que estamos investigando si hay alguien fuera del estudio, que haya colaborado con estas tres hermanas”.