El episodio que desencadenó el escándalo que hoy envuelve a una de las áreas más sensibles del gobierno socialista -Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia-, se hizo público ayer pasado el mediodía, luego de que dos albañiles que trabajan en la obra lindante con el CAI, tomaron registros fílmicos del trato oprobioso que las operadoras sociales le propinaron a una de las internadas.
Con la grabación en mano, los empleados de la construcción se dirigieron hasta la emisora de FM que comenzó a dar cuenta de lo denunciado. A partir de su difusión tomó intervención la Seccional 1° de la Unidad Regional Uno, y al cabo de pocas horas el frente del Centro de Atención Integral se colmó de autoridades de gobierno, seguridad y justicia.
En el lugar, se hicieron presentes el jefe de policía de Provincia, Hugo Tognoli, el jefe de la Unidad Regional Uno, Hugo Miñoz, el juez de Instrucción Tercera, Néstor Troncoso, con su secretario Leonidas Candioti Leiva y el Fiscal N° 2, Carlos Rolando y autoridades del ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que dirige Mónica Bifarello.
Según detalló El Litoral, la primera medida fue poner a buen recaudo a los menores que están alojados en el centro y como a la hora de la intervención policial se producía el recambio de personal de turno mañana por el de la tarde, se convino no trasladar a las niñas que quedaron con el personal entrante.
Si bien fueron cinco las mujeres que en un primer momento la Policía trasladó en calidad de arrestas hasta la comisaría; sólo tres de ellas continuaban hoy en esa situación, dado que las dos restantes recuperaron la libertad después de prestar declaración sumaria.
Por otro lado, en un comunicado de prensa emitido anoche por el Ministerio de Desarrollo Social se informó que las autoridades de dicha repartición dispusieron “el inmediato reemplazo de la directora y el inicio del sumario administrativo, con traslado preventivo de las tres personas involucradas en el hecho”.
En ese sentido, el subsecretario provincial del Menor, Cristian Allende, confirmó anoche la medida, e informó que son siete niñas, algunas en forma permanente y otras en forma transitoria, las que se alojan en el Centro de Atención Integral Ana y José Fracchiolla.
Por último, el gobierno provincial ratificó “el compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante la posible vulneración de los mismos y adopta todas las medidas necesarias a los fines de esclarecer y sancionar este tipo de conductas”.