Pasen y vean cómo se profana la democracia. Pastera: enredos de vecinos. Internas insólitas

Por Luis María Serroels,
para ANALISIS DIGITAL

La utilización de dineros del erario público encaminados al rubro propaganda oficial, es una de las formas más reprochables de confrontar ideas. Los gastos habituales se multiplican a partir de un fondo conformado ad-hoc para inundar cualquier territorio con mensajes subjetivos, donde se soslaya que cualquier realización se hace con los recursos que aporta el contribuyente. Hacer lo que corresponde y lo que mandan la Constitución y sus leyes, sería un gran mérito de los gobernantes. Recorriendo la gestión gubernativa de Raúl L. Uranga (1958-1952), hallamos que además de no haber desembarcado en el gobierno a su “tribu familiar” (como él la llamaba), dejó de lado cualquier gasto inapropiado en propaganda oficialista.

Se advierte que la próxima campaña electoral estará cargada de componentes reñidos con las reglas de la democracia que iguala derechos, obligaciones, oportunidades y posibilidades. Publicar las actividades a través de la prensa, resulta una obligación inexcusable de todo gobierno. Pero manejar cuantiosos fondos para domesticar medios y periodistas, es una vía censurable que reconoce dos conductas: la del que paga por pecar y la del que peca por cobrar. Cuando los términos de este detestable convenio no escrito, incluyen no sólo publicar lo políticamente conveniente para el pensamiento único del oficialismo sino también mandar al archivo las opiniones divergentes (que también construyen el estado de derecho), se está profanando la democracia.

No es tema menor que ciertos funcionarios abandonen sus despachos para hacer proselitismo, constituyendo una conducta dolosa, salvo que gocen del sagrado don de la ubicuidad, como el Espíritu Santo, que lo hace aparecer en todos lados al mismo tiempo.

Esto supone cobrar por no trabajar y la pregunta salta: ¿se permite a los empleados de carrera del Estado provincial semejante canonjía?

La ciudadanía está aguardando una confrontación transparente de ideas, noble y honesta. Que los candidatos valgan por lo que son en sí mismos y en línea con sus ideas y que nadie se cuelgue de sacos ajenos llevados de la mano por el camino del engaño y la demagogia. Quienquiera que salga victorioso merced a metodologías descalificadoras, no podrá legitimar demasiado su triunfo, aunque siempre impera el descaro de justificar los medios por el fin. Esto es un componente viejo y conocido de la inmoralidad política. Adelantar comicios modificando fechas a conveniencia para morigerar las cifras de una derrota y colocar candidatos mentirosos para captar voluntades pero que no asumirán sus cargos, atenta contra la democracia.

El acopio de anuncios en período de espera para desgranarlos en época electoral con discursos rimbombantes y la inauguración planificada de obras en días cercanos a los comicios, es lo que se podría evitar si se aplicara la toma de licencia, para que el oficialismo no se apodere de posiciones ventajosas en la pulseada. Los anuncios suenan lindos a los oídos, pero su traducción final en concreciones palpables, suenan bien a los ojos. Redes non verba (hechos, no palabras).

El uso de medios del Estado es otro punto que debe ser desterrado y esto proviene con claridad desde el propio gobierno nacional, donde no se escatiman gastos. Cuando se advierte que en los planes proselitistas aparecen como ideas fuerza el mantenimiento del consumo y el sostén de multimillonarios subsidios (que no alcanzan para maquillar la falta de empleo), se pierde de vista que el gran problema, además de una inseguridad inédita, es la creciente inflación de la cual la presidente Cristina Fernández recién se está dando cuenta (la inflación provoca el anti consumo y termina siendo un ajuste por otros medios).

Los subsidios a la energía superaron en 2010 los 26.000 millones de pesos y las empresas públicas no vinculadas al sector energético ni del transporte, absorbieron más de 4.000 millones. El transporte se hizo de casi 11.000 millones, en tanto las concesionarias de trenes y subtes se beneficiaron con 2.900 millones y Aerolíneas Argentinas (que este año tendrá un déficit superior a los 380 millones de dólares), recibió 2.225 millones de pesos. Los subsidios sociales superaron los 34.000 millones y esto, que para el gobierno puede ser un caballito de batalla, desnuda una contradicción: más planes no disminuyen la pobreza y la indigencia ni generan puestos de trabajo genuinos. La arremetida del gobierno para designar más directores en las principales empresas argentinas, tiene como guardado propósito el hacerse rápidamente de unos 6.000 millones de pesos, monto muy apetecible en un año de elecciones generales.

El problema será cuando ya no se pueda mantener el cadáver caliente y las variables llamen la atención de los economistas del gobierno. Será como un corset que se rompe de golpe y esto no es agorería tendenciosa sino fruto del contacto diario con las góndolas (Si los datos sobre el clima dependiesen del Indec, seguro que en invierno los argentinos deberíamos andar con short y musculosa).

El manejo financiero discrecional, no puede ser la cara de un modelo que se ofrece como progresista, porque además, no debe perderse de vista que estas partidas surcan los aires mientras a la clase pasiva se le niega el 82 % móvil avalado por la Suprema Corte y por una ley que la presidente terminó vetando. Un Premio Nobel de Economía acaba de dar una visión crítica sobre el modelo K (¿saldrá el Jefe de Gabinete a denostarlo como lo hizo con distintas personalidades mundiales?).

La Anses (que jamás tuvo en sus arcas tantos recursos) se transformó en el gran instrumento para manejar las palancas del poder, mientras el Indec derivó fondos por 350 millones de pesos a la CGT moyanista para solventar un Centro de Estudios. Se sabe que estos obsequios también profanan la democracia.

Y como frutillita del postre, merece un lugar en el podio lo sucedido en San Juan, donde el mandatario y su hermano protagonizan encarnizados enfrentamientos en el camino al poder. César Gioja, senador nacional, para desembarcar en la gobernación; el otro, actual gobernador José Luis Gioja, impedido de un tercer mandato consecutivo apela a cualquier vía para lograr su objetivo. Para ello convocó a un plebiscito que lo autorizó a llamar a una reforma constitucional, modificando el artículo 175 de la carta provincial que fue ya objeto de una enmienda en marzo y que deberá ser ratificada por una Convención (no hay que descartar que otros se contagien con esta maniobra).

Mucho se ha dicho sobre estas prácticas de eternización en el cargo y cómo envilece el poder esta continuidad que termina siendo perniciosa, basada en la creencia de algunos de que son enviados de Dios. El actual mandatario basa gran parte de su campaña poniendo como argumento los recursos que él consigue para la provincia y que se asientan en la explotación ilegal de la minería a cielo abierto, contaminante y dañosa para la salud. ¿No es acaso una forma de bastardear y profanar la democracia?

Esta frase es testimonial: “Cuando uno tiene vocación de perpetuarse, perdió la vocación de servicio y eso asegura el uso abusivo del poder, sobre todo cuando se usa el dinero para eliminar la oposición. Cuando tiene la manera de reformar la Constitución para reelegirse indefinidamente en un sistema clientelista y encima con una caja, puede comprar voluntades y no sólo intendentes, sino también clientes con votos” (Rabino Sergio Bergman). Cualquier parecido con la realidad no es casual.

Mientras tanto, CFK sorprendió el jueves confesando no estar muerta por volver a ser presidente, a la vez que abrió un frente conflictivo con ciertos jerarcas sindicales, justo cuando este sector le está demandando que sea un gremialista quien la acompañe en la eventual fórmula. Además, la mandataria dijo estar en contra de los piquetes, cuando hasta ahora el gobierno los ha tolerado haciendo la vista gorda. El tiempo dirá si se trata sólo de una puesta en escena, pero en realidad, quienes mueren de ganas de que Cristina sea reelecta, son quienes están colgados de sus polleras y necesitan salvar sus parcelas de poder.

Pastera: enredos de vecinos

De este lado del río: En el pasado mes de enero, el presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Hernán Orduna, fue tajante al afirmar que “no es serio decir que Botnia no contamina”. Explicó que “todo establecimiento industrial contamina, eso está fuera de discusión y pretender que no contamine es salirnos del marco de la razón”. Tras ello manifestó que “no es serio” decir que esta pastera no contamina” (…) es no científico hablar de esta discusión sobre si contamina o no”, enfatizó. El funcionario citó que, según los estándares de Naciones Unidas, las fábricas de pasta celulosa se ubican entre las cuatro industrias más contaminantes del mundo.

Esta semana y sin eufemismos, el ingeniero Orduna acusó a Uruguay de “repetir la historia” (que ocurrió en 2003) al decidir en forma unilateral la modificación de la temperatura máxima de los vertidos (elevación a 37 grados). Dijo que desde el fallo de la Corte Internacional de Justicia (La Haya) Botnia-UPM quedó bajo el paraguas del organismo binacional, al que debe someterse toda modificación. Estas declaraciones salieron a enfrentar la decisión del gobierno uruguayo de aumentar los valores máximos de efluentes.

Mencionó que la CARU ya había acordado el protocolo para medir la planta Orión instalada en Fray Bentos, aunque debió vencerse la resistencia de la Dirección de Medio Ambiente (deben ser medidos todos los parámetros que están previstos en el decreto uruguayo Nº 253/79). Pero según Orduna, a 48 horas de que ingrese a la planta el comité científico para un ensayo general y medición de algunos parámetros (entre ellos la temperatura) con un equipo de la CARU, llegó una comunicación de la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, expresando algunas que no son ciertas, con las que pretende fundamentar la modificación del valor máximo de temperatura de vuelco de efluente de Botnia en el río Uruguay.

En paralelo con el funcionario argentinos, el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, refiriéndose al anunciado encuentro entre los cancilleres de los dos países para evaluar la marcha del monitoreo en la pastera, reclamó que Uruguay “recapacite y modifique la actitud que está teniendo”. Recordó que en el pasado reciente y durante la presidencia de Tabaré Vázquez, el país vecino se transformó en un “frontón que devolvió todo el reclamo y las gestiones que se hicieron por la relocalización de la planta” y ello “terminó con el conflicto binacional en La Haya, algo lamentable para los dos países. Y fue producto de la tozudez de las autoridades uruguayas. Después, con la llegada del presidente José Mujica, se le dio a la CARU el poder de policía por donde se encauzó el conflicto”, subrayó Bahillo.

“En el fallo de La Haya se especifica todo lo que se debe implementar para el control y monitoreo de Botnia, pero también hay un principio de buena fe y de cooperación entre ambos países para llevar adelante estos controles”, dijo el jefe comunal, denunciando que “esta actitud de Uruguay se contradice absolutamente con ese punto; es una decisión unilateral, tal cual lo ha dicho Hernán Orduna”, destacó. Según su opinión, con la decisión de aumentar la temperatura se retrocedió sobre lo que se había avanzado.

Del otro lado del río y frente a este cuadro, el embajador itinerante uruguayo, Julio Baraibar, fue duro al afirmar que Hernán Orduna “se perdió la oportunidad de callarse la boca”, respondiendo así a las declaraciones del titular de la delegación argentina ante la CARU. Lo sorprendente de este juicio es que según el diplomático charrúa, “fue a pedido de la Cancillería argentina que (el gobierno uruguayo) hizo que UPM deje de utilizar un sistema de enfriamiento de efluentes con agua del río y debido a ello, una resolución del Ministerio de Vivienda modificó la temperatura máxima del vertido”. Orduna negó terminantemente que se haya hecho esa solicitud. “Nunca Argentina habló de modificar parámetros, eso es una falacia”, fue su retruque.

Este encontronazo verbal no hace más que recalentar el clima de tensión regional, a pocos días de que los asambleístas gualeguaychuenses, a los que se sumaron dirigentes políticos y ambientalistas de distintos puntos, ratificaron con una gran marcha sobre el Puente General San Martín su decisión de resistir la continuidad de la pastera.

Es casi una perogrullada que no puede haber dos verdades contrapuestas. Está claro que una de las dos partes miente. Si las autoridades uruguayas tienen pruebas escritas sobre el pedido de modificación de la temperatura, que las exhiban públicamente. En cambio el gobierno argentino no puede salir a mostrar algo inexistente.

El gobierno oriental, ya hizo de las suyas al decidir la instalación de la planta sin respetar el Tratado del 26 de febrero de 1975 y si ahora adopta medidas que se apartan de las especificaciones del Tribunal de La Haya, el conflicto se potenciará. Si tal pedido nunca ocurrió, el gobierno argentino debería abandonar su ostracismo y el actual gobierno entrerriano, que siempre condenó los cortes en Arroyo Verde, salir de su silencio. No hacerlo, significará una señal de aquiescencia que generaría un gravísimo precedente. Aquella asamblea multitudinaria de 2005 donde Néstor Kirchner declaró causa nacional a la lucha de Gualeguaychú, interpela hoy al poder político que archivó aquel compromiso en el album de las claudicaciones nacionales. El nuevo episodio debería alertar a nuestra Cancillería, porque si permitimos que el perro entre a la cocina, seguro que terminará durmiendo en nuestro lecho.

Los cancilleres de Argentina, Héctor Timerman y de Uruguay, Luis Almagro, tratando de poner paños fríos, acordaron en Buenos Aires que en un plazo de 45 días se reúnan los presidentes Cristina Fernández y José Mujica, para analizar dos temas principales: la contaminación de los efluentes y la medición de la temperatura. Se suponía que esto ya estaba acordado dentro de la CARU a partir del fallo de La Haya. ¿Entonces?

Internas insólitas

Ya está decidida la fecha para las elecciones primarias y generales en nuestra provincia, según lo establecen sendos decretos del Poder Ejecutivo conocidos el pasado miércoles. Lo curioso de esto es que el 14 de agosto, en las primarias, será obligatorio para el ciudadano acudir a elegir candidatos a la presidencia y vice de la Nación y diputados nacionales (no se elegirán esta vez senadores nacionales por Entre Ríos), pero optativo para los cargos provinciales: gobernador y vice, diputados, senadores, intendentes y concejales.

Lo más peregrino de las contiendas internas de jurisdicción local, es que habrá sólo una boleta en el cuarto oscuro, la de la Unión Cívica Radical para la intendencia capitalina que presenta dos candidatos. Los partidos que hayan logrado conformar una lista única respecto del orden provincial, estarán exentos de la obligatoriedad de participar en esta etapa y esa boleta será la que se presente en los comicios generales del 23 de octubre. En este caso las urnas se habilitarán para autoridades nacionales.

A simple vista, esta normativa merece objeciones que deberían ser aclaradas por el Poder Ejecutivo. Permitir que afiliados a un partido voten en la interna de otro es un verdadero disparate porque además de naturalizarse un acto de indisciplina partidaria, posibilita operaciones orquestadas para perjudicar en otro partido a candidatos con firmes posibilidades (para beneficiar a su candidato propio en octubre), abriéndole camino hacia las generales a quien en el conjunto de la ciudadanía evidencie tener menos chances.

¿Puede el autor de la denominada Ley Castrillón explicar racionalmente el sentido y la utilidad de que afiliados de una determinada ideología concurran a votar por alguien al que, por lógica pura y sentido común, no elegirían tres meses después? ¿Qué particular conceptualización de la democracia es ésta?

Duerme en el Superior Tribunal de Justicia desde hace más de un año, una presentación de dirigentes radicales demandando que se reconozca la representación de las minorías y el alto cuerpo aún no se expidió en una actitud carente de diligencia institucional. Convocar a elecciones sin haberse resuelto este problema, es autoritarismo o cuanto menos ignorancia. Ello es así porque en la reformada Carta entrerriana (art. 29º) se consagra la “adecuada y proporcional representación de las minorías”, por lo tanto toda ley (o parte de ella) que se le oponga resulta insanablemente nula.

Pero existe otro argumento que no es menor. Concurrir a participar en una interna sin tener afinidad con partido alguno, estará violentando la libertad de conciencia de todo ciudadano y revelando una falsa predilección sólo posibilitada por el hecho coercitivo de esa asistencia. El sufragio secreto garantiza la protección del pensamiento político, que se diluye cuando se obliga a este tipo de opciones preliminares. A los candidatos de un partido lo deben elegir sus afiliados (esta es una opinión de importantes dirigentes que desde luego compartimos).

¿Y qué hay de la integridad y autonomía de los partidos cuyas actividades se reconocen libres dentro del respeto a la Constitución Nacional, que en su artículo 38º les garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías y la competencia para la postulación de sus candidatos? Nadie se ha indigestado jamás con el exceso de democracia. Es la abstinencia de ella la que lesiona la salud de la República. Hasta la semana que viene.

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