El Tribunal volvió a rechazar la pretensión de la Unión Provincial de oficializar su lista en Entre Ríos. Al hacerlo esgrimió los mismos fundamentos que antes, es decir, que el partido que se pretende oficializar, caducó. Sin embargo, la única categoría habilitada a competir será la nacional, porque así lo estableció la Cámara Nacional. De ese modo, Augusto Alasino, será el único candidato que podrá pegar su boleta a la de Alberto Rodríguez Saá.

Así es porque la Cámara Nacional sólo puede opinar sobre los diputados nacionales y el presidente, que son las categorías que quedaron habilitadas en su reciente fallo. El resto de la boleta responde a otra jurisdicción, que es la provincial. Por eso quedan fuera de la elección el resto de los cargos, por ejemplo, el de Héctor Maya, como diputado provincial.

Rossi también quedó habilitado para competir por la Intendencia al desestimarse la impugnación que le hiciera por su condición de condenado por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, pesó en su favor la suspensión de la inhabilitación para ocupar cargos públicos a la que había sido penado, consignó Recintonet.

Otra de las definiciones del Tribunal fue en favor de Carlos Cecco, a quien se le objetó su participación como funcionario municipal en tiempos de la dictadura. Ya antes el Tribunal había manifestado en favor del ex presidente de la UCR provincial y al hacerlo, cuestionó el artículo constitucional incorporado en la reforma de 2008 y manifestó en esa ocasión la necesidad de contar con un fallo de un juez aunque no estuviera firme y se ajustó al principio de inocencia. Luego, el Tribunal interpretó que “el desempeño de cargos de responsabilidad política en los regímenes de facto debe estar limitada de modo cierto, escrito, estricto y previo a conductas determinadas y vinculadas con ilícitos de lesa humanidad (autoría directa, mediata, coautoría, participación primaria, secundaria y/o instigación) en el marco del plan sistemático de exterminio y eliminación el cual consistía en la desaparición forzada de personas, la sustitución y sustracción de identidad de menores y la aplicación de torturas a los detenidos”.

Finalmente, el Tribunal ratificó la orden que impartió tiempo atrás al Frente Progresista Cívico y Social, para que corrija la lista de diputados provinciales adecuándola a la carta orgánica partidaria. De ese modo, los cinco primeros lugares deberán asignarse por distrito único y a partir del sexto, por orden de mérito de acuerdo a la última elección general, en este caso la de 2009.

Esta decisión guarda coherencia con lo ya resuelto por el Tribunal Electoral y de Disciplina de la UCR, antes de la presentación de la lista para su oficialización y además con los antecedentes obrantes del año 2007, donde primó la carta orgánica partidaria.