“Quiénes son los principales usurpadores de tierras fiscales”, se preguntó, para luego responder: “Ciudadanos santafesinos, y en particular de la zona de San Lorenzo, Rosario y Villa Constitución. Permanentemente están agrediéndonos y avanzando nuestro espacio territorial. Son los que más agreden el medio ambiente. Sin ninguna duda la agresión ecológica o ambiental viene desde el polo oleaginosa industrial más importante de la Argentina que es Rosario y sus alrededores. Sería infinita la lista de agresiones que están produciendo desde el lado santafesino”, arremetió.
Rodríguez Signes se mostró ofuscado por las declaraciones de dirigentes de la provincia vecina: “Tienen el atrevimiento de decirnos que las islas no se tocan, como si fueran de ellos. Quiénes son para opinar sobre qué hacemos los entrerrianos con nuestro territorio. Jamás escuché un legislador o dirigente entrerriano opinando sobre las leyes de otras provincias. Nosotros somos soberanos sobre nuestro territorio”, apuntó.
Y completó: “Ellos pueden plantar ciento de miles hectáreas de soja, industrializar millones de toneladas de aceite de soja, pueden comerciar con los barcos de comercio más importantes del mundo que entran y salen del puerto de Rosario y nosotros no podemos plantar arroz en el Delta entrerriano. Me parece lamentable”.
Más adelante, el fiscal de Estado sostuvo que “hay gente que opina y opinó sin saber nada”.
“Con todo respeto, pero no saben ni dónde están esas islas. Las islas fiscales no es solo el Delta de la provincia de Entre Ríos. Se trata de 200 mil hectáreas en distintos departamentos, mucha de ellas en Victoria administradas en conjunto con la Municipalidad, que son las que más le preocupan a los rosarinos, porque ellos la ocupan de colonia de vacaciones sin pagar un peso”, manifestó en declaraciones a FM Litoral reproducidas por Página Política.
“Son 200 mil hectáreas que no forman una unidad, sino que forman pequeños lotes dispersos por toda la geografía del sur de la provincia. Entonces, los que salieron a decir que íbamos a administrar a través de una Sociedad Anónima y que íbamos a privatizar un millón de hectáreas habla de un enorme desconocimiento de la materia”, aclaró.
“Hay una importante ignorancia sobre el tema. Se dijo que se iban a privatizar las islas. Es una ridiculez. En expedientes judiciales hemos dicho que se trata de bienes públicos. Desde el momento que sostenemos esta tesis, quien conoce de la materia un poco, se da cuenta que no se pueden vender y que (las mismas) está fuera del comercio”, dijo Rodríguez Signes.
Y agregó: “Diarios importantes del país utilizaron la palabra ‘privatización’ con una impunidad tremenda. Se hablaba de privatización por 100 años y uno no podía decir nada ante esos medios poderosos”.
La ley 10.092 contemplaba la creación de una sociedad anónima del Estado que podría concesionar dichos terrenos ubicados en el Delta entrerriano con fines productivos. En este aspecto, ya se manifestó la intención de otorgar tierras en concesión para sembrar arroz, una producción que el Gobierno considera “apropiada” para “mantener el humedal y preservar el ambiente de manera sustentable”.