La obra social provincial finalizará 2007 en medio de una fuerte discusión con los prestadores, que comenzaron a presionar por aumentos en los aranceles, a tono con reclamos similares que ya se han hecho a nivel nacional. Los pedidos de subas los encabezan las clínicas, que demandaron una actualización cercana al 40 por ciento para cuando se sienten a firmar un nuevo convenio con el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), a fin de mes.

La negociación con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) se presenta como la más ríspida por cuanto involucra un gasto mensual que ronda entre los 9,5 y los 10 millones de pesos. Aunque el titular del IOSPER, Silvio Moreyra, dice que para todo aumento hay un techo: el presupuesto.

El IOSPER es la mayor prestadora de Salud de Entre Ríos: tiene un universo de afiliados cautivos que ronda un tercio de la población de la provincia, y maneja al año un presupuesto de 170 millones de pesos. De ese volumen de dinero, casi el 85 por ciento se destina al pago de prestaciones médicas; el resto, 15 por ciento, lo absorben los gastos operativos, y de entre éstos, el 12 por ciento es un costo inamovible: el pago de salarios.

“En estos momentos, tenemos una rediscusión arancelaria con todos los prestadores. Todos piden algún tipo de aumento en los aranceles. En el caso de las clínicas, a quienes pagamos entre 9,5 a 10 millones por mes, también hay planteos de subas. A nivel nacional el reclamo ronda el 40 por ciento, y aquí en la provincia están pidiendo lo mismo”, dijo Moreyra.

El convenio con los sanatorios, actualmente vigente, vence a fin de mes, aunque el titular del IOSPER dice que se va a manejar con los parámetros aprobados con los bioquímicos, sector al cual ya se le acordó una suba. En ese caso, la recomposición fue sólo del 8 por ciento, de acuerdo a lo que le explicó Moreyra a El Diario.

La discusión por el aumento de aranceles en la salud arrancó a nivel nacional: las clínicas comenzaron a plantear con fuerza aumentos que en muchos de los casos rondan el 30 por ciento a partir de este mes, pedido empujado, argumentan, por la necesidad de hacer frente a los incrementos salariales de los trabajadores de la sanidad que a partir de diciembre han reclamado una suba del 20 por ciento.

Pero en el IOSPER aseguran que con los recursos actuales es imposible hacer frente a incrementos semejantes. De todos modos, ya abrieron el paraguas: en los últimos días la conducción de la obra social se entrevistó con el Gobierno para destrabar un pedido de devolución del aporte del 2 por ciento que el Estado dejó de hacer por los jubilados durante la aplicación de la Ley de Emergencia que rigió durante la década de 1990 y parte la actual década, pero que ya perdió vigencia.

Aunque el recupero de esos fondos no soluciona el problema de financiamiento de raíz que arrastra la obra social. En muchas prácticas, el propio paciente debe asumir el pago de la mitad del costo médico.”Esto es así porque al sistema lo termina financiando el enfermo. Esto hay que decirlo descarnadamente: no puede ser que el enfermo financie la obra social. Hay que tener programas preventivos para que la gente no se enferme”, dice el presidente del IOSPER.

Así, en un transplante de médula, que tiene un costo de 160 mil pesos, el 50 % del coseguro queda a cargo del paciente. Y como el afiliado usualmente tiene salarios que apenas superan los 1.000 pesos, la solución pasa por los denominados créditos asistenciales: el Iosper el financia en cuotas el pago de esa acreencia. “El 20 % de la recaudación del obra social proviene de los coseguros. Y los paga el afiliado”, asegura Moreyra.

En medio de esas complicaciones financieras, la administración de la obra social tiene sobre sus espaldas la Espada de Damocles: la Ley 9.715, aprobada a mediados de mes por la Legislatura, y que introdujo modificaciones a la orgánica de creación del IOSPER. No sólo le creó dos nuevos organismos de control, la gerencia general y una comisión fiscalizadora nombrada por el Ejecutivo, sino que además le impuso la obligación de poner en marcha un plan de “reducción de gastos” tendiente a bajar los costos operativos a un nivel que no supere el 12 por ciento de los recursos presupuestados para cada año.

“El IOSPER no podría llegar a cumplir la ley porque el 12 por ciento de los gastos operativos se los llevan los sueldos. Salvo que resolvamos echar gente, no hay forma de achicar los gastos -dice el titular del organismo-. Cuando iniciamos la gestión, los gastos operativos eran del 18,6 por ciento; en 2007, bajamos al 15,9 por ciento, y vamos a cerrar este año con el 15,4 por ciento. Y para el año que viene, prevemos un 14,5 por ciento. Pero esa reducción tiene un límite, porque el 12 por ciento lo llevan los sueldos”.

Fuente. El Diario