Por Alejo Roa

El ex secretario de Energía de la anterior gestión bustista, Raúl Armando Rico, se abstuvo de declarar por recomendación de su abogado defensor, Ignacio Díaz, en el primer día del juicio que se le sigue por “defraudación al Estado” por una cifra cercana a los 25.000 pesos. El juez de Instrucción Jorge Barbagelata había procesado a Rico el año pasado, luego de una denuncia iniciada por la fiscal del Tribunal de Cuentas, Estela Bovier de Haenggi en 1999.

A Rico se lo juzga, junto a la ex gerente de administración y finanzas de la Compañía Entrerriana de Gas SA, Alejandra Bría, y al publicista Atilio César Protti, por el supuesto pago a una firma inexistente (la de Protti) con facturas truchas de publicidad. El contrato fue en concepto de diseño y diagramación del logotipo del Gasoducto Entrerriano; por diseño y confección de carteles del Gasoducto; diseño e impresión de remeras, gorros y banderas.

Según Protti, “el trabajo se hizo pero el problema fue que había errores de impresión en las facturas que emitía, se equivocaron en el número de mi DNI y les faltó una t a Protti; detalles que no me di cuenta. En enero de 1998 me advierten del error, hago la denuncia ante la Dirección General Impositiva (DGI), imprimo las nuevas, pero con la Compañía sigo utilizando las viejas”. De esta manera, quedaría evidenciado que no se trataba de facturas truchas.

En la investigación de Barbagelata se detectó “la falta de constancia fehaciente de invitaciones a cotizar y la falta de firma de los oferentes en sus propuestas”. Se observó “falsedad en la información, domicilios de los oferentes de dudosa ubicación, falta de la recepción de conformidad de los trabajos y servicios contratados”.

Los auditores determinaron que Protti no poseía local habilitado; no registraba inscripción alguna en la Municipalidad de Paraná; tampoco en la Dirección General de Rentas (DGR) y que el número de factura que figuraba impreso en las facturas “no corresponde a un número de inscripción” del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. También se verificó que no estaba inscripto en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que el CUIT que figuraba era “inválido”. Incluso se consignó, en el informe, que la imprenta que figuraba en el pie de cada factura no existía: el domicilio señalado en Buenos Aires era Avenida de Mayo y Belgrano, que son paralelas. Al respecto, Protti reconoció “errores” pero aseguró estar inscripto en la DGI desde 1994.

Por su parte, Haenggi, la autora de la denuncia, brindó un relato inconsistente que dejó una enorme cantidad de dudas. En su declaración afirmó que “se advirtieron irregularidades en las facturas”, no obstante fue ella quien aseguró que “no se pudo determinar si el perjuicio (contra el Estado) existió”.

A esto se le suma que el propio Tribunal de Cuentas decidió absolver a Rico y Bría en el juicio administrativo realizado oportunamente, por lo que se aprobó la cuenta. No obstante, la propia Haenggi sostuvo “que se está analizando iniciar una acción civil”.

Los elementos de juicio reunidos por Haenggi habían determinado “el rechazo de todos los comprobantes presentados en concepto de contrataciones”. Tras la investigación se consideró responsables al ex vicepresidente de la citada compañía, Raúl Armando Rico y la ex gerente de administración y finanzas de dicha empresa, Alejandra Bría. “Ambos aparecen avalando con su firma la documental rendida ante este tribunal, en el marco de las disposiciones en materia renditiva”, se indicó.

Al respecto, el jefe del cuerpo de auditores del Tribunal de Cuentas sostuvo que durante la auditoría “los comprobantes ofrecía dudas” por lo que se intimó “a la fiscal del Tribunal de Cuentas”.

Durante la instrucción, la fiscal Haenggi sostuvo que “aceptar nueva documentación en reemplazo de comprobantes en los que se han detectado serias irregularidades desvirtuaría el principio de incolumidad del Fisco, en que se funda todo el sistema de la hacienda pública, produciéndose una falta de respeto a la normativa vigente y tornándose verdaderamente fácil para quien tiene la responsabilidad de administrar los dineros del Estado”. Por ello fue que exigió el juicio de cuentas para ambos ex funcionarios y la restitución del dinero al Estado.

Rico también tiene una causa en Capital Federal por defraudación al Estado, de tiempos en que integraba el directorio del entonces ATC, canal estatal, cuando Carlos Menem era Presidente de la Nación. De hecho, Rico llegó a ATC de la mano de Menem y se encolumnó detrás de Gerardo Sofovich. En 1999 fue archivada una causa por enriquecimiento ilícito iniciada en 1996.

En la actualidad, Rico es empresario de la salud. Es quien aparece, entre las sombras, de la firma Medi plus, una de las principales beneficiadas por el ex director de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Ariel de la Rosa, ahora nombrado al frente del área, tras el desplazamiento de Víctor Commendatore, quien, en reiteradas instancias, formuló objeciones por tales contrataciones. Medi Plus tiene como socio gerente al padre de Rico, un hombre de 76 años que hace poco tiempo reside en Paraná. La empresa, de la que Rico se hizo cargo en diciembre último, es proveedora de prótesis de Salud y el IOSPER.

Hoy martes, a las 9, se seguirá juzgando al ex funcionario bustista, a quien en los pasillos de Tribunales aseguran que se lo está siguiendo por “el pancho y la coca”.