Cabe recordar que el hecho sucedió el 25 de mayo de 2008, tras un acto en el que la presidenta Cristina Kirchner salió a defender la resolución 125, lo cual originó un cacerolazo. El dirigente sindical convocó a contrarrestar esa manifestación y en la zona del Obelisco se cruzó con el ruralista y asambleísta de Gualeguaychú, Alejandro Gahan, a quien golpeó.

El juez Ercolini hizo lugar al pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó que se indague a D'Elía por la causa abierta por supuesta intimidación pública. El fiscal también pidió la indagatoria de las autoridades de la Policía Federal que habrían liberado la zona para que D'Elía pudiera actuar.

Ahora D' Elía recusó al juez por “prejuzgamiento” y además porque filtró a la prensa la indagatoria, antes de que fuera notificado.

Gahan y testigos ya declararon en la investigación, causa que sumó las grabaciones de canales de TV, y los diálogos que mantuvieron por el sistema de radio los policías a cargo de la vigilancia del centro porteño.

Para el fiscal la policía “no actuó en su tarea de prevención y permitió que D'Elía y sus acompañantes tomaran el control” del espacio público.

Según el Código Penal, el delito de intimidación pública está penado de tres a seis años de prisión, y castiga al que “públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”, informó el sitio digital Minuto Uno.