Igualmente, Rogel indicó que "es de recordar que el año pasado se intentó poner en marcha, pero fracasó debido a que venció el plazo para su concreción. La República Argentina y sobre todo el Parlamento tiene una deuda moral, consigo y con el conjunto de la sociedad puesto que el fallo de hace 10 años del juez Ballesteros, producto de la investigación realizada por Don Alejandro Olmos sobre la deuda externa, duerme en el Congreso de la Nación, sin ningún tipo de determinación”.

En ese orden, comentó que la comisión “permitiría: primero cumplir con el deber moral del Parlamento e inmiscuirse algo que es de su propia competencia. Y en segundo lugar podríamos mostrarle a la sociedad, que así como el gobierno está empeñado en llegar hasta las últimas consecuencias para llegar a verdad y justicia respecto del terrorismo de Estado, en este tema el gobierno está esquivando o eludiendo".

Además, en un comunicado enviado a ANALISIS DIGITAL, relató que "en documentación que le fuera alcanzada a Solanas el Estado no registra asiento contable que se está pagando, que es parte de la deuda ilegítima y que fue contraída en la dictadura”. Y añadió que “el propio Banco Central y el Ministerio de Economía han comunicado mediante nota al diputado Solana, documentación que poseo, que no tienen registro que demuestren de qué manera se contrajo esta deuda".

En esa línea, expresó que uno de los proyectos pregunta “cuál es la composición de las obligaciones que la Argentina reconoce como válidas a los fines de la negociación, detallada por acreedores oficiales o privados, tipo y origen de las operaciones que dieron lugar a la deuda”. E indicó que “en segundo lugar, cuáles fueron las deudas contraídas por la dictadura entre 1976 y 1983, y en tercer punto cuáles de dichos compromisos provienen de transferencias al Estado argentino de deuda externas privadas identificando a las empresas que originaron dichas obligaciones".

Finalmente, explicó que "los dos proyectos que van en el mismo sentido tienden a que en la más mínima relación comercial que uno establece, desde la compra de zapato hasta la contracción de la deuda pública, debe exigir comprobantes y registros contables que demuestre que no se está estafando al conjunto del pueblo argentino".