La sesión extraordinaria de diputados que se realizó el 21 de enero para que el oficialismo, sin debatir, le otorgara fuerza de ley al proyecto del gobierno provincial para endeudarse por más de 430 millones de dólares con la banca china y de este modo dar impulso a la construcción de dos acueductos en el noreste provincial, fue justamente el punto de partida para una demanda que se formalizará la próxima semana.

Aquella noche, movilizados en las tribunas del recinto, los integrantes de la Multisectorial conformada para rechazar el proyecto del gobernador, hicieron oír a los legisladores oficialistas todas las opiniones que no se tuvieron en cuenta para avanzar con la iniciativa, resumidas, claro, en calificativos como “chorros” y “vende patrias”. La sesión fue noticia, como no sucedía hace mucho tiempo, por el nivel de tensión y, especialmente, por la aprobación sin debate de la norma.

Una semana después, el gobernador Sergio Urribarri se apuraba a promulgar la Ley 10.352, y de este modo llegar a tiempo al viaje que días después realizó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, con rumbo a China para ratificar los acuerdos firmados con anterioridad, recordó en una nota Entre Ríos Ahora.

Concretamente, la norma autoriza al Poder Ejecutivo “a celebrar con China State Construction Engineering Corporation LTD un contrato de obra pública con el objeto de ejecutar las obras denominadas Acueducto del Norte Entrerriano -La Paz- Estacas y Sistematización y distribución de agua para riego -Mandisoví Chico”. Y lo habilita a tomar un crédito “por hasta 430.387.551 dólares, con más los intereses necesarios” para financiar la construcción de esas dos obras “con los bancos estatales y aseguradoras de crédito de la República de China y con los organismos multilaterales y/o entidades financieras que formulen una oferta de financiamiento para la ejecución de las obras”.

Y para eso, el gobierno podrá afectar en garantía “y/o ceder los derechos de la provincia sobre las sumas a percibir por el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales”.

Demanda

Luego de la sesión que terminó con el voto a mano alzada de los oficialistas mientras los manifestantes entonaban el Himno Nacional Argentino, hacia el interior de la Multisectorial se comenzó a trabajar en tres frentes. Por un lado se dio impulso a una iniciativa ciudadana con el propósito de reunir firmas y solicitar ante la justicia que se derogue la ley 10.352. Al mismo tiempo, desde aquellos días de enero, un grupo de abogados trabajó en la elaboración de una demanda de inconstitucionalidad que será presentada la semana próxima ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

La demanda, según adelantaron los profesionales involucrados, se fundamenta en la “nula intervención de los organismos de control”, entre ellos la Contaduría General de la provincia y el Tribunal de Cuentas. Y también contempla la ausencia total de información al respecto previo al tratamiento en la legislatura. Directamente, explican los profesionales, “el proyecto no se dio a publicidad con lo cual se sustrajo al conocimiento del pueblo”.

La Multisectorial por la Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos evalúa, además, otra acción judicial: en base a la presentación de inconstitucionalidad ya se está analizando una denuncia penal contra el gobernador Sergio Urribarri y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes por incumplimiento de los deberes de funcionario público.