Por Luis María Serroels (Especial para ANALISIS DIGITAL)

En el caso particular del Senado, se está imponiendo un juego de las escondidas que traslada los despachos a los cortinados, enfilado a evitar el quórum y hacer fracasar las sesiones –con responsabilidades compartidas con la oposición- y colocan a la ciudadanía en un rol de espectadora pasiva de un triste sainete, porque la sociedad no tiene quórum. ¿Es que todo el período legislativo tendrá estas características que dañan la institucionalidad? Es inconcebible que el kirchnerismo boicotee el debate sobre la ley del Impuesto al Cheque, lo cual significa que existen representantes de provincias muy asfixiadas financieramente, que le dan la espalda a medidas que atemperarían esta coyuntura, sólo por responder a los dictados de un centralismo voraz y arbitrario. La oposición tampoco puede eludir su liviano compromiso con el pueblo que concurrió a las urnas, porque discusiones bizantinas sacan de foco los temas más graves que demandan análisis y solución. Falta seriedad y grandeza.

El constante menosprecio exhibido desde la Quinta de Olivos contra la autonomía del Parlamento, es la peor respuesta orquestada para amortiguar los duros efectos de la última derrota electoral, que dejó al oficialismo sin la cómoda mayoría que ostentaba y que le permitía imponer sus desatinos (la doctrina de la vetomanía podría ser el Plan B frente la eventual hegemonía opositora). Néstor Kirchner convocó a sus acólitos para diseñar estrategias parlamentarias en su rol de presidente usurpador.

En sintonía con esta arremetida, ahora se enfilaron los ataques hacia el Poder Judicial, donde las mayores embestidas verbales salen de la propia presidente de la Nación, olvidando que la gran responsabilidad a la hora de preservar su investidura es suya y recae sobre sus espaldas.

Alejandro, fiel servidor de los dictados K, sorprendió a la sociedad con dos ideas que jamás podrían ocurrírsele a un político con un razonable coeficiente intelectual y algo de apego por la legalidad y la sensatez. Desde la integración amañada del Consejo de la Magistratura, que pone a los jueces en estado de inestabilidad bajo la mirada inquisidora en grado de amenaza del Poder Ejecutivo, no se concebían iniciativas como las que “el otro” de los Rossi ha pergeñado (o en todo caso obligado a presentar).

Una de ellas consiste en explorar sobre la vida privada de los magistrados –que podría extenderse a la dirigencia política y a la prensa-, en busca de elementos que los tornen vulnerables para hacerlos blanco de ataques públicos descalificadores. Pocas dudas caben de que este buceo –que vulnera el artículo 19 de la Constitución Nacional- pretende alterar, cuando no aniquilar, a aquellos magistrados cuyas decisiones no estén en consonancia con las necesidades e intereses del establishment gobernante. Una forma de domesticación que condicionaría la sana crítica y la libre convicción de quienes administran justicia.

La otra iniciativa surgida esta semana de la fértil imaginación de Alejandro Rossi, apunta a establecer que los jueces deban rendir examen cada cuatro años, lo cual procura disponer de un cuerpo de magistrados adictos e indulgentes, bajo la Espada de Damocles que los induzca a fallar en sintonía con el poder político. Podría afirmarse que nadie se atrevería a apartarse de las leyes sólo por someterse a los caprichos de la Casa Rosada, sabiendo que existen tribunales de alzada que los amonestarían gravemente. Pero no es menos cierto que los camaristas que deban revisar los fallos quizás también sean objeto de este atropello con rostro de prueba de idoneidad y sólo aplicable al poder que controla los desbordes de los otros dos.

Pero al margen de estas hipótesis, no hacen falta mayores elucubraciones para determinar que estamos ante un acto de vesanía jurídica y una grosera violación de preceptos constitucionales incontrastables. Este tipo de aventuras lleva a preguntar si todos los legisladores que juran, conocen realmente el contenido de la Carta Magna por la cual se comprometen ante la Nación y la historia.

El artículo 110º de nuestra ley suprema, reza que los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales inferiores, conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Ya que un extraviado innovador ha salido a plantear semejante disloque institucional y por las dudas tenga imitadores regionales, es bueno recordar que este principio halla su traducción en el art. 194º de la Constitución entrerriana, estableciendo que los jueces sólo podrán ser removidos previo juicio político o un jurado de enjuiciamiento, según correspondiere.

Se está ante una inconstitucionalidad manifiesta que violenta el principio de inamovilidad de los magistrados y que propende a disciplinar a quienes cumplen su deber sin miedos y por lo tanto no resultan funcionales a los enjuagues del poder político, sin temerle al Consejo de la Magistratura. En síntesis, este proyecto se estrella contra la independencia del Poder Judicial y por lo tanto contra la República.
Frente a tal crueldad legislativa, insanablemente nula, valdría propiciar que los funcionarios políticos sean examinados anualmente por mesas populares. Y porqué no, también los juristas que asesoran a la presidente y así tratar de interpretar la mala praxis intelectual en que incurren cuando la inducen a cometer tantos dislates al momento de firmar decretos con o sin necesidad y con o sin urgencia.

Con las mismas ideas “rossistas” y en tren de higienizar la excelencia funcional en el poder político, no deberían escapar por cierto a una revalidación anual los presidentes de turno para establecer cuánto ha alcanzado su grado de calidad y de cumplimiento. Para que la revocatoria de mandato sea como un perro cancerbero. Así como ocurre en decisiones judiciales que, a través de la probation (suspensión del juicio a prueba), se obliga a los imputados a leer la Carta Magna, también y como ejercicio preparatorio del futuro sistema, debería ordenársele tal práctica al propio Alejandro Rossi. ¡Qué fuerte tufillo a pedagogía Chapista que despiden estas deslucidas tácticas K!

Sangría centralista

En el fondo de las peleas que libran en el Congreso oficialistas y opositores, aparece nítidamente la necesidad del kirchnerismo de mantener intacta su caja, que es la base donde se sustenta su poder y que le sirve para obtener forzadas adhesiones obligadas de gobernadores e intendentes. Desde luego que los proyectos en danza que impulsa la oposición, erizan la piel de los legisladores que responden a la Quinta de Olivos, quienes no vacilan en anteponer ese alineamiento a las extremas urgencias financieras de sus propios distritos.

Ya hemos hablado del Impuesto al Cheque, sobre el que un diputado nacional del PJ entrerriano afirmó que fue creado por Fernando de la Rúa (parece que a la actual administración no le disgusta mantenerlo), olvidando que los miles de millones de pesos que las provincias deben ceder a la Anses desde 1992, fueron obra del dúo Menem-Cavallo. ¿Quién puede arrojar la primera piedra?

Esta semana comenzó a tratarse una reforma integral que podría beneficiar a Entre Ríos, pese a que algunos representantes nuestros no estén muy convencidos. La Coalición Cívica y el Peronismo Federal, están acordes en propiciar la participación plena de las provincias en este gravamen, cuyo beneficio global alcanzaría 7.500 millones de pesos anuales (el actual sistema sólo les reporta, tras variadas deducciones, poco más de 3.970 millones de pesos). También proponen que los fondos retenidos para los Aportes del Tesoro Nacional durante los últimos años, que sumarían unos 9.000 millones de pesos, sean reintegrados a las provincias según el índice de coparticipación secundaria y que el Tesoro deduzca de allí sus acreencias respecto de cada estado. Además se busca que los recursos anuales no utilizados para atender situaciones de emergencia provinciales, se les distribuya al finalizar cada ejercicio según coeficiente (50 por ciento) e índice de necesidades insatisfechas (50 por ciento).

Pero incluye el propósito de extender la coparticipación de ATN a los municipios en lugar de enviarles remesas directamente a las comunas afectadas. El costo fiscal resultante para el Tesoro –dicen los mentores del proyecto- será de 11.000 millones de pesos, menos de la mitad de las transferencias discrecionales efectuadas en 2009.
Paralelamente se reveló que el año pasado Entre Ríos debió ceder al gobierno nacional en concepto de financiamiento del sistema jubilatorio (régimen de reparto) e impuestos no coparticipables, la suma de 1.443 millones de pesos. Esto se desagrega de un total de 30.658 millones de pesos que debió resignar el conjunto de las provincias (22.688 para la Anses, 7.189 por Impuesto al Cheque y 781 por menor recaudación del Impuesto a las Ganancias debido a que las retenciones agropecuarias no se coparticipan.). Entre Ríos fue la sexta entre las que más debió ceder.

Valga recordar que los distritos le cedieron a la Ases entre 2006 y 2009 la friolera de 100 mil millones de pesos y que este año las provincias requerirán 17.000 millones de pesos más que el año pasado para atender incrementos salariales. Está claro que gobernantes genuflexos y legisladores que lesionan el ideario federalista son copartícipes de las inequidades en que incurre el centralismo voraz. El artículo 8º de la nueva Constitución entrerriana, fija pautas inexcusables sobre la defensa del federalismo. Quienes gobiernan ¿no lo saben o no lo entienden?

Reforma electoral

Todos los comentarios generados por el globo de ensayo lanzado desde la Legislatura entrerriana para poner en debate la eventual utilización de lemas y sublemas en las elecciones de jurisdicción provincial, parecen conducir el proyecto a una vía muerta.
Después de nuestro informe anterior y con el agregado de nuevas expresiones dentro y fuera del partido gobernante, parece que el tratamiento decidido para la próxima sesión de los diputados de una iniciativa del legislador Eduardo Jourdán podría resultar lapidario.

El diputado justicialista, enrolado en las filas del bustismo, propicia que el sistema de lemas y sublemas –un mecanismo de elección indirecta-, sea declarado inaplicable en nuestra provincia. Argumenta que una Ley de Lemas sería inconstitucional al no estar contemplada en la Carta Magna provincial y por violar dogmas y principios expresamente previstos en ella. El cuerpo acordó que este tema sería tratado con o si despacho de comisión durante la próxima sesión. Conviene recordar que desde el radicalismo y el Encuentro Amplio (éste lo calificó como “engendro electoral”), ya fue rechazada la idea surgida del senador Raúl Taleb, a la que luego se sumaron sin sustento jurídico otros legisladores y algunos intendentes, que ven en este método una tabla de salvación para evitar una interna muy complicada y plagada de roces.

El proyecto de Jourdán va directamente al meollo de la cuestión y se afirma en que al preceptuar el art. 89º de la Constitución entrerriana que el gobernador y vice de la provincia serán elegidos directamente por el pueblo a simple pluralidad de sufragios, torna imposible aplicar otra norma. Ante algunos comentarios de opinantes en medios periodísticos de que una ley bastaría para instalar el polémico mecanismo, debe recordarse que el sistema electoral está fijado por la Carta Magna provincial y una ley solamente puede reglamentar este precepto para su mejor operatividad pero nunca ir en sentido contrario, modificarlo y mucho menos reemplazar su contenido, burlando la voluntad del constituyente.

Pero además, hay en ciernes una reforma electoral propuesta por la bancada radical, donde se abordan aspectos muy atendibles: implementación de la boleta única, previsibilidad y certeza en el calendario electoral, autonomía funcional del Tribunal Electoral, derogación de la ley de internas abiertas, fortalecimiento del sistema de partidos políticos y financiamiento de las organizaciones partidarias, entre otras iniciativas.

Si esta generación de dirigentes fue capaz de darles a los entrerrianos una nueva Constitución, no se puede desaprovechar la oportunidad de plasmar una legislación electoral moderna y transparente, afianzar el funcionamiento de los partidos (acorde con el artículo 38º de la Ley Suprema) y desalojar todo tipo de suspicacias que tiñan malamente las pujas democráticas dentro del cuarto oscuro, dotando de una fuerte legitimidad de origen a los gobernantes, desterrando cualquier suspicacia y dándoles la imprescindible sustentabilidad representativa.

Cuando la semana laboral iba culminando, el gobernador Urribarri sorprendió al revelarse que había convocado para el 25 de marzo a la máxima dirigencia radical con sus legisladores y los integrantes del Foro de Intendentes del partido. La idea es acertada por lo oportuna y necesaria. Pero no se sabe cuál será la agenda diseñada por el oficialismo como tampoco los planteos y sugerencias que podrían acercarle al mandatario los ocupantes de la vieja casa de San Martín 543.

De todos modos no hace falta ser muy perspicaz para imaginar que entre en la nómina estará como prioridad la reforma a la ley electoral, que viene siendo centro de mucha atención.Y porqué no, la aventura de ciertos legisladores justicialistas de impulsar un sistema de lemas perimido y carente de legitimidad constitucional. Hasta la semana que viene.

No es un hecho irrelevante, que horas después de esta apertura urribarrista, Jorge Busti haya salido a marcar terreno afirmando que “el kirchnerismo representa una deformación trágica del peronismo”. Agregó que “hay gente que sigue aferrada al gobierno nacional y otros que no nos sentimos representados por este gobierno y que daremos batalla como una alternativa de cambio”. Toda señal de eventual unidad, acaba de sufrir un severo traspié. Hasta la semana que viene.