El jueves pasado, cuando no había pasado un día desde que recibió el escrito del fiscal, Ercolini lo rechazó en cinco carillas. “No existe en esta causa motivo bastante para sospechar que los denunciados han participado en la comisión de los delitos que se les atribuyen”, escribió. Justificó su apuro en contestar en “la reiteración de solicitudes, la trascendencia y expectativa pública que ha tomado el caso y la sensibilidad de las cuestiones en juego”. El magistrado apuntó que esperaba además el resultado del peritaje de tasación histórica y contable de la empresa, al que considera la prueba más importante de la causa.

“El presente caso reviste una cuestión de gravedad institucional que podría lesionar derechos que requieren inmediata cautela, tal como es el derecho de la sociedad de erradicar la impunidad de delitos de lesa humanidad”, argumentó el fiscal en su apelación. Explicó que “está en juego la responsabilidad del Estado argentino” y que la causa tiene “un interés institucional suficiente” como para ser revisado por la Cámara Federal. “De ningún modo comparto los argumentos ni el decisorio que llevaron a que se disponga el rechazo al pedido” de citar a indagatoria a los tres empresarios, al abogado Guillermo Juan Gainza Paz y al ex secretario de Desarrollo Industrial de la última dictadura Raymundo Juan Pío Podestá, advirtió. A todos les imputa “haber participado del desapoderamiento extorsivo del paquete accionario de Papel Prensa en pleno conocimiento del riesgo de vida que corrían los propietarios”, los miembros de la familia Graiver, según publicó este viernes Página/12.

El fiscal cuestionó la decisión de Ercolini de rechazar la citación a indagatoria por haber una medida de prueba en curso, en referencia al peritaje para establecer si las acciones se vendieron a precio vil en pleno terrorismo de Estado. Admitió que “la determinación del precio es un indicio no despreciable ni eludible”, aunque consideró que “llegado el momento se debería evaluar como al resto de los elementos probatorios, cualquiera sea el resultado final del peritaje contable”. Gómez Barbella reiteró que “la abundante prueba que existe en la causa avala la imputación formulada por esta fiscalía y las querellas en este caso”, en referencia a la Secretaría de Derechos Humanos, a Lidia Papaleo, viuda del empresario que lideraba el grupo propietario de Papel Prensa, y al vicepresidente de la empresa hasta su cesión, Rafael Ianover.

El peritaje de tasación histórica y contable implica la determinación del valor de Papel Prensa al momento en el que su propiedad pasó de los Graiver a Clarín, La Nación y La Razón y la investigación sobre cuestiones impositivas relativas a esa empresa y a Fapel SA, firma compartida por los tres diarios. Para el juez, sus resultados aportarán “datos objetivos y documentales” que servirán “para sopesar con otros indicios”. El estudio fue ordenado a mediados de 2013 pero comenzó bastante después, debido a que las partes acordaron sus ejes centrales recién durante la primera mitad de 2014. Las querellas participan de la medida, pero entienden que la prueba existente, los testimonios de los protagonistas, las actas de las juntas y las notas de prensa son suficientes para considerar que el traspaso de Papel Prensa fue una “apropiación ilegítima”, dado que los miembros del grupo Graiver fueron obligados a cederla a Magnetto, Herrera de Noble y Mitre bajo amenaza de muerte y que quienes en representación de esos medios participaron de la operación sabían de tales condiciones. Para Ercolini, en cambio, esa certeza no existe.