La decisión del órgano de control fue tomada el pasado lunes 16 y comunicada a través de una publicación en el Boletín Oficial una semana después. En la acordada, el Tribunal de Cuentas establece que la potestad de fiscalización de Cotapa está fijado por la cláusula constitucional que lo obliga a vigilar la percepción e inversión de fondos públicos.

Como se recordará, el Estado provincial capitalizó la acreencia que tenía en la cooperativa tambera por el no pago de impuestos para conformar una nueva empresa, Cotapa SA, que nació el 21 de octubre del año pasado. De los 15 millones de pesos que componen el capital de la firma, 8.455.707 corresponden al Gobierno.

Por ello, según precisó APF, la empresa deberá presentar los estados contables al 31de diciembre de cada año, los que deben contener: Estados básicos: de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto, de flujo de efectivo, anexos y cuadros explicativos. Además deberá brindar información complementaria en notas, toda aquella que se estime necesaria para interpretar la información que se incluya en los estados básicos. Y finalmente tendrá que presentar informe de auditoría.

Asimismo, deberá remitir la memoria del ejercicio y el informe de la Sindicatura. El Tribunal fijó como fecha de presentación de esta información el último día hábil de abril. Sin embargo, y teniendo en cuenta la necesidad de que la firma aporte la información con la que cerró el ejercicio el 31 de diciembre del 2010, estableció como fecha especial para el ciclo actual el 31 de julio próximo.

Por último, la responsabilidad de aportar la información al Tribunal recayó sobre el presidente de la firma, Marcelo Ferrer, y el Gerente General, Guillermo Larenze.