Del evento participaron el diputado nacional Julio Martínez, opositor a la megaminería en La Rioja; el auditor Alejandro Nieva y el ex defensor del Pueblo, Eduardo Mondino.

Al abrir la audiencia, Solanas destacó el “compromiso” de la AGN manifestado en sus informes y remarcó la necesidad de que sea “parte querellante” en las causas para los delitos que detecta.

El senador advirtió sobre la ausencia del inventario ordenado por la Ley de Glaciares y denunció que la Ley de Bosques tiene “un tercio del presupuesto que debería tener”.

Asimismo, reclamó por “el control de los pasivos ambientales que dejaron las grandes industrias”, como “Repsol, que dejó un daño monumental en todos los yacimientos que explotó”.

También denunció la “salvaje contaminación que se hace con los agrotóxicos”, y alertó que “hay pueblos fumigados con agroquímicos y cientos de damnificados”. “Ojalá que los próximos gobernantes sean capaces de enfrentar el afán de lucro de las corporaciones”, manifestó Pino Solanas.

Despouy explicó que el trabajo resume 12 años de informes de la AGN redactados por profesionales sobre diferentes áreas del cuidado medioambiental, publicó Parlamentario. Entre otras cosas, el informe abarca los suelos, agua potable, agricultura, minería y actividad nuclear, gestión de residuos, bosques, fuego, fauna y cambio climático.

A su turno, Martínez reivindicó la lucha contra la explotación del cerro de Famatina y señaló: “No conozco ningún pueblo que deba su desarrollo a la megaminería”.

El diputado riojano advirtió también que la Ley de Glaciares sufre “un nuevo veto” -luego del efectuado por la presidenta Cristina Fernández en 2008- a raíz de la falta de presupuesto asignado.

“La gestión de los últimos años no ha sido eficaz ni cuidadosa con el medioambiente”, aportó Nieva, quien ejemplificó que las partidas que debían asignarse a la Ley de Bosques “se destinaron a publicidad oficial”.

De la presentación participaron los diputados Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista), Fabián Rogel, Héctor Gutiérrez (UCR), la senadora Norma Morandini y las diputadas MC Marta Maffei y Fernanda Gil Lozano.

El informe

Entre los principales puntos del trabajo elaborado por Despouy se destaca que la Ley de Bosques “recibió una inversión sustancialmente inferior a la requerida y no resultó efectiva en su aplicación”.

“El principal aspecto de la Ley de Bosques, es decir, el ordenamiento territorial, no produjo el resultado que se esperaba”, sostiene el informe, al asegurar que la “consecuencia directa” de ello fue “la deforestación de grandes extensiones de bosques en Santiago del Estero y Salta”.

En síntesis, “desde la aprobación de la Ley de Bosques, en 2007, hasta 2011, se perdieron unas 520.000 hectáreas de bosques nativos en la suma de provincias que ya habían aplicado el ordenamiento territorial, de las cuales un 3 por ciento correspondía a áreas clasificadas en rojo y un 50 por ciento a áreas amarillas”.

En otro orden, la AGN detectó que “no había una política nacional de humedales, ni un inventario completo y actualizado de los sitios ni procedimientos normativos que los regulen”.

“En un país en el que aproximadamente un 75 por ciento de las tierras son áridas o semiáridas -y, por ello, expuestas a procesos de desertificación- es vital que se promueva la conservación de los suelos”, implora el informe.

Por otra parte, señala que “las áreas naturales protegidas que relevó la AGN presentan problemas en todas las etapas de gestión: planificación estratégica, planificación operativa, seguimiento y evaluación”.

Asimismo, “ante el incremento en la utilización de los agroquímicos, la AGN advierte la importancia de que el SENASA revise periódicamente los productos registrados y realice un seguimiento permanente de los eventuales efectos de los agroquímicos en el ambiente y en la salud humana”.