Más adelante, el texto remarca que “el artículo 86 del Código Penal argentino obliga al Estado a realizar la interrupción del embarazo si ‘proviene de una violación’”, por lo que desde la central de trabajadores reclaman “su inmediato cumplimiento en los efectores de salud pública”.
En ese sentido, consideraron: “El Estado entrerriano debe garantizar los derechos de la niña de 11 años -en toda su extensión y sin dilaciones- y respetar la decisión de su madre, que solicita la interrupción del embarazo producto de un abuso”.
Los dirigentes del gremio demandaron a las autoridades correspondientes que “se cumpla con la legislación vigente en forma urgente y se preserve a la niña”.
“La CTA Entre Ríos, en función de sus definiciones orgánicas condena la criminalización del aborto y los obstáculos al acceso a intervenciones seguras que se constituye en una violación flagrante de los derechos humanos de las mujeres”, concluye el comunicado de la central obrera, titulado “En defensa de los derechos de la niña violada y que solicita ANP (Aborto No Punible)”.