Además del manejo de agroquímicos, la norma en cuestión prohíbe la siembra en las banquinas de las rutas santafesinas, la fumigación de cargas en camiones y vagones, y también el almacenaje de agrotóxicos dentro plantas urbanas, informó Notife.

Zabalza se reunirá el lunes con agrupaciones ecologistas y sobre esa base de apoyo recogerá el proyecto que tuvo media sanción en Diputados y que pese a haber estado en el Senado desde julio de 2010 expiró porque la comisión de Salud de esa cámara no le dio despacho.

“Tengo la idea de reingresar el proyecto que salió aprobado de Diputados para volver a darle estado parlamentario y trabajar para que se trate. Hay muchas presiones alrededor de este tema, intereses económicos que quieren evitar que salga la nueva ley", aseguró el senador.

El proyecto caído actualiza la regulación sobre aplicaciones aéreas y terrestres de agroquímicos en relación a la ley 11.723, que data de 1995, cuando el modelo de siembra directa "que incluye el paquete de tratamiento químico de los cultivos" todavía no tenía la omnipresencia que tiene hoy.

De acuerdo a una clasificación de los herbicidas y funguicidas, impone la prohibición de fumigar cultivos con los productos más tóxicos (llamados "de banda roja" y de "banda amarilla") a menos de 3000 metros de plantas urbanas, escuelas rurales y parques industriales por medio de avionetas, y a menos de 1000 metros para el modo terrestre.

En el caso de los agroquímicos considerados menos nocivos ("de banda verde"), la propuesta prohíbe su aplicación a menos de 1000 metros para la fumigación aérea, y a menos de 500 metros para los vehículos terrestres. En esta categoría se encuentra el glifosato, y allí radica el principal foco de resistencia y lobby que ejercen distintos sectores involucrados en la actividad: ingenieros agrónomos, fumigadores y productores, entre varios.

La iniciativa fue aprobada en Diputados por unanimidad, con el bloque justicialista incluido. Sin embargo, el proyecto naufragó en la Cámara Alta, varado en la comisión de Salud que preside Danilo Capitani, justicialista y oriundo de la ciudad de Gálvez. "No es una sorpresa, porque es poca la relación entre el bloque justicialista del Senado y el de Diputados", opinó Zabalza.

Desde la bancada justicialista el argumento es que "el proyecto había perdido estado parlamentario en diciembre". Según explicó Baucero (PJ-San Javier) luego se entró en "período de extraordinarias, pero el gobernador no ingresó el tema para que fuera tratado".

"¡Y desde cuándo el poder Legislativo necesita que el poder Ejecutivo le pida que trate una ley que ingresó en julio de 2010!", retrucó el secretario de Medio Ambiente de la provincia, César Mackler. "Tuvieron el proyecto un año. Fuimos en octubre con el ministro de Producción, Juan José Bertero a defenderlo. Digan la verdad: no tuvieron decisión de sacarlo. Priorizaron otros intereses por sobre la salud de los santafesinos", despachó.

El senadro Baucero aseguró que su bloque presentará otra versión del proyecto "con muchas correcciones para que no se ponga en peligro la salud humana, pero que tampoco se pierdan hectáreas sin cultivar innecesariamente".

Por el momento, el status jurídico es el mismo desde 1995, a excepción de un precedente judicial que sentó en 2009 el juez de San Jorge Tristán Martínez y que prohíbe la pulverización de glifosato a menos de 800 metros de ese ejido urbano hasta que se determine de manera científica y concluyente la toxicidad de ese agroquímico.

La última variante en cuanto a la aplicación y manejo de agroquímicos fue la resolución interministerial que sacó el gobierno provincial en abril pasado. Esa norma prohíbe la siembra en las banquinas de las rutas santafesinas, la fumigación de cargas en camiones y vagones, y también el almacenaje de agrotóxicos dentro plantas urbanas.

Debate en Entre Ríos

En la provincia, también se viene discutiendo la problemática en la Legislatura, a partir del proyecto presentado por el diputado Héctor De la Fuente (NE-Gualeguaychú). A diferencia de la iniciativa santafesina, el proyecto busca prohibir las fumigaciones aéreas, con determinadas excepciones y limitar las terrestres a 1000 metros.

La norma se debatió durante el primer semestre dentro de la Comisión de Tierras de la Cámara Baja, con diferentes audiencias y donde participaron diferentes sectores que se relacionan con la problemática. En la última, estuvieron presentes los ministros de Producción, Roberto Schunk, de Salud Ángel Giano y el Secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo.