“Sólo por dar un ejemplo, ofende la dignidad y la inteligencia de los uruguayenses que se pretenda hacernos creer que Concepción del Uruguay necesita un agraviante ‘casino electrónico’ en el Mercado 3 de Febrero para recuperar el terreno perdido en materia turística. La ciudad necesita políticas serias y planes de largo alcance, que han brillado por su ausencia en los últimos tiempos”, aseveró Artusi en un comunicado público.

En ese sentido, el legislador consideró que “los casinos, en manos del Estado, pueden complementar y diversificar la oferta turística, pero nunca convertirse en el factor clave de las inversiones del sector; y su localización debe limitarse a ciudades con probado perfil turístico”. “Si hoy hay casinos que son deficitarios, es por culpa de sus administradores, y no por un problema intrínseco de la administración pública”, manifestó en coincidencia con los empleados de salas de juegos y casinos que se oponen a la sanción de la Ley de Turismo, en cuyo artículo 3 abre la posibilidad a la privatización de los juegos de azar.

“Abrir las puertas a la privatización del juego es una opción peligrosa; más temprano que tarde los entrerrianos sentiremos sus perniciosas consecuencias”, alertó Artusi, en tanto vaticinó que “la discrecionalidad del gobernador de turno para declarar de interés provincial algún emprendimiento, facilitará la corrupción y los negociados, y se generarán condiciones para que empresarios foráneos aspiren los recursos de los entrerrianos y los quiten del circuito del consumo y la producción local”.

El diputado prosiguió recordando las palabras de los obispos entrerrianos en 1993: “La primera víctima es el jugador mismo que, arrastrado por la pasión del juego, no pierde la esperanza de ganar. Sobre todo en los casinos, se suele crear un entorno que empuja a la corrupción y al vicio del juego descontrolado y a otras gravísimas faltas morales como son la usura, la prostitución, la drogadicción, el lavado de dinero. Se ha de tener especialmente en cuenta que cuando están situados en zona de frontera, como es el caso de Entre Ríos, se facilita el tráfico ilegal de todo tipo y se agrava seriamente el problema. No escapa a nuestro juicio que el riesgo de los casinos puede disminuir parcialmente cuando, como sucede en Entre Ríos, el juego es administrado por el Estado, responsable del bien común. En efecto, la autoridad pública puede atemperar las consecuencias malas de la debilidad humana manifestada en el juego, cuando los administra sin promoverlos con fines de lucro, y por otra parte, cuando destina los beneficios obtenidos a obras de bien. En cambio, la administración privada, además de los males antes señalados, llevada por el afán de ganancias sin límites, tiende a buscar por los medios a su alcance, la promoción de las casas de juego y la multiplicación de los jugadores. Como consecuencia podrían participar personas con recursos cada vez menos elevados. Si estos juegos son riesgosos y dañinos para los pudientes, cuanto más lo serán para las personas y las familias menos acomodadas”.

Al respecto, ARtusi consideró que “estas sabias y -lamentablemente- en algún punto premonitorias palabras de nuestros obispos, hace ya más de 16 años, debieran estar más presentes que nunca en la conciencia de los representantes y representados los días por venir”. “Sobran razones para oponerse a esta absurda iniciativa. Es hora de que los entrerrianos, en defensa de nuestra dignidad y nuestros intereses, nos expresemos sin medias tintas y hagamos oír nuestra voz. ¡No a la privatización del juego! Entre Ríos no es Las Vegas ni lo quiere ser”, concluyó.