En el caso de ayer, el ministerio de Seguridad dispuso el pase a disponibilidad de dos agentes de la Policía que prestaban servicio en jurisdicción de la seccional 10ª de la Unidad Regional I, del departamento La Capital. Los policías están acusados de extorsionar a un corredor inmobiliario que había puesto a la venta un terreno ubicado en inmediaciones de Avenida Blas Parera y Chaco, de la ciudad capital, según informó Rosario/12.

La investigación comenzó a partir de una denuncia efectuada el 16 de marzo de 2012 y cuenta además con la intervención del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción de la Séptima Nominación con asiento en la ciudad de Santa Fe. El ciudadano Miguel Angel Vergara Alvez Pinheiro, de 48 años, corredor inmobiliario, denunció que a fines de febrero inició trámites para obtener la usucapión del terrero baldío, a la vez que instaló un cartel en el predio ofreciéndolo a la venta e informando sus teléfonos personales a la espera de ofertas. Según su denuncia, el 14 de marzo pasado, previos contactos telefónicos, llegó a su domicilio un masculino que se identificó como Germán Pereyra, expresándole que tenía el dinero para adquirir el inmueble. Que tras una conversación, el desconocido le hizo saber que en realidad era un efectivo de la policía, que contaba con una orden de allanamiento y lo debía arrestar por disposición del Juzgado de Instrucción de la Quinta Nominación. Inmediatamente ingresaron a la vivienda varios policías, uno de ellos uniformado, y tras esposarlo lo condujeron a la comisaría décima de esta ciudad.

Ya en la dependencia policial, el mismo agente le exigió 20.000 pesos u otros bienes a cambio de su libertad. En tales circunstancias observó la presencia de otro efectivo policial al que conoce como Mario Coria, al cual le solicitó que intercediera para que le exigieran una suma de dinero inferior.

En definitiva, lo trasladaron en un automóvil hasta su domicilio en donde le hizo entrega de una netbook de su propiedad y 1.500 pesos en efectivo, tras lo cual le fue concedida la libertad alrededor de la medianoche. A partir de ese momento, comenzó a recibir mensajes y llamadas telefónicas a través de las cuales Coria le exigía la entrega del dinero restante.

Con estos antecedentes se llevaron a cabo las medidas procesales de rigor, se judicializó la suma de 1.600 pesos y con el procedimiento de entrega controlada se arrestó al oficial principal Claudio Germán Ayala, que usaba el nombre de Pereyra, numerario de la comisaría 10ª. También por orden judicial se detuvo a Coria.

En cuanto a Moscatelli, esta semana, el Ministerio de Seguridad cerró la investigación administrativa sobre su patrimonio y la entregó al juez de instrucción Juan José Pazos al entender que Moscatelli no supo justificar cómo hizo para construir una vivienda en Casilda y comprar un Citroën Xsara SX con su sueldo policial como único ingreso familiar. Asuntos Internos había empezado a examinarlo en 2006.

La difusión del caso Moscatelli, sumada a la del pase a disponibilidad de dos policías de María Susana por apremios ilegales y de otro de San Lorenzo por incompatibilidad de funciones y de los dos agentes de ayer, son señales del Ministerio de Seguridad al interior de la fuerza de que "hay consecuencias para los funcionarios que se apartan de su deber", según marcó el titular de la cartera, Leandro Corti, quien decidió prescindir de aquella Subsecretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad creada por Hermes Binner, y tener contacto directo con Asuntos Internos.

Esa repartición tiene hoy un total de 197 investigaciones sobre miembros de la fuerza: además de las que presumen enriquecimiento ilícito, hay 24 por posible complicidad de policías con narcotraficantes, y 124 expedientes por denuncias de delitos cometidos por agentes en servicio. De los 49 hombres de uniforme sospechados de enriquecerse de manera ilegal, 19 son autoridades de alto rango: 3 comisarios generales, 6 comisarios mayores y 10 inspectores, algunos en retiro y otros que han integrado incluso la cúpula provincial de la fuerza. Pero la mayor parte de las actuaciones corresponden a policías de la Unidad Regional II, de Rosario.

"Generalmente, las denuncias son anónimas: aportan datos sobre el patrimonio de determinado policía que no se condice con su ingreso legal y habitual", describió Corti. El funcionario aseguró que se intenta agilizar esos expedientes que, mientras permanecen en poder de Asuntos Internos, no tienen más consecuencias que las administrativas. Entre 2006 y 2011 sólo se remitieron a la Justicia 6 casos para investigar probable enriquecimiento ilícito. "La decisión política es judicializar todos los expedientes en los que no queden justificados los patrimonios denunciados", dijo Corti. En Tribunales también el tiempo parece correr más lento.