Mientras se sigue aguardando que el Ejecutivo concrete el anunciado envío de la propuesta de Régimen Jurídico Básico a la Legislatura, con las firmas de los legisladores justicialistas Emilio Castrillón, Jorge Bolzán, Hernán Vittulo y Adrián Fuertes, entre otros, fue presentado en la Cámara Baja, un proyecto de ley del Régimen Jurídico del Empleo Público.

En los fundamentos los diputados reconocen la existencia de iniciativas que con el mismo sentido han trabajado entidades tales como la Asociación de Trabajadores del Estado y la Asociación del Magisterio, al consignar que “el proyecto que tomamos, como interpretando el sentir y la voluntad de las entidades gremiales estatales, asume una doble significación”. En ese sentido, aluden a la importancia de los recursos humanos en la transformación del Estado y al tratamiento con criterios de justicia social y participativos de todos los aspectos de la relación laboral del empleado.

Salvo los artículos referidos a la representación de los trabajadores para la negociación colectiva y la convención paritaria, donde aparecen algunas diferencias, la iniciativa en general reproduce el anteproyecto que ATE había entregado meses atrás al Ejecutivo. Por esta razón, no se descarta que en lugar de remitir el proyecto como se había anunciado, el texto haya sido tomado directamente por los legisladores del oficialismo y presentado en la Cámara.

El texto contempla la Convención Colectiva de Trabajo y la Comisión Paritaria como “instrumentos aptos para que el trabajador pueda participar en la discusión, elaboración y modificación” de aspectos relativos a la situación laboral. En los fundamentos también destacan que ambas figuras permitirán que los trabajadores del Estado no sean “de segunda” y “evitan la discrecionalidad absoluta que hasta hoy han tenido los diferentes gobiernos”.

En este punto, la clave está planteada en cómo se definirá la representación de los trabajadores. Precisamente, por la falta de acuerdo sobre esta cuestión en la Cámara Baja, ya fracasó años atrás, la sanción de una iniciativa de igual tenor que tenía media sanción del Senado.

En otro orden, el articulado establece sólo dos categorías de personal no permanente: de gabinete y temporario, eliminando “conceptualizaciones equívocas” como la de suplente que “sólo han servido para desconocer derechos de los trabajadores y disponiéndose límites para evitar que el empleo sea un “botín de guerra” y que quienes entran como asesores, secretarios, de funcionarios, queden en planta permanente”.

El proyecto establece la convención colectiva para todas las cuestiones laborales que integran la relación de empleo, tanto las de contenido salarial como condiciones de trabajo. Siguiendo el texto del proyecto presentado, la representación de los empleados públicos sería ejercida por las “asociaciones sindicales con personería gremial”, en tanto que el ministro de Gobierno, de Hacienda, o sus representantes con rango no inferior a subsecretarios, representarían al Estado.

La semana próxima cuando la Cámara Baja retome el ritmo normal en su actividad seguramente avancen las conversaciones entre los miembros de los distintos bloques para definir el tratamiento que tendrá el proyecto. En principio, hasta tanto no sesione el cuerpo, el proyecto no tomará estado legislativo, momento en el que podría ser derivado a comisión o bien considerarse inmediatamente, con tratamiento sobre tablas.

La aprobación de este régimen fue uno de los temas del orden del día tratado en el último congreso provincial de la AGMER por tratarse de una de las metas centrales del gremio.

Fuente: El Diario