El único artículo de dicho decreto reza: “Ratifícase la presentación efectuada por el señor Procurador del Tesoro de la Nación como parte querellante en la causa N° 57.839”.
La ley que el gobierno nacional apeló es de la dictadura del general Onganía, una contradicción para un gobierno democrático que dice defender los Derechos Humanos.
En esa ley se habilita al Estado para que asuma “el carácter de querellante cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos, el orden constitucional y en los casos de delitos contra la seguridad y la tranquilidad pública”.
Los delitos por los que fueron denunciados los asambleístas son 18: homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, daños a los bienes públicos, atentado contra la vida democrática (sic, porque se basa en una ley de la dictadura), sedición y resistencia a la autoridad, entre otros, informó Diario El Argentino.
La Asamblea por el momento piensa responder con un planteo colectivo y acusa al gobierno “de ser partícipe necesario” de cada delito penal.