Existen enormes brechas entre provincias: Tucumán, Misiones y Formosa tienen tasas de cobertura 4 veces más bajas que la de Ciudad de Buenos Aires, donde aún faltan miles de vacantes. Así lo evidenció en los últimos años la inscripción online, pese a que la Constitución porteña garantiza el derecho a la educación desde los 45 días. En la región, solo México, Perú y Venezuela tienen sala de 3 obligatoria.

El año pasado entró en vigencia la Ley 27.045, impulsada por el gobierno anterior, que estableció la obligatoriedad de la sala de 4 y la necesidad de "universalizar" la sala de 3. La Declaración de Purmamarca, firmada por los 25 ministros de Educación en febrero, da un paso más: habla de avanzar "en la obligatoriedad de todo el nivel inicial a partir de los 3 años". Para garantizarlo, el ministro Bullrich se comprometió a construir 3.000 jardines de infantes.

"Cuando se propuso la obligatoriedad de sala de 4, el 82 por ciento de los niños ya estaban incorporados al nivel. Si bien implicaba mayores erogaciones económicas, era un presupuesto que las provincias podían absorber -advierte Ana Malajovich, especialista en educación inicial de la UBA-. En el caso de los niños de 3 años, la situación es diferente: poco más de la mitad de la población concurre a estas instituciones. Esto implicará muchísimos recursos para la mayoría de las provincias", publicó Clarín.
"La obligatoriedad es importante porque obliga al Estado a definir un financiamiento para la educación infantil, que permita construir salas y contratar maestros. Y porque hace que el derecho sea exigible para los ciudadanos", plantea Mercedes Mayol Lasalle, de la Organización Mundial para la Educación Preescolar.

Pero no alcanza con la ley: aunque es obligatorio, el 16 por ciento de los chicos de 4 años no van al jardín. En Capital la cobertura es 95 por ciento, mientras que en Formosa y Tucumán ronda el 60%. Incluso en sala de 5, obligatoria desde hace 10 años, aún quedan 25 mil chicos fuera del sistema, señala Mayol Lasalle, y agrega: "La obligatoriedad debe complementarse con otras políticas que garanticen alimentación, salud, vestimenta, condiciones habitacionales, etc.".

El jardín de infantes es el nivel más desigual del sistema educativo por al menos tres motivos. El primero: el mayor peso del sector privado (a menor edad, mayor proporción de privatización, lo que deja fuera a quienes no pueden pagar). El segundo: las diferencias de cobertura en las provincias. El tercero es la calidad del servicio: algunas instituciones solo ofrecen "cuidado" y no "educación".

"La obligatoriedad de sala de 3 es una medida igualadora, siempre y cuando haya un esfuerzo financiero del gobierno nacional y las provincias para garantizarla", señala Eleonor Faur, investigadora del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). Faur confía en que la medida permita "salir de la dicotomía actual entre jardines pobres para chicos pobres, y jardines de calidad para chicos de clase media y alta", una división que se traduce en instituciones que cuidan (los centros de primera infancia) y otras que educan (los jardines de educación infantil). La especialista advierte que en el nivel inicial aún persiste "la deuda de ampliar la jornada completa", que sería clave para muchas familias.

Desde otro punto de vista, Patricia Redondo, experta en primera infancia de la UNLP, relativiza el anuncio oficial: "Las prioridades actuales no pasan por seguir avanzando sobre la obligatoriedad, sino por cumplir las legislaciones vigentes, en particular la ley de obligatoriedad de 4 años y la de regulación de las instituciones que brindan educación y cuidado a la primera infancia, sancionada en 2015, que aún no se cumple".

"Que el presidente anuncie avanzar sobre la obligatoriedad desde edades más tempranas aún sin cumplimentar las etapas anteriores y regular todo el campo de la educación infantil en la Argentina evidencia un profundo desconocimiento", critica Redondo, para quien habría que empezar por "cumplir las leyes existentes de obligatoriedad y de universalización, todas vigentes".

Con una posición intermedia, Malajovich sintetiza: "Abonamos la idea de que todos los niños puedan acceder a la educación inicial. Es su derecho y un deber del Estado. Pero, frente a la situación actual, nos parece difícil que podamos cumplir con ese derecho". La especialista de la UBA espera que el anuncio "no quede solo en buenos propósitos".