Si bien no trascendieron los detalles del acuerdo, se supo que en la Secretaría de Trabajo, los representantes de Báez y los trabajadores nucleados en la Unión de los Obreros de la Construcción (Uocra) firmaron un principio de acuerdo que incluía despejar las rutas de la provincia.

Como parte de ese acuerdo se consideró el escrito presentado por el apoderado de Báez, Roberto Saldivia, quien acercó un cronograma de pago de haberes y liquidaciones finales por zona.

Allí detalló que Báez para juntar los fondos para pagar los haberes ha logrado "vender y/comercializar los certificados de obra pendiente de pago a los fines de afrontar el pago de la liquidación final del personal de baja a partir del 1 de enero del 2016." Báez propuso pagar por zonas entre los días 10 y 24 de febrero, en tanto que no pagará a los trabajadores de la obra realizada sobre la Ruta 47 en Puerto Deseado hasta tanto le devuelvan los rodados, maquinarias y herramientas de trabajo a quienes acusa de haber robado y los vincula "del sindicato Uocra seccional Puerto Deseado".

La crónica de un día revuelto se inició al mediodía y con el caos en la puerta de Casa de Gobierno, Alicia Kirchner, le dio el ultimátum al empresario más favorecido en obra pública de la Patagonia que mantuvo vínculos comerciales con la familia Kirchner, algunos de ellos investigados en la justicia: pidió que Vialidad Nacional rescinda todos los contratos de obra que aún mantiene en la provincia con Báez.

Ante el acampe de los trabajadores frente a la Casa de Gobierno, Kirchner cuestionó al gremio de Gerardo Martínez de la Uocra, "no entiendo porque sigue el reclamo acá, donde ya fueron recibidos y atendidos, y no lo hacen ante quien corresponde, que es Lázaro Báez", afirmó a través de Radio Nacional de El Calafate.

Minutos antes, a través de un comunicado difundido por la gobernación santacruceña y titulado "El Gobierno Provincial pide rescisión de contrato de obras" se pidió la intervención de Vialidad Nacional para que le quite las obras que Baez tiene inconclusas en diversos puntos de la provincia.

A través de un comunicado, el gobierno solicitó que Vialidad Nacional "tome medidas urgentes para resolver la grave situación y el hartazgo que genera a toda la sociedad santacruceña en su conjunto la paralización de sus obras en la provincia de Santa Cruz", afirma comunicado, informó La Nación.

Desde el gobierno aseguraron que los cortes "llevan al desabastecimiento, y la paralización de la actividad económica y productiva, con consecuencias sociales y de salud negativas por el incumplimiento del dueño de las empresas, el Sr. Lázaro Báez".

Toda la obra pública provincial está parada desde que en diciembre pasado el empresario kirchnerista dio licencia obligatoria a todos sus empleados y los liberó sin pagarles los sueldos.

Ante la falta de pago, los empleados de Austral Construcciones y Kank y Costilla -ambas de Báez- salieron a las rutas, realizaron decenas de piquetes, marchas, quemaron cubiertas y marcharon por las calles Caleta Olivia, El Calafate y Río Gallegos incluso llegaron a entrevistarse con Báez en la sede de su empresa y el les confesó que el kirchnerismo lo había dejado solo.

Los trabajadores, acompañados por la Uocra, reclamaban varias quincenas, aguinaldos y en cientos de casos la liquidación final por despidos, después que los telegramas empezaran a llegar en los últimos días.

Según documentación oficial del ministerio de Planificación Federal incluida en la causa Hotesur, donde se investiga los vínculos del empresario caído en desgracia con la familia Kirchner, Báez fue beneficiado con más de 8.000 millones pesos en obra pública en la última década.

La mayor parte de los fondos fueron utilizados en la provincia de Santa Cruz, pero no solo por Austral Construcciones, la nave insignia de Báez. Otras empresas satélites beneficiadas, vinculadas al empresario, fueron Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto. El conflicto, que mantiene a toda una provincia en jaque, podría llegar a su fin.

Foto: La Nación.